eltucumano denunció a Carlos Cisneros, sus hijas y Petraglia con la información ya publicada que quieren censurar
"No existe respecto de las actoras investigación penal alguna." Escrito autosatisfactiva Cisneros c/ Numen SRL — pág. 26, conclusión final
El escrito de treinta y una páginas del Dr. Juan Andrés Robles —el abogado de las hijas de Cisneros, de Federico Petraglia, de la Caja Popular de Ahorros y del propio Cisneros en la causa federal por trata— decía en su página 26:
A partir de las 20:25 del pasado miércoles 15 de abril de 2026 , esa afirmación es falsa.
Julio Rafael Valenzuela, director de eltucumano y socio gerente de NUMEN S.R.L., presentó ante el Juzgado Federal de Tucumán 2 — Secretaría Penal una denuncia de ocho páginas contra Carlos Aníbal Cisneros, sus tres hijas Marta María, Cecilia Mariana y María Mercedes, y Juan Federico Petraglia. La denuncia solicita que se investiguen tres delitos: enriquecimiento ilícito de funcionario público (art. 268(2) CP), lavado de activos de origen ilícito (art. 303 CP) y falsedad ideológica de instrumento público (art. 293 CP). El expediente quedó caratulado como FTU 23/2026. La firma digital del abogado Juan Macario Santamarina certifica la radicación.
La denuncia pide su acumulación a la Causa N° 23/2026 — "Cisneros Carlos Aníbal y otros s/ Infracción Ley 26.364" — radicada ante el mismo juzgado con intervención del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, donde se investiga a Cisneros, Neme y Petraglia por trata de personas. Los argumentos de conexidad son tres: subjetiva (mismos imputados), objetiva (los bienes denunciados serían el resultado económico del ilícito precedente) y por obligación legal — los estándares GAFI imponen extender la investigación por trata a los flujos financieros de la organización.
Las notas de eltucumano que las hijas de Cisneros piden eliminar invocando "violencia de género" son ahora la base documental verificada de un expediente penal federal.
Lo que sigue es el contenido de esa denuncia y sus implicancias. Cada dato que se reproduce fue llevado a conocimiento del Juzgado Federal 2 con fuentes identificadas, verificables y públicas.
El patrimonio que se multiplicó por 172
El núcleo de la denuncia es una cifra que el propio Cisneros declaró ante la Oficina Anticorrupción: su patrimonio pasó de $2,7 millones en 2019 a $465,7 millones en 2024. Una variación de 172 veces en cinco años. El 46% de ese patrimonio — aproximadamente $216 millones — está consignado como "participaciones societarias" sin desglose público. Ese dato, señala la denuncia, "por sí solo, constituye un indicador típico del delito de enriquecimiento ilícito."
Y lo cruza con las propias palabras del diputado. El 7 de marzo de 2026, en Tendencia de Noticias — uno de los medios de su propio holding —, Cisneros dijo en el minuto 45:10: "Yo no tengo tierra choreada al Estado ni adquirida con ese verso que te ponen de prescripción adquisitiva." Segundos después, con las cámaras apagándose se le escuchaba decir: "Soy el dueño."
La denuncia califica la contradicción como "documentalmente verificable" y la señala como "un indicio relevante de ocultamiento deliberado."
El crecimiento de 172 veces no nació en el vacío. Cisneros habría tenido bajo su control la Caja Popular de Ahorros de Tucumán desde 1995, cuando el entonces gobernador Julio Miranda lo designó al frente de la entidad que opera el monopolio provincial del juego y las apuestas. Documentación de 2006 relevada por eltucumano demuestra que la CPA administraba en esa época una red de al menos diez empresas con 1.035 máquinas tragamonedas distribuidas en la provincia. Los socios de esas empresas incluían a la familia Ale — Ángel "el Mono" y Daniel "la Chancha" Ale, posteriormente condenados por asociación ilícita y lavado de activos en el marco de la causa por trata de personas más emblemática de la historia judicial argentina: el caso Marita Verón — y a Roberto Sagra, vinculado al Grupo Los Balcanes y al diario La Gaceta.
