Más poderoso que Alperovich: Rodolfo Tercero Burgos, el violador condenado que lleva un año libre, ejerce la abogacía, la docencia y logra sanciones al abogado que lo denunció

Rodolfo Burgos (izquierda) abrazado a su amigo, el fiscal Carlos Eduardo Saltor.-

El próximo 4 de diciembre se cumple un año desde que Rodolfo Tercero Burgos ─exdirector de Canal 10 de Tucumán en representación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), docente de la facultad de Derecho de la UNT, falso exquerellante de la universidad en la causa por el robo de la Ciudad Universitaria y lobbista del diario La Gaceta─ fuera condenado por el juez Antonio Nicolás Gutiérrez a cinco años de prisión, tras ser encontrado culpable por la violación de su hija.

A 338 días de ser condenado, Burgos no solo continúa en libertad ejerciendo la abogacía y la docencia universitaria, sino que ahora logró que la Justicia reprenda al letrado que lo llevó ante los tribunales. La paradoja es escalofriante: mientras José Alperovich ─el tres veces gobernador de Tucumán condenado a 16 años por violar a su sobrina─ cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica en Puerto Madero tras un año detenido en Ezeiza, Burgos pasea libremente por las calles de Tucumán, juega al tenis con su amigo Federico Van Mameren (secretario de redacción de La Gaceta), da clases en la Facultad de Derecho y ejerce su profesión.

El violador tucumano es más poderoso que Alperovich. Y acaba de demostrarlo una vez más. Hasta la agrupación ultra feminista NI UNA MENOS -cooptada por el saabismo y el cisnerismo- calla ante la harto evidente aberración.

El condenado que victimizó al denunciante

Recientemente se conoció que Burgos denunció al abogado Gustavo Morales ─quien fue sentenciado a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de desobediencia judicial reiterada, instigación a cometer delito (sedición policial), turbación de un acto legítimo de la autoridad, y falso testimonio reiterado en calidad de instigador─ acusándolo de "hostigarlo" por haber solicitado el pasado 19 de septiembre al Colegio de Abogados de Tucumán que le apliquen "la sanción máxima prevista por la ley del Ejercicio Profesional" debido a la gravedad de su condena por violación.

Posteriormente, el 26 de septiembre, Morales le requirió a la Facultad de Derecho que le realizaran un juicio académico al condenado por violación.

Estas solicitudes bastaron para que Burgos ─apoyado en su extensa red de poder que incluye vínculos verificados judicialmente con el clan Casas, José Hugo Saab y La Gaceta─ denunciara a Morales y exigiera al juez Gonzalo Javier Ortega que considere incumplidas las reglas de conducta impuestas en su sentencia y que lo aperciba para que no vuelva a incurrir en la desobediencia judicial. De lo contrario, solicitó se le revoque la condicionalidad de la pena y ésta pase a ser de cumplimiento efectivo.

La maniobra del condenado por violación resultó exitosa: consiguió que el Ministerio Público Fiscal respaldara su planteo y que el juez Gonzalo Javier Ortega le diera la razón, reprenda a su acusador y reinicie los plazos de cumplimiento de las reglas de conducta impuestas a Morales.

Una camarilla judicial y mediática protege al criminal 

Burgos ─que figura en el legajo como víctima─ le informó a la Justicia que Morales incumplió las reglas de conducta al realizar las presentaciones ante el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho, aduciendo que su condena aún no quedó firme, a pesar de estar cerca de cumplir un año.

"Esa condena está en un recurso de casación, por consecuencia no es una sentencia firme. Ambas articulaciones, tanto la del Colegio de Abogados como la de la Facultad de Derecho, entiendo que son inoficiosas", sostuvo Burgos, en dichos publicados por La Gaceta, medio para el cual es lobbista y "canciller" por su estrecha relación con Federico Van Mameren, secretario de redacción y accionista consorte del diario centenario.

"Considero que ambas solicitudes son actos de hostigamiento de Morales. Cuando el juez Di Lella convalidó el acuerdo entendí que me había ganado el olvido de Morales, pero pareciera que no y que quiere continuar", agregó Burgos.

El planteo realizado por Burgos contra Morales fue respaldado por el auxiliar de fiscal Gonzalo García, por el abogado José María Molina, en representación de la Fiscalía de Estado, y por el letrado Carlos Guido Cattáneo.

"El Ministerio Público entiende que implica un acto de hostigamiento porque no podemos desconocer que Morales es un profesional del derecho y que entiende que rige el principio de inocencia. En este caso le asiste razón al abogado Burgos de que, hasta que no haya una sentencia firme, no se pueden iniciar las peticiones que Morales realizó en el Colegio de Abogados y en la Universidad", dijo el representante del MPF.

