"Extorsión y hostigamiento judicial": acusan a la Caja Popular de Ahorros de fabricar una causa penal para eludir el pago de indemnizaciones por fallecimiento

En 2021, la Caja Popular de Ahorros de Tucumán (CPA) denunció un presunto fraude económico de $5.654 millones, supuestamente cometido por los abogados Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval y Lucena Mariana Pérez Lucena, que representan a más de 50 familias cuyos integrantes —todos empleados estatales— fallecieron por Covid-19 en 2020 y 2021 mientras prestaban servicio. Estos trabajadores habían aportado durante años a PopulART para contar con cobertura en caso de fallecimiento.

La denuncia penal por "defraudación en contra de la administración pública" acusa a los letrados de obtener indemnizaciones indebidas. Sin embargo, en lugar de pagar lo que ordenan dictámenes médicos firmes y sentencias laborales, la entidad bancaria lanzó "un ataque directo y desleal" contra los representantes legales de las familias.

PopulART es la ART obligatoria para todos los empleados del Estado tucumano, con más de 141.000 trabajadores afiliados. Los fallecidos no podían elegir otra aseguradora, y quienes suscribieron las denuncias originales fueron distintas reparticiones del propio Estado provincial: el Ministerio de Educación, municipalidades, comunas rurales, la Policía de Tucumán e incluso dependencias del Poder Judicial.

"La ART está actuando en contra de los reclamos presentados por el mismo Estado a cuyos trabajadores garantiza proteger", subrayaron los letrados. Organismos estatales que firmaron las denuncias reconociendo que sus empleados fallecieron por Covid en servicio, ahora son ignorados por la propia ART del Estado, que acusa de fraude a quienes reclaman.

"¿Cómo es posible que el Ministerio de Educación, la Policía o el Poder Judicial hayan firmado denuncias falsas ante la ART?", cuestionan los abogados. "¿La CPA está acusando a funcionarios públicos de falsificar documentación oficial? Si los documentos son falsos, quienes los firmaron son jefes de personal, directores de escuelas, comisarios, secretarios judiciales. ¿Van a acusar también a todo el Estado de conspiración?", agregaron.

Según explicaron a eltucumano.com, la historia se remonta a los días más duros de la pandemia, “cuando la CPA, con total negligencia, incumplió con sus obligaciones de control y prevención”. “Se le acusa de no haber controlado a las personas con comorbilidades que prestaban tareas, ni de haber brindado capacitaciones en materia COVID-19 ni otorgado protocolos de seguridad. Por esta irresponsabilidad, cientos de trabajadores perdieron la vida”, afirmaron.

El Decreto 367/2020 estableció que el Covid-19 se consideraba presuntivamente una enfermedad profesional para trabajadores esenciales hasta el 31 de diciembre de 2021, y las ART debían cubrir las prestaciones correspondientes.

Según Campero, Sandoval y Pérez Lucena, todos los trabajadores fallecidos estuvieron prestando servicio durante la pandemia: "Al fallecer, sus empleadores suscribieron las denuncias y las presentaron a la aseguradora. La ART aceptó los siniestros. Tras nuestras gestiones, los familiares obtuvieron dictámenes médicos favorables que les dan derecho a la indemnización".

La ART tuvo oportunidad legal de debatir y apelar los Dictámenes Médicos de la Comisión Médica Central (CMC). Al no apelar en tiempo y forma, estos quedaron firmes y consolidados en sede administrativa.

"Un dictamen firme de la SRT, no recurrido por la parte obligada, agota la vía administrativa. La ART no puede convalidar administrativamente un proceso y luego, ante la obligación de pago, alegar que todo es un 'fraude' en sede penal. Esto es 'fraude procesal' por parte de la propia ART para evadir una deuda legal", enfatizaron los letrados.

“El reclamo de las familias es totalmente ajustado a derecho, la ley les exige que paguen y se niegan a cumplir con su obligación. Es importante destacar que, durante todo el transcurso de los procesos laborales, no había discutido la ART la documental que ahora, dice adulterada, lo que resulta llamativo”, destacaron. 

Los fondos que la CPA se niega a desembolsar provienen de los aportes que los propios trabajadores fallecidos realizaron durante años. Cada empleado estatal aportó mensualmente a PopulART durante toda su vida laboral para contar con esta protección. Los trabajadores pagaron durante décadas, fallecieron en servicio por negligencia de su ART, y ahora la entidad se niega a devolver el dinero a sus familias.

"La CPA está reteniendo indebidamente dinero que no es suyo, es de los trabajadores", enfatizan los letrados. "Cada empleado estatal fallecido aportó durante 10, 20, 30 años a PopulART. Ahora que sus familias necesitan ese seguro para el que pagaron, la ART inventa una causa penal para no devolver el dinero. Es, literalmente, una estafa institucional".

Las indemnizaciones por fallecimiento durante 2020-2021 alcanzaban montos millonarios. Para un trabajador estatal de edad media que falleciera por Covid-19, la indemnización podía superar los 4 millones de pesos de entonces, actualizados por RIPTE. Con más de 50 familias reclamando, la cifra total supera los $5.000 millones.