La conexión no es tangencial. Susana Trimarco — madre de Marita Verón — declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal el 19 de septiembre de 2012: "Los Ale están muy vinculados con Carlos Cisneros. La remisería Cinco Estrellas funcionaba en un local de Cisneros. ME LLEGÓ INFORMACIÓN DE QUE EN LAS FIESTAS DE CISNEROS SE LLEVABAN A LAS CHICAS." La Remisería Cinco Estrellas fue señalada como punto de captación de víctimas de trata. Los Ale fueron condenados, mientras que Cisneros nunca fue investigado por esos hechos.
Sobre la facturación estimada de la CPA en 30 años de monopolio del juego —que superaría los USD 9.500 millones— no consta auditoría externa independiente sobre el destino de esos fondos. El patrimonio que hoy se multiplicó por 172 tiene como fuente declarada un empleo bancario con licencia sindical en la entidad que administra ese monopolio. La brecha entre el ingreso declarado y el patrimonio acumulado es el objeto de la denuncia presentada por eltucumano ante el Juzgado Federal 2.
La nota sobre los millonarios negocios de Las Cisneros que las empresarias quieren borrar porque configura violencia de género mediática.
Las hijas como presuntas personas interpuestas
El artículo 268(2) del Código Penal no se limita al enriquecimiento del funcionario en sentido estricto. Comprende expresamente el de "persona interpuesta para disimularlo", estableciendo la responsabilidad penal de dicha persona en igualdad de condiciones. La denuncia identifica a las tres hijas de Cisneros en esa categoría.
Marta María Cisneros tiene 32 años. Es profesora de educación física y chef. Cecilia Mariana Cisneros tiene 41. Es comerciante. María Mercedes Cisneros tiene 39. Es empleada del Banco Nación. En un lapso de seis años, las tres aparecen vinculadas a dos sociedades comerciales, un complejo turístico de lujo en Tafí del Valle valuado entre USD 3,7 y 5 millones, y al menos seis departamentos de categoría en barrio norte de San Miguel de Tucumán.
Indicios de interposición — Denuncia FTU 23/2026
(a) Vínculo filial directo con el funcionario · (b) Aparición súbita en negocios societarios, financieros e inmobiliarios de envergadura · (c) Magnitud del patrimonio exteriorizado en lapso reducido · (d) Falta de capacidad económica conocida suficiente · (e) Coincidencia temporal con el incremento de 172 veces del propio Cisneros.
La situación de Federico Petraglia refuerza la hipótesis. Empleado de La Bancaria/CPA, ahijado de la madre de las denunciadas — persona del círculo más íntimo de confianza de Cisneros —, a los 21 años aparece como socio de las hijas en Emprendimiento Turístico SRL con el 10% y como adquirente de terrenos en Tafí del Valle mediante operaciones que eltucumano documentó escritura por escritura el 19 de marzo: un poder irrevocable post mortem, una autocontratación y una cesión de derechos posesorios sobre terrenos de terceros. "Su financiamiento", señala la denuncia, "no condice con su perfil económico autónomo."
Petraglia es el mismo hombre que demandó a eltucumano por $55 millones el 30 de diciembre de 2025 — el mismo día en que el juez Paz Almonacid derivó la causa al fuero federal por trata. Pide que los medios retiren todas las publicaciones sobre su persona. Pide que la Justicia les prohíba volver a escribir sobre él. Su abogado: Juan Andrés Robles, otrora defensor del femicida Mauricio Parada Parejas —quien asesinara a Paola Tacacho un 30 de octubre de 2020 de 23 puñaladas, a pesar de los infructuosos pedidos judiciales previos de la víctima contra su acosador— hoy patrocinador de una demanda por violencia de género por parte de las hijas de Cisneros.
