Jaldo en alerta: La reforma laboral de Milei amenaza con recortar $51.682 millones de coparticipación a Tucumán en 2026

El panorama para el Ejecutivo nacional se complica en estos meses estivales, con el foco puesto en el debate por la ley de modernización laboral que incluye ajustes fiscales capaces de erosionar los fondos provinciales derivados de la coparticipación. Entre los líderes regionales que expresan alarma figura el tucumano Osvaldo Jaldo, puesto que la provincia podría ver reducidos sus ingresos en alrededor de $51.682 millones durante 2026, según proyecciones de análisis privados. Esta situación plantea un desafío en las conversaciones con el mandatario peronista, ya que el Gobierno de Javier Milei busca el respaldo de los diputados y senadores alineados con Jaldo para avanzar en el Congreso. Fuentes oficiales indicaron que, para inclinar la balanza, la administración libertaria evalúa ofrecer compensaciones como mayores transferencias discrecionales o apoyo en obras de infraestructura, aunque aún no hay definiciones concretas sobre estas contraprestaciones.

El núcleo del conflicto radica en las alteraciones al régimen del impuesto a las Ganancias, un pilar de los recursos compartidos entre Nación y provincias. La propuesta busca bajar las tasas para empresas en los segmentos superiores, junto con la eliminación de exenciones para rentas de inmuebles residenciales. Esto, a su vez, se traduciría en una disminución de los giros automáticos a los distritos, financiando así el alivio fiscal. Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) proyecta un impacto anual inicial de 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones, de los cuales $790.000 millones corresponden al nivel central y $1,12 billones al conjunto de provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La carga no se distribuye de manera equitativa: Buenos Aires encabezaría las pérdidas con $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones), Tucumán ($51.682 millones) y Mendoza ($45.300 millones).

Aunque el argumento del Gobierno enfatiza que estas rebajas en Ganancias para sociedades impulsarán la competitividad y atraerán capitales, los ejecutivos provinciales rechazan el esquema en un contexto de contracción económica que ya limita sus entradas. En paralelo, las transferencias automáticas del año anterior mostraron un avance real del 1,7% comparado con 2024, según datos de Politikon Chaco, pero este número queda por debajo de los niveles registrados entre 2018 y 2023. Los incrementos se debieron en gran medida a las asignaciones por el Consenso Fiscal de 2017, distribuidas de forma selectiva hacia regiones afines al oficialismo.

En cuanto a Tucumán, el cierre de 2025 reflejó un saldo positivo en transferencias automáticas: $1.540.986 per cápita, totalizando $2.733.042 millones, con un alza real del 2,2% anual (superando el promedio nacional de 1,7%). En diciembre, los envíos alcanzaron $256.684 millones ($144.728 por habitante), con un incremento real del 2,3%, impulsado por un 76,7% en fondos de Compensación del Consenso Fiscal.

Provincias como Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan experimentaron subas reales superiores al 200%, mientras que otras como Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Rioja, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero no superaron el 50%. Esta dinámica revela un enfoque del Ejecutivo que premia a los aliados y castiga a los críticos, táctica que facilitó la sanción del Presupuesto 2026, pero que ahora pone a prueba su viabilidad para esta reforma más ambiciosa, la cual amenazaría con restar una porción significativa de la coparticipación a todos los territorios.

“Esta reforma laboral es, en realidad, una reforma tributaria encubierta”, alertó el senador Jorge Capitanich (Fuerza Patria), al señalar que la baja en las tasas de Ganancias para sociedades favorece a un puñado de corporaciones grandes, en desmedro de las arcas provinciales. En el artículo 190 del proyecto, se plantea sustituir la alícuota del 30% por 27% en el tramo 2, y del 35% por 31,5% en el tramo 3. Este último segmento, que abarca firmas con ganancias anuales por encima de mil millones de pesos, genera el 76% de la recaudación y solo involucra a 1.856 empresas, el 1% del universo total.

Negociaciones

Capitanich estima que este ajuste generaría un costo fiscal de US$2.179 millones. Además, el artículo 191 propone eliminar, desde el mes siguiente a la vigencia de la ley, los gravámenes internos sobre seguros, servicios de telefonía móvil y satelital, bienes de lujo, autos, motores, yates y aviones. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calcula un impacto de US$334 millones al año, aunque el legislador chaqueño lo eleva a US$548 millones. En cualquier caso, critica que estos beneficios para sectores pudientes contrasten con la reticencia oficial a cumplir con financiamientos para universidades y asistencia a discapacitados.

“Estamos hablando de derogar los impuestos internos a vehículos de marca y de lujo, yates y artículos suntuarios. Son impuestos que se coparticipan desde 1996. Son recursos indispensables para las provincias. Debemos repensar esta situación”, advirtió.

El titular de Interior, Diego Santilli, y la líder del bloque senatorial libertario, Patricia Bullrich, anticipan discusiones intensas con opositores y gobernadores. Luego de emitir el dictamen a fines del mes pasado, Bullrich planea retomar diálogos en la segunda mitad de enero y someter el texto al pleno a mediados de febrero. Se esperan enmiendas, pero persiste la duda sobre si el componente fiscal –impulsado por Economía– permanecerá intacto.

Un documento paralelo, elaborado por el diputado Guillermo Michel (foto inferior) compartido entre líderes peronistas, advierte de igual manera que las provincias podrían perder $1.729.044 millones en 2026 por estos cambios en Ganancias. Basado en datos de 2024, de 163.587 sociedades que declararon el impuesto, el 89,4% (146.257) cae en el tramo inicial (hasta $100 millones), aportando solo el 7,9%; el 9,5% (15.474) en el intermedio ($100 a $1.000 millones), con el 15,9%; y el 1,1% (1.856) en el superior, responsable del 76,3%.

El informe destaca que dentro de este último grupo, apenas 144 empresas (0,1% del total) con ganancias sobre $15.000 millones anuales generan el 56% de la recaudación, concentrando así el grueso del beneficio. Para 2026, el Presupuesto prevé ingresos por Ganancias de $48,4 billones (4,48% del PBI), con $34,3 billones de sociedades. La reforma reduciría esto a $31,7 billones, una caída de $3,1 billones (0,3% del PBI), de los cuales $1,7 billones impactan en provincias, equivalentes a $144.087 millones menos por mes en promedio.

De acuerdo al informe, quedan interrogantes: "¿Cómo compensará el Gobierno esta merma? ¿Qué recortes presupuestarios aplicará para sostener el superávit de 1,5% del PBI? ¿Y cómo resarcirá a las provincias por la pérdida en coparticipación?". /Tendencia de Noticias