El caso “Chispita” y otros delitos de menores reabren el debate por la baja de imputabilidad
Una seguidilla de hechos delictivos protagonizados por adolescentes en los últimos días volvió a poner en el centro del debate público la necesidad de reformar el Régimen Penal Juvenil y avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, una iniciativa impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei. Los casos, que tomaron fuerte repercusión mediática, exponen las limitaciones del sistema actual frente a delitos cada vez más violentos cometidos por menores que hoy no enfrentan consecuencias penales.
El caso de Uriel Alejandro Giménez, conocido como “Chispita”
Uno de los episodios más resonantes fue la muerte de Uriel Alejandro Giménez, alias “Chispita”, un menor de 12 años que falleció tras un enfrentamiento armado con la Policía durante una persecución. El hecho dejó al descubierto una realidad cada vez más frecuente: menores involucrados en robos violentos, armados y organizados, que actúan sabiendo que la ley los ampara por su edad.
Las imágenes y publicaciones posteriores al hecho, en las que se lo mostraba vinculado a actividades delictivas, generaron conmoción y reabrieron el interrogante sobre hasta qué punto el Estado puede seguir mirando hacia otro lado mientras niños y adolescentes son utilizados —o se incorporan— a circuitos criminales sin consecuencias judiciales reales.
Crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe
Otro hecho que reavivó el debate fue el homicidio de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años en la ciudad de Santa Fe, que según la investigación fue asesinado por un grupo en el que participaron varios menores. Aunque una joven de 16 años fue detenida y continúa imputada por homicidio agravado, dos sospechosos de 14 años quedaron en libertad por ser inimputables conforme a la ley actual. Este episodio también alimentó llamados desde algunos sectores políticos y sociales para modificar el régimen penal juvenil vigente.
Menores que delinquen y un sistema que no responde
A este caso se suman otros dos hechos recientes que también adquirieron relevancia mediática, en los que adolescentes participaron en delitos graves, incluyendo homicidios y robos reiterados. En varios de estos episodios, los responsables quedaron rápidamente en libertad por ser legalmente inimputables, incluso cuando existían pruebas contundentes de su participación.
El patrón se repite: delitos graves, víctimas concretas, daño social creciente y un marco legal que impide al Estado aplicar sanciones proporcionales. Para amplios sectores de la sociedad, esta situación genera una sensación de impunidad estructural, que no solo perjudica a las víctimas sino que también termina consolidando carreras delictivas desde edades cada vez más tempranas.
La propuesta del Gobierno y el cambio de paradigma
La legislación argentina vigente fija la edad de imputabilidad penal en 16 años, lo que significa que los menores de esa edad no pueden ser imputados penalmente y sólo pueden ser intervenidos mediante medidas socioeducativas bajo el Régimen Penal de la Minoridad de 1980.
Frente a los hechos recientes, el Gobierno nacional oficializó el envío al Congreso un proyecto para reducir la edad a 13 años y reformar el régimen penal juvenil, con el argumento de dar “delito de adulto, pena de adulto” a quienes cometan delitos graves siendo adolescentes.
El gobierno de Javier Milei impulsa una reforma para bajar la edad de imputabilidad, con el objetivo de que quienes cometan delitos graves respondan ante la ley, independientemente de su edad. La iniciativa busca terminar con un sistema que, según el oficialismo, protege al victimario y abandona a las víctimas.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma no apunta a criminalizar la pobreza ni a castigar indiscriminadamente, sino a establecer reglas claras, recuperar el principio de responsabilidad individual y enviar una señal concreta: delito cometido, delito juzgado.
Un debate que excede lo ideológico
Mientras organismos y sectores opositores insisten en que la solución pasa exclusivamente por políticas sociales, los hechos recientes vuelven a plantear una pregunta incómoda: ¿qué respuesta debe dar el Estado cuando un menor comete un delito violento? Para el Gobierno, seguir postergando la reforma implica aceptar un sistema que no previene, no sanciona y no protege.
Los casos de los últimos días no solo reavivaron el debate legislativo, sino que expusieron con crudeza una realidad que ya no puede ser ignorada. La discusión por la baja de la edad de imputabilidad avanza así como uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad, en un contexto donde la demanda social por orden, justicia y responsabilidad es cada vez más fuerte. /Tucumán Digital