Tres movimientos en 22 meses: la consolidación escalonada
La denuncia reconstruye una secuencia que la serie "Mafia Paraestatal" documentó en tres notas sucesivas entre el 15 y el 19 de marzo de 2026.
Octubre de 2020. Las tres hijas y Petraglia constituyen Emprendimiento Turístico SRL con $1.000.000 integrados en efectivo. Socias: Cecilia (40%), María Mercedes (25%), Marta (25%), Petraglia (10%). El complejo La Madrina que esa sociedad explota — ocho cabañas con 9,8 en Booking, restaurante Muppa Cocina Ritual, 7.000 metros cuadrados — está valuado entre USD 3,7 y 5 millones. La brecha entre capital declarado y valor real es, según la denuncia, "indicador clásico de financiamiento no exteriorizado."
Febrero de 2021. Cuatro meses después, Cisneros declara ante la Oficina Anticorrupción un inmueble de 3.284 m² en Tafí del Valle con destino "RECREO O VERANEO / CESIÓN GRATUITA", valuado en $25.785.585. Al tipo de cambio de 2024: menos de USD 25.000. El complejo que allí se levantó vale entre USD 3,7 y 5 millones. Brecha: entre 148 y 200 veces. La infravaloración en instrumento público configura, según la denuncia, falsedad ideológica.
Agosto de 2022. Las mismas tres hijas — ahora sin Petraglia — constituyen Malaquita SRL. Capital: $100.000. Duración: 99 años. Sede: Muñecas 775, piso 9, dpto. A. Objeto: inversiones en activos y títulos financieros, operaciones inmobiliarias, aportes de capital a terceros, compraventa de valores mobiliarios. Una SRL con objeto deliberadamente amplio: puede comprar inmuebles, invertir en bolsa, financiar empresas y movilizar capital sin restricción de monto ni obligación de publicidad registral sobre sus operaciones concretas.
Un dato del acto constitutivo de Malaquita SRL que ningún medio relevó hasta hoy: además de las tres socias, el instrumento otorgó poderes amplios a una cuarta persona — Romina Elisabeth Alvarez, DNI 30.175.954 — cuya identidad, actividad económica e inserción en la estructura patrimonial de la familia Cisneros se encuentran bajo investigación periodística de eltucumano. Alvarez no figura como socia: figura como apoderada con facultades amplias en el mismo acto fundacional de una SRL con objeto financiero ilimitado, capital de $100.000 y 99 años de duración. La pregunta que se abre es quién es, qué relación tiene con la familia, y por qué una sociedad de tres hermanas necesita una cuarta persona con poderes para operar desde el primer día.
"La secuencia temporal es inequívoca: (1) octubre 2020: sociedad turística y activo físico; (2) febrero 2021: Cisneros declara ante la OA el inmueble de Tafí del Valle como 'cesión gratuita' en $25,7M cuando vale entre USD 3,7-5M; (3) agosto 2022: sociedad financiera de objeto ilimitado. Consolidación patrimonial escalonada." Denuncia eltucumano — FTU 23/2026, Sección III.3
Primero la sociedad que construye. Después el inmueble que el padre "cede gratuitamente." Finalmente, la sociedad que mueve el dinero.
La ingeniería dominial cisnerista en Tafí del Valle llevada a conocimiento federal
La denuncia incorpora la cadena de dominio completa que eltucumano reveló el 19 de marzo: la Escritura N° 235 — el poder especial irrevocable con efecto post mortem que Rene Ahmed le otorgó a un empleado de 21 años de la CPA —; la Escritura N° 394 — la autocontratación donde Petraglia actuó simultáneamente como comprador y como apoderado del vendedor: se vendió a sí mismo un terreno en Tafí del Valle —; y la Escritura N° 644 — denominada "rectificatoria," donde Ahmed le cedió a Petraglia derechos posesorios sobre fracciones que no le pertenecían: propiedad de María Graciela Palacio (padrón 583.947), de Marcos Antonio González (padrón 384.909) y una fracción sobre la Ruta Provincial 307.
