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title: "La dura historia de Celeste Agüero expone los límites de la justicia y la falta de herramientas de la sociedad para abordar casos como el suyo"
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description: "La Justicia de Tucumán ordenó cuatro meses de prisión preventiva para Celeste Agüero, una mujer trans de 33 años acusada de protagonizar seis episodios de amenazas, agresiones y alteraciones del funcionamiento de dependencias judiciales y sanitarias de San Miguel de Tucumán."
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date_published: "2026-11-14T05:45:00-03:00"
date_modified: "2026-11-14T09:31:14-03:00"
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# La dura historia de Celeste Agüero expone los límites de la justicia y la falta de herramientas de la sociedad para abordar casos como el suyo

**![16376_celeste](/download/multimedia.normal.a3bab14ab9351c81.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)**

**La resolución incluyó la intervención de especialistas en salud mental para determinar qué tratamiento necesita y bajo qué condiciones deberá permanecer detenida, mientras persisten los interrogantes sobre la asistencia que recibirá cuando recupere la libertad.**  
  
La medida fue dispuesta por la jueza **Isolina Apáz Pérez de Nucci**, a pedido del fiscal **Mariano Fernández**, quien decidió unificar las investigaciones abiertas por incidentes ocurridos entre agosto y octubre en la Asistencia Pública, los Tribunales de barrio Sur y la vía pública.  
  
Antes de autorizar su traslado al Servicio Penitenciario, la magistrada ordenó que Agüero fuera evaluada por profesionales del Cuerpo Médico Forense y posteriormente derivada al Hospital del Carmen. El objetivo fue establecer sus necesidades de atención psicológica y psiquiátrica, además de determinar las condiciones adecuadas para su alojamiento.  
  
Según fuentes judiciales, la imputada se encuentra en el penal de Delfín Gallo, establecimiento que dispone de un sector destinado a mujeres trans.  
  
Durante la audiencia, el auxiliar fiscal **Elías Acuña** sostuvo que los hechos atribuidos a Agüero representaban un riesgo para trabajadores de organismos públicos, integrantes de las fuerzas de seguridad y personas que concurrían a esas dependencias.  
  
La acusación se apoyó en denuncias formuladas por policías, autoridades de la Asistencia Pública y representantes de la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

**Uno de los episodios investigados ocurrió el 7 de octubre, cuando efectivos de Distritos Urbanos intervinieron ante una situación registrada en las inmediaciones de Tribunales.**Según el informe policial, Agüero caminaba por la vía pública con los senos descubiertos y, cuando los uniformados le solicitaron que se cubriera, respondió con insultos y amenazas de muerte. Posteriormente, habría arrojado piedras contra los agentes, por lo que fue aprehendida.  
**Otros dos incidentes se produjeron el 9 y el 17 de octubre en el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la Segunda Nominación**, donde se tramita un expediente relacionado con la determinación de su capacidad jurídica. En ambas oportunidades, la intervención policial permitió que abandonara el edificio y se restableciera la actividad.  
**La Fiscalía también incorporó tres hechos ocurridos el 20, 21 y 26 de agosto en el sector de admisión de la Asistencia Pública.**De acuerdo con las denuncias, la mujer habría insultado y amenazado al personal administrativo, profesionales médicos, pacientes y empleados de seguridad.  
  
Los investigadores sostuvieron que esas situaciones provocaron temor entre quienes se encontraban en el establecimiento y dificultaron la prestación habitual del servicio de salud.  
  
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Acuña mencionó un informe de una junta médica que identificó un trastorno de personalidad, aunque aclaró que, según esa evaluación, la condición no anulaba la capacidad de Agüero para comprender y dirigir sus actos.  
  
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró necesario garantizarle asistencia psicológica y psiquiátrica, pero sostuvo que el tratamiento debía desarrollarse mientras permaneciera privada de su libertad.  
  
Durante la audiencia también se informó que la acusada se encontraba en situación de calle y solía dormir en un cajero automático de la zona de Tribunales.  
  
La historia personal de Agüero y sus antecedentes judiciales volvieron a plantear las dificultades que enfrentan las instituciones para abordar situaciones en las que confluyen problemas de salud mental, consumo problemático de sustancias, vulnerabilidad social y conflictos con la ley penal.  
  
**Según profesionales que la asistieron anteriormente, Celeste fue expulsada de su hogar después de hacer pública su identidad de género. Desde entonces atravesó largos períodos sin vivienda estable y problemas de adicción.**  
  
Su historial judicial incluye dos condenas de ejecución condicional por robo y una causa iniciada en octubre de 2021, cuando atacó con un cuchillo a una trabajadora gastronómica en la calle 25 de Mayo al 300, provocándole una herida en la espalda.  
  
Por aquel episodio, la entonces fiscala **María del Carmen Reuter** impulsó un juicio por lesiones graves y tres hechos de daños, para el que solicitó una pena de seis años de prisión.  
  
La defensa intentó que fuera declarada inimputable debido a sus problemas de salud mental, pero el planteo no prosperó.  
  
En 2022, el juez **Facundo Maggio** la condenó a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional. Al mismo tiempo, ordenó una evaluación especializada para establecer un diagnóstico, garantizar un tratamiento adecuado y asegurar la administración de la medicación que le fuera indicada.  
  
Cuatro años después de aquella resolución, Agüero volvió a quedar involucrada en una investigación penal. Además de los seis episodios por los que fue imputada recientemente, fuentes judiciales señalaron que habría protagonizado al menos otros siete incidentes durante este año que no derivaron en causas judiciales.  
  
**El fiscal Fernández reconoció que la intervención penal no resulta suficiente para resolver la situación y planteó la necesidad de que otros organismos estatales asuman responsabilidades en su atención.**  
  
Una postura similar expresó el abogado **Carlos Garmendia**, quien conoce el caso por la asistencia que Agüero recibió de la Fundación María de los Ángeles. El profesional consideró que la privación de libertad constituye, en las circunstancias actuales, una medida para proteger tanto a terceros como a la propia imputada.  
  
Garmendia recordó que Celeste recibió durante años ayuda de distintas instituciones, aunque esas intervenciones no lograron modificar de manera sostenida su situación.  
  
Desde otra perspectiva, Cinthya, una mujer trans que compartió con Agüero experiencias de trabajo sexual, cuestionó que la respuesta se limite al encarcelamiento.  
  
Su planteo se centró en la necesidad de una intervención sanitaria urgente que permita abordar los problemas que Celeste arrastra desde hace años. También advirtió sobre las dificultades para gestionar una internación ante la falta de vínculos familiares y consideró necesaria una decisión judicial que garantice su atención cuando exista riesgo para ella o para otras personas.  
  
La situación expone un problema que ya había sido advertido por la Justicia en 2022, cuando se dispuso que Agüero recibiera tratamiento especializado junto con una condena de ejecución condicional.  
  
Ahora, mientras cumple prisión preventiva y se aguardan las evaluaciones médicas, el desafío para los organismos provinciales será establecer una estrategia de atención y acompañamiento que no dependa exclusivamente de su permanencia en una unidad penitenciaria.  
  
**Los próximos cuatro meses serán determinantes para definir qué medidas sanitarias y sociales podrán implementarse antes de su eventual liberación y evitar que se repitan los episodios que motivaron su nueva intervención judicial.**[/Contexto](https://contextotucuman.com/nota/428356/la-dura-historia-de-celeste-aguero-expone-los-limites-de-la-justicia-y-la-falta-de-herramientas-de-la-sociedad-para-abordar-casos-como-el-suyo.html)

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