El defensor de Morales, Diego Piedrabuena, se opuso al pedido y alegó que no hubo ninguna violación de las reglas de conducta impuestas. Entre sus argumentos, dijo que la manifestación de su pupilo no fue un comentario sobre la vida personal o privada de una de las partes, sino una denuncia ante una autoridad competente sobre un hecho público, la cual no se realizó por medios informales, como redes sociales, sino mediante un escrito formal.

"Esta cuestión debería discutirse en un Tribunal de Ética y en la facultad correspondiente, no en la instancia penal. Parece que se está haciendo un atajo inoficioso para lograr un resultado de defensa que termina pareciendo un acto intimidatorio para disuadir a Morales de cumplir su papel de querellante en la otra causa", afirmó Piedrabuena.

Sin embargo, luego de escuchar los planteos de todas las partes, el juez Ortega resolvió hacer lugar al pedido de Burgos, con el acompañamiento del MPF. En consecuencia, revocó los plazos que venían corriendo para el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en la sentencia del 3 de julio de 2025. Además, exhortó a Morales a cumplir las reglas de conducta que le fueron impuestas.

El fallo constituye un nuevo eslabón en la cadena de protecciones judiciales que ha beneficiado a Burgos durante todo el proceso: desde la jueza Isabel Méndez que le permitió tramitar la causa por el sistema conclusional (más lento y favorable al imputado), pasando por los vínculos verificados judicialmente con el clan Casas, hasta la decisión del juez Antonio Nicolás Gutiérrez de dejarlo en libertad pese a la condena por considerar que "no representa peligro para la sociedad".

La asimetría de poder con Alperovich: el poder judicial y mediático

La comparación con el caso Alperovich es inevitable y reveladora. El exgobernador de Tucumán, condenado a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina, fue detenido inmediatamente el 18 de junio de 2024 tras el veredicto del juez Juan María Ramos Padilla. A pesar de su inmensa fortuna, sus vínculos políticos y haber sido tres veces gobernador y senador nacional, Alperovich pasó un año en el penal de Ezeiza antes de obtener prisión domiciliaria con tobillera electrónica en junio de 2025.

A diferencia del ex gobernador, Burgos ostenta su penetración territorial del poder judicial y mediático tucumano. Mientras Alperovich fue juzgado en Buenos Aires por el juez Ramos Padilla, quien ordenó su inmediata detención argumentando que "cuenta con sobrados medios para eludir el resultado del proceso", Burgos fue condenado en Tucumán, donde su red de influencias abarca desde la familia Casas (un clan judicial con magistrados en distintas instancias) hasta el diario La Gaceta, que sistemáticamente ha ocultado información sobre su caso.

Mientras el juez Ramos Padilla consideró que Alperovich "abusó de su inmenso poder e influencias" y que "una serie de testigos acudieron a la sala de audiencias a mentir y protegerlo", en Tucumán el juez Gutiérrez dejó en libertad a Burgos argumentando que "no representa ningún peligro para la sociedad ni para la víctima".

El pacto entre el padrino político de Burgos, José Hugo Saab -agente masón de la minería británica que aportar dividendos para la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier ordenada en ley 17441- con el Magnate del Juego y los medios Carlos Cisneros - el otrora sindicalista habría adquirido el control accionario de La Gaceta a fines del año pasado-; es otro factor de blindaje de Burgos alias "Ekeko".

338 días sin justicia

El hecho por el que fue condenado Burgos fue denunciado el 13 de julio de 2021 y ratificado 9 días después ante la Justicia Penal provincial por la abogada Daniela Marina Moris, expareja de Burgos y madre de la menor, con el patrocinio de Morales, en una causa judicial que derivó en pericias psicológicas a la presunta víctima como al denunciado, la realización de una Cámara Gesell y órdenes de restricción con el fin de no entorpecer la investigación.

"Sin justicia a más de 300 días de la condena, sobreviviendo a lo que es esta causa penal que continúa. Son 300 días que una niña sigue perteneciendo a un juicio que lo inició con 5 años y hoy ya tiene 10 y continúa judicializada", expresó Moris en una entrevista que brindó a principios de octubre a FM La Tucumana 95.9.

"Siempre he nombrado a los jueces adictos a la impunidad, de ver que hay pruebas y que no suceda nada. Hay algunos movimientos en el Poder Judicial, no de esta causa, sino de otras que demuestran cómo se maneja la justicia en San Miguel Tucumán y el carácter que tienen los jueces provinciales y federales, del porqué no pasa nada, de por qué Burgos, 300 días después, continúa su vida como si nada, con alianzas en el Colegio de Abogados, con alianzas en el Ministerio Público Fiscal, con fiscales que se postulan para jueces federales. Es un engranaje donde se corta una cabeza y salen tres", describió la también abogada.

