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canonical_url: "https://micumanos.com.ar/contenido/6584/la-justicia-avanzara-sobre-los-contratos-de-seguridad-del-asesino-el-militar-sos"
title: "¿La justicia avanzará sobre los contratos de seguridad del asesino \"El Militar\" Sosa con Daniel Lucci, acusado de violencia por 3 mujeres?"
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description: "La figura de \"El Militar\" Felipe Sosa aparece vinculada a una estructura de seguridad que habría tenido alcance sobre distintos establecimientos del Grupo Lucci y sobre la residencia de la familia empresaria liderada por Daniel Lucci."
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date_published: "2026-11-13T22:20:00-03:00"
date_modified: "2026-11-13T23:31:06-03:00"
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# ¿La justicia avanzará sobre los contratos de seguridad del asesino "El Militar" Sosa con Daniel Lucci, acusado de violencia por 3 mujeres?

**![7674_foto](/download/multimedia.normal.99c00c3b47c33b1f.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)**

**Su participación y las funciones que habría desempeñado plantean preguntas sobre la organización de esos dispositivos, sus atribuciones y los controles existentes, publica el sitio [Quediario.](https://quediario.com.ar/2026/11/12/militar-sosa-grupo-lucci/)**

**Daniel Lucci tiene antecedentes de denuncias penales. Fue acusado de violencia de género por tres de sus parejas, Luciana Martinez Giovo, Lisa Jorgelina Mema y Eliana Almirón.**

El tema adquiere otra dimensión a partir de las denuncias de vecinos de Colonia Chazal y San Pablo, quienes señalaron situaciones de hostigamiento, restricciones a la circulación y episodios relacionados con animales muertos, motocicletas y presuntas irregularidades en el manejo del agua.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar cuál era el verdadero alcance de las funciones de Sosa dentro del Grupo Lucci. Las referencias a tareas de vigilancia en establecimientos productivos y en la residencia de la familia plantean interrogantes sobre la dimensión de esa estructura.

También resulta relevante establecer qué responsabilidades tenía, bajo qué autoridad operaba y cuáles eran los límites de sus atribuciones.

La existencia de una organización privada de seguridad no implica por sí misma una irregularidad. Sin embargo, cuando aparecen denuncias vinculadas con restricciones a la circulación, intimidaciones o intervenciones sobre bienes de terceros, corresponde investigar qué ocurrió y quiénes fueron responsables.

**Las denuncias de vecinos de Colonia Chazal y San Pablo**

Los testimonios y denuncias atribuidos a habitantes de la zona describen situaciones que merecen ser esclarecidas. Entre los episodios mencionados aparecen presuntos hostigamientos, dificultades para circular y conflictos relacionados con la presencia de animales muertos.

También se denunciaron hechos vinculados con motocicletas que habrían sido retenidas o destruidas, además de situaciones en las que se habría producido una intervención de personas vinculadas con los dispositivos de seguridad.

Estos señalamientos requieren una reconstrucción documental y judicial que permita determinar las circunstancias de cada episodio, identificar a los participantes y establecer si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales.

**El agua y las sospechas de contaminación**

Otro aspecto especialmente sensible es el relacionado con el agua. Las denuncias mencionan presuntas irregularidades que podrían haber afectado la calidad del recurso utilizado por los habitantes de la zona.

La cuestión requiere estudios técnicos independientes, análisis de laboratorio y la intervención de los organismos competentes. Una eventual contaminación del agua no puede darse por acreditada únicamente a partir de testimonios, pero tampoco debería quedar sin investigación cuando existen denuncias concretas.

El acceso al agua segura constituye un derecho fundamental. Por eso, cualquier sospecha de afectación ambiental debe ser investigada con transparencia y con información pública verificable.

**Seguridad Objetiva: una pieza para reconstruir la estructura**

Entre los antecedentes que aparecen en esta investigación se encuentra Seguridad Objetiva, empresa fundada en 2009 y mencionada en relación con la organización de servicios de seguridad.

Su constitución, actividad, estructura societaria, vínculos comerciales y eventuales relaciones contractuales con empresas del Grupo Lucci son elementos relevantes para reconstruir cómo se organizó el sistema de vigilancia.

La documentación societaria y comercial, los contratos, las habilitaciones y los registros de prestación de servicios permitirían establecer con mayor precisión el funcionamiento de esa estructura y las responsabilidades de sus integrantes.

La investigación también debe considerar los antecedentes judiciales relacionados con el entorno empresarial, entre ellos las referencias al caso de Érika Álvarez y al proceso judicial mencionado en torno a Daniel Lucci.

Es fundamental diferenciar los hechos acreditados judicialmente de las denuncias, testimonios y cuestiones que todavía requieren comprobación. La existencia de una investigación o de una denuncia no equivale a una declaración de culpabilidad.

En ese marco, el rol de Sosa, sus atribuciones y sus eventuales responsabilidades deben analizarse a partir de documentación y elementos probatorios concretos.

**Las preguntas que debe responder la investigación**

-¿Cuál era exactamente la función de Sosa dentro de la estructura de seguridad?

-¿Qué establecimientos y propiedades estaban bajo su ámbito de responsabilidad?

-¿Existían contratos formales entre las empresas involucradas?

-¿Qué relación tenía Seguridad Objetiva con el Grupo Lucci?

-¿Quién impartía las instrucciones y supervisaba las tareas?

-¿Qué ocurrió con las denuncias de los vecinos de Colonia Chazal y San Pablo?

-¿Se investigaron las presuntas restricciones a la circulación y los episodios relacionados con motocicletas?

-¿Hubo estudios oficiales sobre las denuncias vinculadas con el agua?

**Una cuestión que excede la seguridad privada**

El caso plantea una discusión que va más allá de una persona o de una empresa. La seguridad privada tiene funciones y límites establecidos por la legislación. No puede sustituir las atribuciones de las fuerzas públicas ni convertirse en un mecanismo de coerción sobre los habitantes de una comunidad.

Cuando aparecen denuncias de vecinos, posibles afectaciones ambientales y conflictos relacionados con la circulación y la propiedad, el Estado tiene la obligación de investigar y garantizar los derechos de las personas involucradas.

La reconstrucción del papel de Sosa y de la estructura de seguridad vinculada al Grupo Lucci exige respuestas documentales, explicaciones de los responsables y actuaciones de los organismos competentes. /

[Quediario](https://quediario.com.ar/2026/11/12/militar-sosa-grupo-lucci/)

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