Jaldo despilfarra fondos públicos en año electoral
El Poder Ejecutivo provincial oficializó mediante el DNU N° 3/5 la creación del programa “PROCREAR Tucumán”, el cual autoriza a los Ministerios de Obras Públicas y de Economía a realizar contrataciones directas SIN LICITACIÓN pública y a recurrir al endeudamiento provincial para financiar las obras.
La medida, enmarcada en la prórroga de la emergencia en obra pública hasta diciembre de 2027, busca retomar el plan habitacional que había sido suspendido a nivel nacional tras la disolución del fondo fiduciario PROCREAR durante el gobierno de Javier Milei. En su primera etapa, el programa prevé la construcción de más de 500 viviendas con un presupuesto estimado en $70.000 millones, financiado con fondos públicos provinciales y potencial acceso a financiamiento externo.
El decreto destaca la necesidad de establecer un “régimen operativo ágil” para avanzar con obras inconclusas y responder a la demanda habitacional, pero al mismo tiempo habilita mecanismos excepcionales de contratación y flexibiliza controles administrativos. Bajo este esquema, los ministerios podrán aprobar proyectos, firmar contratos y adquirir bienes y servicios sin licitación, con sólo una resolución conjunta.
A través del DNU, el Gobierno provincial también autoriza a la Secretaría de Hacienda a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, y permite la creación de comisiones técnicas para fiscalizar obras. Además, se podrán incorporar empleados públicos a las tareas de supervisión.
El relanzamiento del programa se basa en el traspaso de los terrenos de Manantial Sur al Gobierno provincial, en virtud de un acuerdo con la Nación firmado en noviembre de 2024 y ratificado por la Legislatura en marzo de este año. Las tierras habían sido originalmente administradas por el Banco Hipotecario en el marco del PROCREAR nacional.
Aunque el Gobierno provincial presenta la medida como una respuesta al déficit habitacional, el relanzamiento del PROCREAR Tucumán ocurre en un año electoral, lo que reaviva críticas sobre el uso discrecional de fondos públicos para financiar programas con alto impacto político. En particular, se vuelve a poner en discusión el patrón histórico del peronismo local de utilizar recursos estatales para sostener iniciativas de obra pública que fortalecen su posicionamiento territorial y electoral.
En ese marco, la autorización para contratar de forma directa y tomar deuda sin los mecanismos habituales de control legislativo genera alertas sobre la trazabilidad y transparencia de los recursos públicos en juego. Si bien el decreto menciona principios de eficiencia y control, se delega un amplio margen de maniobra al Ejecutivo para ejecutar y supervisar las obras sin intervención parlamentaria.
El Gobierno justifica la medida señalando que el sector de la construcción es clave para la generación de empleo y el dinamismo económico. No obstante, sectores opositores y analistas advierten que este tipo de programas, al concentrar decisiones y recursos en el Ejecutivo durante un año electoral, puede derivar en el uso político de fondos que pertenecen a los contribuyentes.
El DNU lleva la firma del gobernador Jaldo y de todos los ministros del gabinete, y forma parte de una serie de medidas impulsadas desde el Ejecutivo provincial para retomar proyectos interrumpidos por la redefinición de prioridades en la obra pública nacional. Resta definir el cronograma de ejecución y la modalidad de selección de las empresas que accederán a las contrataciones. /Tucumán Digital
