Crimen de Érika Álvarez: las pruebas que complicarían al exmilitar detenido

La situación judicial de Felipe Sosa, el exmilitar de 51 años detenido por el crimen de Érika Antonella Álvarez, se agrava con el avance de la investigación. El acusado permanece alojado en el penal de Benjamín Paz mientras pericias clave comprometen seriamente su responsabilidad en el femicidio de la joven de 25 años.

Un informe elaborado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) habría revelado coincidencias forenses entre elementos secuestrados en la vivienda que Sosa alquilaba en Yerba Buena y los materiales utilizados para ocultar el cuerpo de la víctima. El allanamiento, realizado en un domicilio de calle Santo Domingo al 1100, fue determinante para los investigadores.

Entre los hallazgos más comprometedores se encontrarían “seis trozos de cinta negra” adheridos a una barra de dominadas y a una mancuerna del gimnasio personal del acusado. Según consta en el acta oficial, el material presenta “características similares” a la cinta utilizada para sellar las bolsas plásticas que cubrían el cuerpo de Érika.

También se secuestraron sogas que coincidirían con las ataduras encontradas en la escena del crimen. El cuerpo de la joven tenía cuatro vueltas de soga en el cuello y, en la casa de Sosa, los peritos incautaron una soga elástica negra de 2,60 metros enrollada en un cable de batería, además de un “elemento filamentoso oscuro” hallado al pie de la cama, compatible con el utilizado para sujetar a la víctima.

La investigación también expone el perfil táctico del imputado y una presunta planificación de la fuga. Sosa, propietario de la empresa “Seguridad Objetiva”, tenía en su poder un chaleco balístico antitumulto, una pistolera israelí marca MDEFENSE y 125 municiones calibre 12. A esto se suma un movimiento financiero que despierta sospechas: el 8 de enero, a las 11.21, retiró $8 millones en efectivo del Banco Francés, el mismo día en que la familia de Érika denunciaba su desaparición.

Con ese dinero, el acusado habría escapado hacia Pilar, en la provincia de Buenos Aires, a bordo de una moto KTM de alta gama. La fiscal María del Carmen Reuter inició la causa, que luego continuó Carlos Picón, quien profundizó las medidas investigativas.

La clave para dar con el sospechoso fue el aporte de las hermanas de la víctima. Mayra, una de ellas, accedió a la cuenta de Érika y logró rastrear la ubicación del celular, que marcaba en la zona de Yerba Buena donde residía Sosa. Además, registros de aplicaciones de viajes confirmaron traslados frecuentes de la joven hacia ese domicilio, reforzando la hipótesis acusatoria. /Vove Tucumán