Resultado documentado: Petraglia pasó de ~2.342 m² a ~7.000 m². Sobre esos 7.000 metros cuadrados se levanta hoy el complejo La Madrina.
Las dos prescripciones adquisitivas — expedientes N° 3559/24 y N° 3560/24, presentados el 5 de julio de 2024 con 7 minutos de diferencia — están patrocinadas por la Dra. Patricia Neme (MP 9331): la misma abogada que "le hizo dar cuenta" a Lourdes Parache de que "había sido abusada", la misma que el fiscal Vehils Ruiz pide en indagatoria por trata junto a Cisneros y Petraglia. Petraglia alega posesión desde 2003. Tenía 4 años.
La denuncia de eltucumano solicita la suspensión de los trámites de inscripción en ambas prescripciones como medida cautelar urgente.
El escribano que concentra toda la operación
Las tres escrituras centrales de la cadena dominial — la N° 235 (poder irrevocable post mortem, 1/6/2020), la N° 394 (autocontratación, 27/7/2020) y la N° 644 (cesión de terrenos ajenos, 14/11/2023) — fueron otorgadas ante el mismo profesional: Martín Aníbal Santillán, escribano adscripto al Registro N° 44, Escribanía Tula, calle Salta 89, San Miguel de Tucumán. Las inscripciones definitivas de las escrituras 394 y 644 se realizaron el mismo día: 5 de enero de 2024.
Los escribanos son sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera conforme al artículo 20, inciso 12, de la Ley 25.246. Esto significa que Santillán estaba legalmente obligado a: identificar la condición de Persona Expuesta Políticamente de las partes intervinientes (Resolución UIF 76/2019, art. 4°); aplicar un régimen de debida diligencia reforzada sobre las operaciones que involucraran familiares de PEP (Nota: la sigla PEP refiere a Persona Expuesta Políticamente conforme a la Resolución UIF 76/2019.); y reportar operaciones sospechosas a la UIF conforme a los artículos 21 y 24 de la misma ley, bajo pena de sanción.
Petraglia era empleado de la Caja Popular de Ahorros — la entidad que Cisneros controlaba. Las tres hijas de Cisneros son familiares directas de un diputado nacional. Todas las operaciones se realizaron con capital integrado en efectivo, instrumentos jurídicos complejos (poder post mortem, autocontratación, cesión de posesiones ajenas) y sobre un activo que vale entre USD 3,7 y 5 millones con un capital declarado de $1 millón.
Según las propias hijas de Cisneros — punto 7, página 15 de su escrito de autosatisfactiva contra eltucumano — "ningún sujeto informador ha dado participación a la UIF."
La concentración de operaciones de familiares de PEP en un mismo escribano, todas involucrando capital en efectivo y estructuras jurídicas atípicas, sin un solo reporte a la UIF, configura lo que la normativa GAFI denomina deficiencia sistémica en la aplicación de debida diligencia. Si Santillán no reportó, incumplió. Si reportó y la UIF no actuó, el incumplimiento es institucional. En cualquiera de los dos supuestos, hay una falla en el sistema antilavado que alguien tiene que investigar.
La declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP) que las propias hijas de Cisneros pusieron en juego
Las hijas de un diputado nacional en ejercicio encuadran, por definición legal, en la categoría de familiares de Personas Expuestas Políticamente conforme a la Resolución UIF 76/2019. En todos los actos instrumentados mediante escritura pública, estaban obligadas a declarar esa condición. Si la omitieron o declararon lo contrario: falsedad ideológica, artículo 293 del Código Penal. Si la declararon correctamente: el escribano autorizante quedó obligado a aplicar debida diligencia reforzada y a reportar a la UIF.
