Escándalo financiero: investigan una estafa millonaria contra la Caja Popular de Ahorros
La CPA denunció una maniobra fraudulenta que habría generado un perjuicio superior a los $5.654 millones, cifra que podría incrementarse hasta un 24% conforme avancen las pericias. La causa está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2, dirigida por el fiscal Diego Hevia.
Según la investigación, el esquema consistía en la presentación de amparos con información falsa para cobrar indemnizaciones indebidas. Se alteraban fechas de trabajo y causas de muerte, principalmente durante la pandemia de covid-19, con el fin de vincular los fallecimientos a accidentes laborales. Más de 70 expedientes sospechosos fueron gestionados por el mismo estudio jurídico, donde pericias caligráficas detectaron que muchos formularios fueron redactados por una sola persona. También se hallaron firmas falsificadas, certificados médicos adulterados y documentos apócrifos.
El abogado José Díaz, representante de la Caja, precisó que los responsables no son empleados de la institución sino funcionarios de distintos organismos estatales que habrían facilitado el fraude. “Era un mecanismo bien orquestado que se sostuvo en el tiempo. Se recolectaban datos de familiares de fallecidos por covid-19 para armar expedientes falsos y sorprender en su buena fe a jefes de personal”, explicó.
La maniobra fue detectada a través de controles internos que derivaron en la denuncia penal y en demandas civiles para recuperar el dinero. Por ahora, entre cinco y siete personas están imputadas, entre ellas abogados y ex funcionarios, aunque no se descartan nuevas acusaciones.
La investigación comenzó hace tres años, pero recién en las últimas semanas tomó estado público tras medidas judiciales de peso. “Nuestra función no es dar publicidad, sino cuidar el patrimonio de la institución, que es parte de toda la provincia”, aclaró Díaz.
El caso ya es considerado uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años en Tucumán y la Justicia avanza en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad de los acusados. /El Ocho
