Mientras se desata esta inminente batalla política e institucional sobre la cadena de responsabilidades del Estado, la investigación material por la muerte del nene de cuatro años sigue su curso. La madre biológica, Mariela Altamirano, y su actual pareja, Michel Kevin González, permanecen detenidos bajo la imputación de presuntos coautores de homicidio agravado por el vínculo a la espera de los resultados finales de las pericias forenses. /ADN Sur
El abogado del papá de Ángel pedirá un juicio político al juez de Familia y denunciará penalmente a las psicólogas
La causa por el crimen de Ángel López abrió un nuevo frente de conflicto en los tribunales. La querella que representa al padre biológico anunció una ofensiva legal directa contra los funcionarios del Juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia. El objetivo central de la familia paterna es lograr la destitución del juez de la causa e impulsar denuncias penales contra las profesionales del equipo técnico que evaluaron el entorno del menor.
El abogado Roberto Castillo fue el encargado de confirmar esta estrategia al aseverar públicamente que la Justicia se encuentra corrompida. El letrado adelantó que promoverán un jury de enjuiciamiento contra el magistrado Pablo Pérez.
Este mecanismo institucional es un proceso formal de juicio político diseñado para evaluar el desempeño de los jueces, removerlos de sus cargos y quitarles sus fueros para que puedan ser sometidos a la justicia penal común.
Bajo esta premisa, la querella apuntó a la responsabilidad institucional sobre el trágico desenlace. Castillo remarcó que si el magistrado no gozara de inmunidad sería considerado un partícipe necesario del hecho y fue tajante al sostener que "sin su firma, Ángel estaría entre nosotros".
EL CUESTIONAMIENTO A LOS INFORMES PSICOLÓGICOS
La ofensiva legal no se detiene en la figura del titular del juzgado e incluye acciones directas contra las profesionales de la salud mental que intervinieron en el proceso. El abogado confirmó que avanzarán con denuncias penales contra las licenciadas en psicología del Equipo Técnico Interdisciplinario. El argumento central de la querella radica en que sus informes técnicos fallaron en proteger al menor al respaldar que la guarda quedara en manos de la madre biológica.
Esta nueva estrategia mediática y judicial busca invalidar los documentos oficiales que constan en el fuero de Familia. Las resoluciones del juez Pérez para apartar a la familia paterna se sostuvieron justamente en los peritajes que hoy cuestiona el abogado. Los informes elaborados a mediados de 2025 habían advertido sobre las conductas violentas, la rigidez extrema en la crianza y el consumo problemático de alcohol por parte de Luis López.
EL PESO DEL EXPEDIENTE Y EL AVANCE PENAL
A todo ese historial documentado por las profesionales del Estado se sumó la audiencia oficial de febrero de este año, donde el propio niño le manifestó a las autoridades su deseo de vivir con su mamá y rechazó expresamente tener contacto con su papá.