Lo notable es que este punto no surge solo de la investigación de eltucumano. Surge del propio escrito de las demandantes contra este medio. En la página 15 de su autosatisfactiva, las hijas incluyeron como agravio:
"No explica cómo ha valuado las cifras que publica mezclando nuestra conducta con lavado de activos, pero ningún sujeto informador ha dado participación a la UIF." Escrito de las hijas de Cisneros por autosatisfactiva — pág. 15, punto 7
La afirmación pretendía refutar a eltucumano confirma exactamente lo que eltucumano señaló como El problema. Y la denuncia federal la convierte en fundamento: que ningún sujeto obligado haya reportado a la UIF no es la refutación del lavado — es el lavado.
En el punto 6 del mismo listado, el escrito avanzaba:
"La declaración de las personas PEP (Personas Expuestas Políticamente) es por ante la oficina anticorrupción con el formulario F 1245 y F 1246 para personas a cargo de la misma. Nosotros no estamos a cargo de ninguna persona PEP (Persona Políticamente Expuesta)." Escrito de las hijas de Cisneros por autosatisfactiva — pág. 15, punto 6
Tres datos involuntarios. Primero: las hijas saben que existe la norma UIF que podría alcanzarlas. Segundo: construyeron una defensa para ese punto. Tercero: esa defensa es jurídicamente incorrecta — la Resolución UIF 76/2019 incluye a los hijos del funcionario como familiares de Persona Políticamente Expuesta con independencia de que sean económicamente dependientes.
La defensa que las hijas escribieron contra eltucumano en la autosatisfactiva se convirtió en la evidencia del incumplimiento que pretendían negar. Y la pregunta que se abre es binaria — no admite tercera opción:
Si las socias declararon no ser familiares de PEP en las actas constitutivas de Malaquita SRL y Emprendimiento Turístico SRL: configurarían falsedad ideológica de instrumento público (art. 293 CP). Las hijas de un diputado nacional en ejercicio que declaran no tener vínculo con un funcionario público mienten en un instrumento que tiene fe pública.
Si las socias declararon correctamente su condición de familiares de PEP: el escribano autorizante — Martín Aníbal Santillán, Registro N° 44 — habría incumplido su obligación legal de aplicar debida diligencia reforzada y de reportar las operaciones a la UIF (arts. 20, 21 y 24 de la Ley 25.246).
En cualquiera de ambos supuestos, se configura un incumplimiento. Lo que declararon las socias en la cláusula PEP de los instrumentos constitutivos — cuyo contenido no consta en el Boletín Oficial pero sí obra en los legajos del Registro Público de Comercio de Tucumán — es el dato que falta para determinar quién es responsable: las otorgantes, el escribano, o ambos.
eltucumano solicitó al Registro Público de Comercio de Tucumán acceso a los legajos societarios de Emprendimiento Turístico SRL (Exp. N° 3156/205-E-20) y Malaquita SRL (Exp. N° 4997/205-2022) para verificar el contenido de las Declaraciones Juradas sobre Condición de Persona Expuesta Políticamente obrantes en los instrumentos constitutivos. La verificación está en curso.
Defraudación a la Caja Popular en Seguros fantasma sin póliza: el circuito financiero paraestatal documentado por eltucumano en la órbita de la Caja Popular
La estructura patrimonial de las hijas y Petraglia no es el único circuito financiero irregular documentado por eltucumano en la órbita de la Caja Popular. La serie "Mafia Paraestatal" reveló que la CPA efectuó un pago de $11.293.000 al futbolista Roberto Néstor Basualdo a través de su aseguradora PopulART (hoy CPA ART), por un supuesto accidente laboral. El problema: el presidente del club cuyo jugador habría estado asegurado — Rubén Bautista Moisello, DNI 13.279.865, presidente del Club Atlético San Martín de Tucumán — declaró bajo juramento ante la Justicia que los futbolistas de su club nunca estuvieron asegurados con la CPA.
