Denuncia por coima millonaria en Famaillá: grabaciones complican a policías acusados de extorsión

Videos, audios y documentación oficial profundizaron en las últimas horas la investigación por presunta extorsión que involucra al jefe policial de Famaillá y a otros efectivos. El expediente avanza sobre la hipótesis de un operativo irregular armado presuntamente para presionar económicamente a una familia, mientras la Justicia analiza material audiovisual y perita dispositivos secuestrados.

La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer que afirmó que su casa fue presuntamente allanada sin exhibición de orden judicial. Según su relato, el comisario a cargo le habría exigido una suma millonaria para no agravar la situación procesal de su pareja. Parte de la supuesta entrega de dinero quedó registrada en un video filmado por un vecino, hoy incorporado como prueba central.

La denunciante sostuvo que durante el procedimiento un policía la habría ingresado al baño, revisado su riñonera y sacado un envoltorio. Ella interpretó que intentaban “plantar” algo; el efectivo presuntamente respondió con insultos y alegó que se trataba de su arma. En su declaración insistió en que nunca tuvo a la vista una orden judicial y que los uniformados buscaban a una persona identificada por un alias, aunque documentos internos de la comisaría indicarían que ese sospechoso ya había sido detenido horas antes en otro domicilio.

Otro punto central del expediente es el presunto pedido de dinero. La mujer describió que le habrían reclamado cinco millones de pesos y que luego la cifra habría sido reducida a tres millones para evitar una detención. En esa línea, declaró que el comisario sugirió presuntamente a su pareja “vender droga” para no tener problemas y afirmó que una abogada estuvo presente durante parte de la entrega del dinero, según surge de audios incorporados a la causa.

En los allanamientos ordenados por la Justicia se secuestraron diez pendrives, notebooks, teléfonos celulares, un CPU, un DVR y otros dispositivos digitales. También se hallaron más de ocho millones de pesos en efectivo, que no fueron incautados por disposición fiscal. Todo ese material está siendo peritado para reconstruir comunicaciones, transferencias y registros audiovisuales.

Los registros oficiales aportados al expediente agregan inconsistencias sobre el operativo. Mientras se consignaban “allanamientos en la jurisdicción”, la persona señalada como objetivo principal ya habría sido detenida en otro lugar por un hecho menor. Además, el juez interviniente observó que la requisitoria estaba firmada por un auxiliar fiscal, recordando que la Constitución provincial prohíbe delegar funciones propias del Ministerio Público en ese tipo de decisiones.

Un capítulo sensible es la desaparición del arma registrada del denunciante. La mujer aseguró que el comisario presuntamente la retuvo al no concretarse el pago exigido. Ese elemento no fue encontrado ni quedó asentado como secuestrado.

La fiscalía busca determinar si hubo extorsión y si existió una estructura policial paralela. Por ahora, no se dispusieron detenciones, pero la acumulación de pruebas audiovisuales y digitales es considerada determinante para definir la situación procesal de los involucrados. /Vove Tucumán