Al ser consultada sobre cuál es la razón de que el docente universitario continúe en libertad y haciendo una vida normal a pesar de su condena, Moris señaló que "es una condena que no se hace efectiva porque se trató en el viejo sistema conclusional que favoreció a Burgos gracias a la jueza Isabel Méndez. Esta jueza le toma la audiencia estando Burgos en Ibiza de vacaciones, eso dijo él. A partir de ahí nos vamos a un largo proceso".

Y agregó: "Interpuso todo tipo de recursos, hasta quiso recusar a un juez de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y hoy está para resolver una Casación, donde además intervino otro abogado, porque fue asistido por múltiples abogados durante estos años".

Moris cuestionó la condena del juez Antonio Nicolás Gutiérrez: "lo deja en libertad porque dice que no representa ningún peligro para la sociedad ni para la víctima. Yo pregunto si el juez tiene hijos, nietos y los mandaría a la casa de Burgos. Es un absurdo. Por supuesto que un pedófilo representa un peligro para la sociedad. Al final del juicio no hay nada distinto a lo denunciado por la psicóloga en 2021. No es un caso complejo, hay psicólogos del poder Judicial, de familia y penal, que hicieron peritajes, psicólogos privados, públicos, todos llegan a la misma conclusión y este juez dice que no hay peligro. Es un absurdo".

El peloteo de los miércoles de Burgos y Federico Van Mameren, lacayo mediático de Carlos Cisneros al igual que Alvaro Aurane - actual funcionario de la Caja Popular de Ahorros-.

La red de impunidad: del clan Casas a La Gaceta

La impunidad de Burgos no es casualidad sino el resultado de una red de protecciones que abarca distintos ámbitos de poder en Tucumán.

• El clan Casas: La Justicia federal tucumana corroboró el "estrecho vínculo" del imputado Burgos con el exjuez federal Gabriel Casas. Laura Casas, hija de la camarista Valderrábano de Casas, fue pareja de Burgos durante doce años y se desempeña como jueza de Impugnación Penal. La camarista Valderrábano de Casas intentó revincular a Burgos con la víctima cuando ya había sido citado a prestar declaración como imputado por abuso sexual.
• La Gaceta: Burgos mantiene una amistad de más de 30 años con Federico Van Mameren, secretario de redacción y accionista consorte del diario La Gaceta, con quien juega al tenis todos los miércoles. El diario sistemáticamente ha ocultado información sobre el caso Burgos y sobre el robo de la Ciudad Universitaria.
• José Hugo Saab y la UNT: El abogado Morales afirmó que Burgos tiene "fluidos contactos, especialmente, con el secretario académico de la universidad, José Hugo Saab, que en julio del año pasado estaba iniciando una serie de gestiones en Cancillería para lograr un salvoconducto para que Burgos estuviera a resguardo en España". Burgos fue contratado como querellante de la UNT desde 2019 con contratos firmados por José Hugo Saab, y fue renovado en septiembre de 2023, cuando ya tenían "pleno conocimiento del avanzadísimo estado de la causa" de abuso sexual.

La condena de Morales y las reglas de conducta

El pasado 3 de julio, Morales participó de un convenio de juicio abreviado en el cual admitió su responsabilidad penal en cinco legajos abiertos en su contra, que fueron investigados por la fiscala Mariana Rivadeneira, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.

Uno de los delitos endilgados a Morales fue haber desobedecido una orden judicial dictada durante una audiencia que se realizó en el marco de la causa en contra del abogado Rodolfo Burgos, acusado de haber abusado sexualmente de su hija menor de edad. El juez del Tribunal de Impugnación interviniente manifestó que la audiencia sería privada, en razón de la edad de la víctima y por la naturaleza del delito que se investigaba. Además, advirtió que si alguna de las partes filtraba algo relacionado al caso debería afrontar las consecuencias que correspondan.

Según la teoría fiscal Rivadeneira, Morales ─quien representaba a la madre de la menor─, desobedeció dicha orden al facilitarle a este medio el informe psicológico de la víctima realizado por su psicóloga.

Entre las reglas de conducta ordenadas, el juez Guillermo Di Lella le impuso a Morales la prohibición de contacto respecto a las víctimas, no pudiendo llevar a cabo ningún acto de turbación, perturbación, hostigamiento, amedrentamiento o intimidación directa o indirecta por sí o por terceros, o por cualquier medio de comunicación existente. También le indicaron abstenerse de realizar cualquier tipo de comentario o manifestación sobre la vida personal y privada de los magistrados, funcionarios públicos y de las partes intervinientes en las causas.

Burgos argumentó que las presentaciones de Morales ante el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho violaban estas reglas de conducta, y consiguió que tanto el Ministerio Público Fiscal como el juez Ortega le dieran la razón, en lo que constituye un nuevo capítulo de la impunidad que protege al condenado por violación. /El Tucumano