La exposición estimada en el caso Arregui — otro jugador del mismo club — ascendería a $450 millones. Por jugadores que su propio presidente juró que nunca fueron asegurados por la entidad que les pagó.
Moisello no es un tercero ajeno a la CPA. Es simultáneamente Coordinador General de Casino de la Caja Popular de Ahorros y presidente del Club San Martín. La doble condición configura un conflicto de interés estructural: la misma persona que administra los ingresos del casino es la que preside el club al que la CPA le pagó millones por siniestros de jugadores que él mismo declaró no asegurados. El circuito no pasa por dos instituciones independientes que coinciden en un pago. Pasa por una persona sentada en las dos sillas.
La CPA que habría pagado esos millones es la misma entidad que Cisneros controló durante 30 años. La misma cuya facturación estimada en ese período superaría los USD 9.500 millones. La misma que no tiene auditoría externa independiente conocida. Y la misma cuya nueva intervención — bajo Guillermo Norry y Antonio Bustamante — designó 13 cargos de Asesor de Gabinete sin concurso por más de $1.165 millones anuales, incluyendo a la esposa del juez que dictó la primera censura previa contra eltucumano.
Las tres fases del lavado según el modelo GAFI
La denuncia plantea el lavado como hipótesis complementaria del enriquecimiento ilícito. La estructura patrimonial descripta exhibe el patrón clásico. Colocación: capital en efectivo integrado en Emprendimiento Turístico SRL ($1.000.000) y pago del terreno por boleto privado ($1.200.000, diciembre de 2019) — diez meses antes de que se constituyera la sociedad. Estratificación: autocontratación, cesión de terrenos ajenos, prescripciones adquisitivas, constitución de Malaquita SRL con objeto financiero ilimitado. Integración: explotación del complejo La Madrina bajo razón social opaca, múltiples inmuebles en barrio norte, sociedad financiera.
El ilícito precedente es exactamente el que investiga la Causa N° 23/2026. La trata de personas figura en las Recomendaciones GAFI como delito precedente idóneo. La denuncia señala que, conforme doctrina y jurisprudencia consolidadas, "no resulta imprescindible la previa condena por el delito precedente: basta la acreditación de indicios serios y concordantes sobre el origen ilícito de los bienes."
El escrito de Robles decía: "No existe respecto de las actoras investigación penal alguna." Ahora existe. La escribieron las propias demandantes con su autosatisfactiva.
Trece medidas de prueba: lo que el juzgado federal tiene por delante
La denuncia de eltucumano solicita trece medidas a la Justicia Federal de Tucumán. Algunas son estándar en investigaciones patrimoniales. Otras apuntan a capas que ningún expediente previo alcanzó.
Levantamiento del secreto bancario, bursátil y financiero desde 2019 hasta la actualidad sobre los cinco denunciados y las dos SRLs. Circular del BCRA a todas las entidades financieras: legajos, extractos, tarjetas, plazos fijos, cajas de seguridad. Caja de Valores: subcuentas comitentes. ARCA (ex AFIP): totalidad de constancias en base EFISCO — declaraciones juradas, bienes registrables, facturación electrónica, fideicomisos, operadores de juegos de azar, participaciones societarias.
Mercado Libre y Mercado Pago: usuarios, movimientos de fondos y — un detalle que no es menor — la totalidad de los IMEI registrados para cada usuario. Binance y Lemon Cash: apertura de billeteras virtuales, operatoria completa en criptoactivos con hashes de cada transacción. UIF: reportes de operaciones sospechosas vinculados a los denunciados. Sinceramientos fiscales y blanqueos en cualquier forma.
