Fiscal federal Agustín Chit debe investigar denuncia de tráfico de influencias del mismo funcionario que le realizó favores tributarios

De Gris: Agustín CHIT, fiscal federal de La Cámpora junto a los fiscales Pablo Camuña y Carlos Brito, los encubridores del robo de la Ciudad Universitaria de San Javier contra la UNT.

La Justicia Federal de Tucumán enfrenta un escenario que desafía cualquier noción de imparcialidad: el fiscal federal Agustín Chit investiga una denuncia por tráfico de influencias presentada por Mario Martínez Salazar, funcionario de ARCA Tucumán que años atrás le realizó gestiones tributarias al propio Chit cuando este ya ejercía como Fiscal Federal.

Los mensajes de WhatsApp fueron incorporados al expediente cuando el denunciante Martínez Salazar aportó voluntariamente su celular para que sea extraída una conversación con una testigo aportada por él mismo. Lo que Martínez Salazar no se esperaba, es que de esa extracción telefónica de su propio celular, surgiría el historial completo de conversaciones con su testigo, y puntualmente una conversación de fecha 30/6/22, en la cual textualmente se lee: "Ya me encargué de hacer gestiones tributarias vinculadas con el tema del secretario del fiscal N2 Agustín Chit". Tres años después, Chit —que ya era Fiscal Federal en 2022— es quien debe investigar si existió tráfico de influencias en operaciones judiciales denunciadas por quien le hizo favores tributarios.

El círculo de vínculos se completa con Fernando Poviña, camarista federal que en mayo de 2025 votó a favor de eximir de prisión preventiva al hijo de Martínez Salazar, Jerónimo Martínez Parada. La resolución se produjo mientras ambos —Poviña y Martínez Salazar padre— integraban la misma lista de campaña para la comisión directiva de Atlético Tucumán, bajo la agrupación "Decana", que competía contra la lista oficial del club.

¿Cómo termina un funcionario de ARCA que admite hacer gestiones tributarias para un Fiscal Federal denunciando supuestos casos de tráfico de influencias? ¿Y cómo ese mismo fiscal investiga al denunciante que le hizo favores? ¿Qué garantías de imparcialidad existen cuando el camarista que favorece al hijo del denunciante compartía directiva de club de fútbol con el padre?

La conversación de fecha 30/6/22 no admite interpretaciones ambiguas. Martínez Salazar confirma a su interlocutor que se "encargó" de realizar gestiones vinculadas a "el tema del secretario del fiscal N2 Agustín Chit". En ese momento, Chit ya se desempeñaba como Fiscal Federal, uno de los cargos de mayor jerarquía del Ministerio Público Fiscal en Tucumán.

Los mensajes de WhatsApp fueron incorporados al expediente cuando Martínez Salazar aportó voluntariamente su celular para que sea extraída una conversación con una testigo. El material —ahora parte del expediente judicial— documenta la naturaleza de los favores que el funcionario de ARCA realizaba a operadores judiciales y políticos de la provincia.

Tres años después de esos mensajes, la denuncia presentada por Martínez Salazar contra supuestas operaciones de tráfico de influencias en la Justicia Federal quedó bajo la órbita del propio Chit. La situación configura un conflicto de intereses evidente: el fiscal que investiga es el mismo beneficiario de las gestiones tributarias del denunciante.

El Código Procesal Penal de la Nación establece causales de recusación cuando existen "motivos graves" que afecten la imparcialidad. La doctrina jurídica reconoce que situaciones de favores previos entre investigador e investigado constituyen precisamente ese tipo de vínculos incompatibles con la función judicial.

Ninguna autoridad del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial ha ordenado la recusación de Chit ni dispuesto que otro fiscal tome la investigación. La denuncia de Martínez Salazar sigue bajo la órbita de quien recibió sus favores tributarios años atrás.

La relación entre Martínez Salazar y Fernando Poviña añade otra capa de complejidad al entramado. Ambos compartieron la lista "Decana" que en marzo de 2024 buscaba desplazar a la conducción de Atlético Tucumán. Poviña —quien ocultó su rostro en la foto oficial de la presentación— violó la prohibición legal que impide a jueces federales integrar órganos directivos de asociaciones civiles mientras ejercen sus funciones.

