La Municipalidad prohíbe a los choferes poner música en los colectivos
Desde ahora, los choferes de colectivos tienen prohibido reproducir música durante el horario laboral. La resolución, anunciada por la Secretaría de Movilidad Urbana, se basa en la ordenanza vigente que regula este tipo de infracciones y prevé sanciones económicas.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso una medida que despertó debate entre empresarios del transporte y usuarios: desde ahora, los choferes de colectivos tienen prohibido reproducir música durante el horario laboral. La resolución, anunciada por la Secretaría de Movilidad Urbana, se basa en la ordenanza vigente que regula este tipo de infracciones y prevé sanciones económicas.
La decisión no pasó desapercibida entre quienes consideran que la música en los colectivos forma parte de la vida cotidiana de los tucumanos. En ese sentido, algunos críticos interpretan que la medida no solo apunta a ordenar el servicio de transporte, sino que también elimina una costumbre arraigada en la cultura popular, donde el viaje en colectivo estuvo históricamente acompañado por radios locales, cumbia o folklore.
Benjamín Nieva, secretario de Movilidad Urbana, explicó que la decisión responde a reclamos de pasajeros recibidos a través del Centro de Monitoreo de la Movilidad Urbana y la Dirección de Respuesta Rápida del municipio. “La música a alto volumen puede distraer al chofer y afectar la seguridad vial, además de perturbar al pasajero que se desplaza”, señaló.
Las sanciones, según los artículos 46 y 51 de la ordenanza 400, van desde 2.000 hasta 100.000 boletos al precio de venta al público, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Más allá del tema musical, Nieva reconoció que los principales reclamos de los usuarios se concentran en la frecuencia de los colectivos, el estado de las unidades y el comportamiento de los choferes. “Colocamos códigos QR en cada unidad y en las paradas para que los usuarios puedan hacer reclamos o sugerencias. Luego, nos ocupamos de que lleguen a los empresarios”, explicó.
Mientras la Municipalidad sostiene que la prioridad es garantizar confort y seguridad, el debate abierto refleja una tensión más profunda: hasta dónde debe llegar la regulación estatal sobre costumbres sociales que forman parte de la identidad urbana. /La Gaceta