Se pide además copia íntegra de las escrituras N° 235, N° 394 y N° 644, otorgadas ante el escribano Martín Aníbal Santillán (Registro N° 44, Escribanía Tula), con verificación de existencia o ausencia de declaración de Personas Expuestas Políticamente en cada una. Y se solicita notificación al Colegio de Escribanos de Tucumán "para las actuaciones disciplinarias que correspondan."
Medidas cautelares urgentes solicitadas: I- Anotación de litis e inhibición general de bienes sobre Carlos Cisneros, Marta María Cisneros, Cecilia Mariana Cisneros, María Mercedes Cisneros, Federico Petraglia, Emprendimiento Turístico SRL y Malaquita SRL · II Prohibición de innovar y enajenar sobre los padrones 583.946, 583.947 y 583.948 del Registro Inmobiliario de Tucumán · III Suspensión de los trámites de inscripción en los expedientes de prescripción adquisitiva N° 3559/24 y N° 3560/24.
De motivo de censura feminista a prueba judicial federal
La denuncia cita como "publicaciones periodísticas de dominio público (base documental verificada)" cinco notas de eltucumano. Las enumera con sus URLs completas. Ninguna fue desmentida por los denunciados:
Notas citadas como base documental en la denuncia FTU 23/2026
- "Las hijas de Cisneros y su operador, dueños de complejo en Tafí del Valle USD 3,7M" · 15/03/2026
- "No soy dueño de nada: las hijas operan una financiera y negocios millonarios" · 17/03/2026
- "No tengo tierra choreada": cadena dominial completa del Registro Inmobiliario · 19/03/2026
- "Doble cerco judicial: piden detención y desafuero en dos fueros a la vez" · 26/02/2026
- "Solicitan indagatoria de Cisneros y se activa el desafuero en Diputados" · 11/03/2026
Estas son las mismas notas que las hijas de Cisneros piden eliminar mediante una autosatisfactiva que invoca la Ley 26.485 de violencia contra la mujer — la misma ley cuyo inciso i) sobre violencia obstétrica Robles citó para pedir la supresión de artículos sobre el Boletín Oficial. Las notas que el escrito de 31 páginas califica como publicaciones que "generan por sí mismas una asociación de irregularidad, sin base objetiva." Las notas cuya "única forma eficaz" de neutralizar es, según el propio Robles, "una respuesta jurisdiccional inmediata que disponga el cese de la conducta lesiva."
Esas notas son ahora base documental de un expediente penal federal.
La "calumnia" que el escrito de Robles pide borrar existe ahora en cuatro lugares: en eltucumano.com, en la causa federal por trata del juzgado Díaz Martínez, en el expediente civil de la autosatisfactiva que Robles mismo presentó, y en la denuncia penal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Cada acción de la maquinaria de censura judicial multiplicó lo que pretendía suprimir.
Escrito Robles — pág. 26
"Las publicaciones no informan sobre hechos en curso de verificación institucional, sino que generan por sí mismas una asociación de irregularidad, sin base objetiva ni posibilidad de contraste."Denuncia FTU 23/2026 — Sección VII.A
"Los hechos denunciados emanan de documentos públicos sistematizados en las siguientes investigaciones de eltucumano.com, ninguna desmentida por los denunciados."El precedente que ya existe
No es la primera vez que este mecanismo de censura se activa contra eltucumano y fracasa. José Hugo Saab — secretario general de la UNT por cuarenta años, aliado de Cisneros, investigado por el desvío de millonarios fondos mineros — intentó suprimir 372 notas de este diario mediante una acción idéntica: tutela autosatisfactiva, Expediente 972/26. El juez Santiago José Peral, del Juzgado Civil y Comercial Común Xª Nominación, la rechazó en todos sus términos el 20 de marzo de 2026.
Peral fue terminante: "Cualquier restricción a la difusión de información de interés público sería una restricción innecesaria y desproporcionada del derecho a la libertad de expresión. Esto es así con mayor razón cuando lo que se requiere es la directa eliminación de información y de opiniones sobre cuestiones de interés público actual."
