El Gobierno busca expandir la compra de tierras a extranjeros y acelerar desalojos

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley con el que busca reformular de manera profunda el régimen de propiedad privada en la Argentina. La iniciativa, titulada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, propone cambios sobre desalojos, expropiaciones, digitalización de registros y, sobre todo, sobre uno de los puntos más sensibles: la compra de tierras por parte de extranjeros.

La propuesta apunta a eliminar la restricción general que hoy limita la titularidad extranjera sobre tierras rurales y a equiparar, en la práctica, a los inversores privados del exterior con los nacionales. Según el texto, solo seguirán sujetos a autorización previa los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal. El oficialismo sostiene que el objetivo es “destrabar inversiones” y darle más dinamismo al mercado inmobiliario.

Apertura para la compra de tierras

Uno de los cambios más relevantes del proyecto pasa por la modificación del régimen vigente sobre tierras rurales. Hasta ahora, la legislación imponía límites a la adquisición de estos inmuebles por parte de extranjeros, especialmente en zonas de frontera, con el argumento de resguardar la soberanía y frenar la extranjerización de la tierra.

La nueva redacción elimina esa restricción general para particulares privados del exterior. En adelante, quedarían alcanzados por controles específicos solamente los Estados extranjeros y las compañías vinculadas a ellos. La lógica oficial es separar a los inversores privados de aquellos actores que puedan ser considerados un riesgo para la seguridad nacional.

Desalojos más rápidos y recuperación de inmuebles

Otro eje fuerte del proyecto es la recuperación de inmuebles ocupados. El Gobierno propone un procedimiento sumarísimo para restituir propiedades, basado exclusivamente en la acreditación del título. Se trata de un esquema que, según el Ejecutivo, permitiría acelerar los procesos judiciales y reducir los tiempos de resolución.

Desde la Casa Rosada aseguran que una vía más rápida para recuperar inmuebles podría tener además un efecto económico. La hipótesis oficial es que, si los propietarios cuentan con mayores garantías para recuperar sus bienes, aumentará la oferta en el mercado y eso ayudará a absorber mejor la demanda habitacional.

El foco sobre provincias y municipios

La iniciativa también redefine el papel del Estado en la regularización dominial. En lugar de mantener un esquema centralizado, el proyecto desplaza esa responsabilidad hacia provincias y municipios. El Gobierno cuestiona abiertamente el funcionamiento de la ley 27.453 y sostiene que el mecanismo actual dejó a miles de familias en una situación de informalidad prolongada.

En esa línea, el texto remarca que apenas una mínima parte del suelo relevado en barrios del RENABAP cuenta con título de propiedad privada. Para el oficialismo, el sistema vigente bloqueó soluciones legales más ágiles. Con este proyecto, se busca que las jurisdicciones locales conduzcan el proceso y negocien instrumentos que permitan avanzar en la titularidad formal.

Nuevas reglas para las expropiaciones

El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones y apunta a acotar la discrecionalidad estatal. Entre los cambios propuestos aparecen criterios más precisos para calcular indemnizaciones, con actualización por IPC, reconocimiento de lucro cesante cuando corresponda y valuación previa a cualquier intervención estatal que pueda depreciar el bien.

Además, se fija un tope de 60 días para las ocupaciones temporales anormales, que solo podrían extenderse en casos de emergencia. Con este capítulo, el Gobierno busca enviar una señal de mayor previsibilidad jurídica para propietarios e inversores, en una materia donde históricamente hubo fuertes tensiones entre el interés público y la defensa del patrimonio privado.

Digitalización y ventanilla única

La iniciativa incluye también una reforma sobre el funcionamiento de los registros de propiedad. El Ejecutivo señala que la infraestructura actual quedó atrasada frente al movimiento del mercado y menciona que gran parte de la operatoria sigue dependiendo del soporte físico, con demoras y mayores costos.

Para corregir eso, propone una digitalización integral del sistema, con firma digital y la creación de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria. La idea es permitir la gestión remota de certificados e informes en cualquier registro del país, con un esquema más ágil para operaciones y trámites vinculados a inmuebles.

Cambios en la ley de manejo del fuego

El proyecto también toca otro punto sensible: la llamada ley del fuego, impulsada en 2020. La norma actual extendía restricciones sobre distintos tipos de superficies alcanzadas por incendios, incluyendo bosques implantados y tierras productivas. La propuesta oficial recorta ese alcance.

Según el nuevo esquema, la prohibición quedaría limitada a bosques nativos y a áreas específicas determinadas por el ordenamiento territorial. Es otro de los cambios que el Gobierno presenta como una forma de eliminar trabas sobre la actividad privada y reducir restricciones que, a su juicio, frenaban inversiones y uso productivo del suelo.