En mayo de 2025, mientras compartían campaña en la lista "Decana" de Atlético Tucumán, Poviña integró la Cámara Federal que resolvió eximir de prisión preventiva a Jerónimo Martínez Parada, hijo de su compañero de fórmula electoral. La decisión favoreció al hijo del funcionario que compartía directiva y campaña política con el camarista votante. Ningún integrante de la Cámara Federal planteó la excusación de Poviña por ese vínculo.

El Reglamento para la Justicia Nacional establece que los magistrados deben excusarse cuando existen "relaciones de amistad" o "vínculos" que comprometan la imparcialidad. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sostenido que compartir actividades políticas o asociativas configura precisamente ese tipo de relaciones incompatibles con la función de juzgar a personas vinculadas.

Los chats de Martínez Salazar extraídos por la Justicia Federal revelan un patrón sistemático: el funcionario de ARCA realizaba gestiones tributarias y judiciales para distintos operadores de poder en Tucumán.

En ese contexto, las "gestiones tributarias vinculadas con el tema del secretario del fiscal N2 Agustín Chit" no aparecen como un caso aislado sino como parte de un sistema de intercambio de favores que el propio Martínez Salazar administraba desde su cargo en ARCA. 

¿Por qué un funcionario que operaba favores para fiscales federales termina denunciando tráfico de influencias? ¿La denuncia busca exponer irregularidades o constituye una estrategia procesal dentro de su propia causa? ¿Y por qué el sistema judicial permite que quien recibió favores del denunciante sea el encargado de investigar la denuncia?

El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal cuentan con áreas de ética judicial que pueden dictaminar sobre conflictos de intereses. Hasta el momento, ninguna de esas instancias ha intervenido en el caso Chit-Martínez Salazar ni ha ordenado medidas para garantizar la imparcialidad de la investigación.

La situación replica un patrón ya documentado en la Justicia Federal de Tucumán: magistrados y funcionarios con vínculos políticos, asociativos o de favores mutuos que intervienen en causas que involucran a sus propios contactos. El caso de Poviña votando a favor del hijo de su compañero de directiva de Atlético es otro ejemplo del mismo fenómeno.

¿Quién controla a los controladores cuando los propios fiscales reciben favores de quienes luego denuncian irregularidades? ¿Qué credibilidad tiene un sistema judicial donde los investigadores investigan a sus benefactores y los jueces favorecen a los hijos de sus compañeros de campaña electoral?

Los expedientes judiciales acumulan evidencia de estos vínculos. Los chats de Martínez Salazar, las fotos de la campaña en Atlético, las resoluciones de Poviña —todo forma parte del registro oficial de la Justicia Federal. La documentación existe, pero ninguna autoridad judicial adopta medidas para separar a los magistrados comprometidos de las causas que los involucran.

El principio de imparcialidad judicial no es una abstracción teórica sino una garantía constitucional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales independientes e imparciales. Cuando fiscales investigan a quienes les hicieron favores y jueces resuelven sobre hijos de sus compañeros de directiva, ese derecho se viola sistemáticamente.

El silencio institucional frente a estos casos constituye su propia forma de garantía. Cada vez que un magistrado con conflictos de intereses permanece en su cargo, el sistema judicial confirma que los vínculos de poder prevalecen sobre las normas de ética judicial. Cada resolución que favorece a un vinculado sin que medie excusación refuerza el mensaje: en la Justicia Federal de Tucumán, las relaciones personales determinan resultados judiciales.

¿Seguirá Agustín Chit investigando la denuncia de tráfico de influencias presentada por quien le hizo gestiones tributarias? ¿Alguien en el Ministerio Público Fiscal o en el Consejo de la Magistratura intervendrá para garantizar imparcialidad? ¿O el caso Chit-Martínez Salazar-Poviña será un episodio más en la larga historia de vínculos que anulan la justicia en Tucumán?

¿Qué tipo de sanciones tiene Mario Martínez Salazar por hacer uso indebido y favores con la información de los contribuyentes? ¿Merece una investigación interna en ARCA, a los efectos de saber qué consultas realiza diariamente para hacer favores utilizando bienes e información confidencial del estado? /El Tucumano