La denuncia de la Caja Popular implica necesariamente que los familiares de los fallecidos —viudas, viudos, hijos huérfanos— participaron conscientemente en un fraude.

"Si los abogados supuestamente falsificaron documentos, eso significaría que las viudas y los hijos sabían que su familiar no había muerto por Covid en el trabajo, pero igual mintieron. ¿Alguien puede creer que más de 50 familias en duelo se prestaron a una conspiración criminal?"

"Están victimizando doblemente a estas familias. Primero, no protegieron a sus trabajadores durante la pandemia. Segundo, ahora los acusan de delincuentes por reclamar lo que les corresponde". Es una estrategia de amedrentamiento para que las familias, agotadas, desistan de sus reclamos.

La causa se tramita en la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2, a cargo del fiscal Diego Hevia, e incluyó allanamientos en estudios jurídicos y domicilios de los abogados.

"Esta causa estuvo inactiva por casi tres años y fue reactivada cuando se ejecutaron las primeras sentencias. Coincidió con el cambio de fiscal y el momento en que comenzaron los embargos", denunciaron los letrados.

"Nos encontramos ante una falsa denuncia que persigue el ejercicio profesional de la abogacía. Hasta el Colegio de Abogados de Tucumán pidió intervenir como defensa activa de los letrados falsamente acusados. La finalidad real de la denuncia penal es extorsionar y amedrentar a las víctimas (familiares) y sus patrocinantes (abogados) para que desistan de los reclamos laborales legítimos y no judicialicen la negativa de pago”, acusaron.

Patricia Neme y la “Conexión Cisneros”

Como abogada de la querella contra los letrados denunciados se encuentra Patricia Neme, acusada recientemente junto al diputado Nacional y referente de la Asociación Bancaria, Carlos Cisneros, de liderar una “organización criminal” que durante meses manipuló testigos, eliminó evidencia y corrompió el sistema judicial tucumano para fabricar la escandalosa denuncia contra los exjugadores de Vélez Sarsfield por abuso sexual.

La denuncia realizada por el futbolista José Florentín, señala que “esta organización criminal”, conformada por Cisneros y Neme, “actuó coordinadamente para: influir sobre funcionarios y testigos; para engañar a la justicia en diferentes actos procesales; para ocultar la verdad e introducir información falsa en el legajo de investigación y en las audiencias, entre otras cosas”. 

Cisneros y Neme en la Alfombra Roja durante la autocelebración de los Martín Fierro.-

La denuncia penal por presunto fraude

De acuerdo a la presentación judicial realizada por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán contra los abogados Campero, Sandoval y Pérez Lucena, la “maniobra” consistía en la presentación de amparos con información falsa para obtener indemnizaciones indebidas. Según la investigación, empleadores y representantes legales alteraban fechas de trabajo y hasta causas de muerte para simular que los fallecimientos estaban vinculados a siniestros laborales; en especial durante la pandemia de la covid-19. “Se manifestaba que el trabajador estaba prestando servicio cuando en realidad no lo estaba”, explicó el interventor José Díaz al diario La Gaceta. 

“Se trataba de instrumentos viciados, donde se hacía creer que un trabajador estaba en funciones para activar el pago del siniestro”, señaló. Y aclaró: “Son funcionarios de distintas representaciones del Estado, en organismos provinciales, municipales o comunales”.

De acuerdo a Díaz, el fraude estaba “bien orquestado, con un patrón de conducta sostenido en el tiempo”. Según describió, el estudio jurídico recolectaba datos de familiares de fallecidos por covid-19 y armaba los expedientes falsos. “Se adjuntaban historias clínicas que no revelaban el diagnóstico real y documentos sin la firma del deudor. Muchas veces se sorprendió en la buena fe a jefes de personal, haciéndoles firmar formularios con datos que no correspondían”, denunció.

“Como funcionarios públicos tenemos la obligación de poner en conocimiento de la Justicia un hecho presuntamente ilícito, pero también de recuperar los fondos que fueron indebidamente extraídos”, sostuvo Díaz. Y agregó que se iniciaron demandas civiles para acompañar el proceso penal.

Sobre el alcance del caso, admitió que por ahora hay entre cinco y siete personas imputadas; entre ellas abogados -una que se desempeñó en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán- y exfuncionarios. “No puedo decir con certeza si habrá más, pero es una posibilidad”, expresó. Y agregó: “La cifra de $5.000 millones surge de la normativa de riesgo de trabajo y de los intereses aplicados, pero podría aumentar”.

Los letrados denunciados manifestaron que los dichos de Díaz son falsos, y que "a la fecha ninguno de esos hechos ha sido acreditado en el fuero penal, prueba de ello es la inactividad de la causa por 3 años, y que no hay todavía ningún imputado, pues no existe en el expediente formulación de cargos por la sencilla razón de que ningún elemento se ha encontrado, contrariamente a las falsas declaraciones públicas que ha hecho el interventor de la Caja Popular de Ahorros, las que queremos desmentir por este medio", finalizaron. /El Tucumano