El empresario acusado de corrupción de menores presentó 13 cautelares para intentar imponer un bozal a la prensa

El empresario Marcelo Porcel, imputado en una causa penal por presunta corrupción de menores, inició una ofensiva judicial sin precedentes contra los principales medios de comunicación del país, al presentar 13 pedidos de medidas cautelares con el objetivo de limitar o condicionar la cobertura periodística del caso.

La estrategia se desplegó en los días previos al inicio de la feria judicial y se inscribe en el marco de una investigación de altísimo impacto social, que se originó a partir de una denuncia publicada por el diario La Nación el 18 de diciembre pasado. El expediente tramita bajo secreto de sumario en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, y ya acumula al menos once denuncias por hechos que, según la causa, habrían ocurrido entre 2022 y 2024.

Una batería de cautelares contra medios nacionales

Según pudo reconstruirse a partir de fuentes judiciales, Porcel promovió pedidos de cautelares contra 13 empresas periodísticas, entre ellas Infobae, Editorial Perfil, Grupo Clarín, Telefé, América TV, C5N, Crónica, El Trece, TN, Telecentro y MDZ Online, entre otros.

Del total de presentaciones, solo tres cautelares habrían sido concedidas por distintos juzgados, todos los cuales habilitaron expresamente la feria judicial para tratar los planteos. Sin embargo, ninguna de esas resoluciones fue notificada hasta el momento. Por lo que se desconoce el alcance concreto de las restricciones solicitadas por la defensa del imputado.

En contrapartida, la mayoría de los pedidos fue rechazada en primera instancia, aunque con apelaciones concedidas que todavía no fueron elevadas a la Cámara. La única instancia que permanece de turno durante la feria. La única cautelar rechazada con confirmación firme fue la promovida contra Telefe.

Un expediente en expansión y con nuevas denuncias

Mientras se tramita la ofensiva contra los medios, la causa penal continuó avanzando. En los últimos días declararon tres nuevos denunciantes en Cámara Gesell, cuyos relatos fueron considerados coincidentes con los testimonios previos.

Uno de los menores ubicó los hechos en un campo de la familia Porcel, en Cañuelas, lo que podría derivar en la apertura de una causa paralela en la justicia bonaerense. Otro relató encuentros en oficinas céntricas del empresario, donde, tras consumir alcohol, habrían sido trasladados a un departamento. El tercer denunciante describió episodios similares en otros domicilios frecuentados por la familia.

Con estas declaraciones, ya son once los menores denunciantes. Finalizada la etapa de Cámara Gesell, se realizarán pericias psicológicas a cargo del Cuerpo Médico Forense. Y cuyos resultados suelen estar disponibles en menos de diez días. Recién entonces, las familias quedarían en condiciones de solicitar la indagatoria de Porcel y eventualmente su detención.

Un proceso judicial aún sin indagatoria

La denuncia original fue presentada el 5 de julio de 2024, pero la causa —registrada bajo el número 36.627/2024— aún no avanzó a la instancia de indagatoria. El juez Carlos Manuel Bruniard rechazó hasta ahora ese pedido, incluso cuando fue solicitado por el fiscal Pablo Turano. Invocando razones de “economía procesal” y la necesidad de completar todas las declaraciones.

El expediente investiga a un padre de alumnos de un colegio privado del barrio de Palermo Chico por presuntas conductas reiteradas de abuso sexual, corrupción de menores y delitos conexos. Porcel es un empresario de alto perfil, exconcesionario del frustrado shopping Oh! Buenos Aires y hijo del fundador de Argencard, vendida en los años noventa al Grupo Exxel.

Desde la institución educativa informaron que la familia del denunciado ya no integra la comunidad escolar y que se activaron los protocolos de protección. Y con intervención del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y notificación a las autoridades educativas.

Libertad de prensa bajo presión

Más allá del derrotero judicial, el caso abrió un debate de fondo sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. Las cautelares impulsadas por Porcel —cuyo destino final aún es incierto— configuran un intento de bozal legal sobre la prensa. Y en una causa que involucra delitos graves contra menores y que reviste interés público indiscutible.

Por ahora, la investigación penal sigue su curso, mientras los tribunales deberán resolver si la estrategia judicial del imputado logra —o no— imponer límites a la cobertura periodística de uno de los casos más sensibles del último tiempo. /Vove Tucumán