El caso Alberdi pasa a manos de la Justicia Federal
El juez Fabián Edgardo Rojas declaró la incompetencia material del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán. A raíz de esta resolución, el expediente será remitido a la Fiscalía Federal N°2, que ya venía investigando una hipótesis similar.
La causa se originó a partir de una actuación de oficio del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía provincial, tras la difusión de un audio entre el empresario Roque “Chipi” Giménez y el ex intendente Luis “Pato” Campos, en el cual se los vincula con presuntas irregularidades en obras públicas, tráfico de estupefacientes, trata de personas y lavado de dinero.
El MPF había imputado a Giménez por intimidación pública y atentado contra el orden público, y más tarde a Pablo Ezequiel Barrionuevo, José Albano Loru, José del Carmen Roldán y José Ignacio Funez por asociación ilícita. Sin embargo, el avance de la investigación llevó a la fiscala Mónica García de Targa a plantear que se trataba de delitos federales, al considerar que los hechos superaban la figura de narcomenudeo y correspondían al narcotráfico.
Tras una serie de audiencias, el juez Rojas finalmente accedió al pedido del MPF y ordenó que todas las actuaciones, documentos secuestrados y demás pruebas sean remitidas al Juzgado Federal N°2, a cargo de Rafael Vehils Ruiz. A su vez, se dispuso que los imputados continúen cumpliendo la prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz.
La Fiscalía Federal ya había solicitado medidas de detención para varios de los implicados, incluidos Campos, la legisladora Sandra Figueroa, el ex secretario de Hacienda José Roldán y Giménez. Si bien el juez José Manuel Díaz Vélez rechazó inicialmente esos pedidos, se espera que el nuevo material probatorio proveniente de la justicia provincial permita reforzar la acusación.
En su resolución, Rojas fundamentó que la presunta asociación ilícita tendría como finalidad delitos cuya naturaleza excede la competencia de la justicia ordinaria y que, en caso de delitos concurrentes entre fueros, la ley nacional es la que determina el juzgamiento. La causa, por su magnitud y gravedad, queda ahora exclusivamente en manos de la justicia federal. /Tucumán Digital
