El litigio se encuentra en la fase de ejecución de la sentencia que obliga al país a pagar alrededor de 16.100 millones de dólares, más intereses, a los fondos que compraron los derechos de litigio vinculados a la causa. Entre ellos se encuentran Burford Capital y Eton Park Capital Management, que buscan avanzar con medidas para identificar activos argentinos susceptibles de embargo.
El pedido del Estado argentino buscaba frenar momentáneamente el proceso de intercambio de información hasta que se resolvieran apelaciones pendientes. Sin embargo, la magistrada consideró que no correspondía suspender esa etapa y habilitó a que las partes continúen con la producción de pruebas en el expediente.
En este contexto, los demandantes solicitaron información vinculada a distintos activos del país, con especial interés en las reservas de oro. El proceso de discovery en la justicia estadounidense permite a las partes requerir documentos, datos financieros y comunicaciones que puedan resultar relevantes para la ejecución de una sentencia.
La defensa argentina argumentó ante el tribunal que algunas de esas solicitudes resultan excesivas y carecen de fundamento jurídico. En sus presentaciones sostuvo que las reservas del Banco Central de la República Argentina cuentan con inmunidad soberana, por lo que no podrían ser ejecutadas en tribunales extranjeros.
Además, el Estado presentó una declaración jurada para explicar la situación de esos activos y cuestionó el pedido de sanciones y desacato promovido por los beneficiarios del fallo. Según la postura oficial, algunas de las medidas impulsadas por los demandantes tendrían como objetivo presionar en una eventual negociación más que identificar bienes ejecutables.
Especialistas que siguen el caso señalaron que la Argentina podría presentar nuevas apelaciones frente a la decisión de Preska. De hecho, distintos planteos ya se tramitan en paralelo dentro del proceso judicial que se desarrolla en Estados Unidos.
El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el Estado argentino avanzó con la expropiación de la petrolera. Aquella decisión fue impulsada políticamente por el entonces viceministro y luego ministro de Economía Axel Kicillof, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La forma en que se llevó adelante la estatización fue uno de los puntos centrales del litigio. Los demandantes sostuvieron que el país no realizó la oferta pública de adquisición que correspondía según el estatuto de la compañía, lo que derivó en el fallo adverso dictado por la justicia estadounidense.
Desde distintos sectores políticos y económicos se ha señalado que aquella decisión terminó generando uno de los juicios más costosos de la historia para el Estado argentino. El caso se convirtió en un ejemplo recurrente en el debate público sobre seguridad jurídica, reglas de mercado y el impacto de las decisiones gubernamentales en la confianza de los inversores.
Con la llegada al poder de Javier Milei, el Gobierno nacional adoptó una postura crítica respecto de la expropiación y de las condiciones en que fue realizada. Funcionarios del actual oficialismo sostienen que el litigio es consecuencia directa de aquella estrategia y que ahora el desafío es reducir al máximo el costo económico para el país.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa avanzando en Estados Unidos. La negativa a suspender el discovery marca un nuevo capítulo en un expediente que sigue sumando instancias legales y que mantiene en vilo a la Argentina frente a un fallo millonario que se originó en una de las decisiones económicas más cuestionadas de los últimos años. /Tucumán Digital