Y dejó una frase para la doctrina que el escrito de Robles no citó — por razones comprensibles —: "La crítica periodística — aún cuando pueda ser considerada agresiva y hasta de 'mal gusto' — dirigida contra un funcionario público por su actuación en el ámbito de sus funciones no puede justificar la medida solicitada de eliminar la información."
Las hijas de Cisneros citan cuatro veces como precedente favorable el fallo Brand del juez Pedro Yane Mana — excandidato a legislador en la fórmula de José Cano a gobernador —, que en diciembre de 2024 dictó la primera censura previa de la historia judicial argentina contra eltucumano. Recientemente la nueva intervención de la Caja Popular designó como Asesora de Gabinete a Rosana Yolanda Redondo Torino, esposa del juez, sin concurso y por $7,53 millones mensuales. El fallo Peral aplica la doctrina de la Corte Suprema. El fallo Yane Mana inventó una categoría inexistente en la ley: "difusión abusiva de información aunque sea verídica."
La familia Yane Mana- Redondo Torino ahora supera los $20 millones mensuales en sueldos públicos con el erario de todos los tucumanos.
La sexta acción judicial contra eltucumano: el patrón completo
La denuncia federal de eltucumano se produce en el contexto de cinco acciones judiciales coordinadas contra eltucumano en menos de cinco meses, más la acción de Saab — todas activadas cuando la presión judicial sobre Cisneros alcanzó un pico. La CPA ($11/12/2025), Parache ($291 millones, 22/12/2025), Petraglia ($55 millones, 30/12/2025), Saab (372 notas, 27/02/2026) y las tres hijas (autosatisfactiva, 25/03/2026). En el derecho comparado ese mecanismo tiene nombre: SLAPP — Strategic Lawsuit Against Public Participation. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene respuesta: Fallos 315:1943. Los jueces no pueden convertirse en "verdaderos tribunales de censura."
Petraglia, "hijo de cariño" de Cisneros y su operador de campo, quiere que eltucumano le pague $55 millones de pesos por "afectar su buen nombre y honor"
Juan Federico Petraglia tiene 26 años. Empleado de La Bancaria en uso de licencia gremial. Socio de las tres hijas de Cisneros en Emprendimiento Turístico SRL. Integró esa sociedad a los 21 años aportando $100.000 en efectivo y declarando ser "empleado". El complejo La Madrina que esa sociedad opera en Tafí del Valle — ocho cabañas con calificación 9,8 en Booking, restaurante Muppa Cocina Ritual, 7.000 metros cuadrados con la mejor vista del valle — está valuado entre USD 3,7 y 5 millones.
Empleado de 21 años compra el terreno más caro de Tafí del Valle: Plano de mensura para prescripción adquisitiva N°84819/2023, aprobado por la Dirección General de Catastro el 4/10/2023. Poseedor identificado: Juan Federico Petraglia.
El complejo La Madrina se levantó sobre un terreno sin escritura, inscripto a nombre de un tercero. Petraglia tramita su apropiación por prescripción adquisitiva — el mismo procedimiento que Cisneros juró públicamente no haber utilizado jamás.
A quinientos metros exactos por la ruta 307, La Bancaria — el sindicato de Cisneros — adquirió con USD 2 millones de subsidio público aprobado por la Legislatura en 2017 a instancias de Juan Manzur el Hotel Mirador del Tafí. La misma ruta, el mismo kilómetro 61,7, la misma vista del valle. Entre una cosa y la otra, alguien construyó un complejo de USD 3,7 millones en un terreno que ni siquiera tiene escritura.
Es el mismo hombre que el lunes 4 de marzo de 2024 a las 19:30 llamó al Hotel Hilton preguntando por las cámaras de seguridad de la noche del sábado anterior para usarlas en la denuncia de Lourdes Parache, que recién se formalizaría el miércoles 6 de marzo. El gerente general del hotel, Manuel Ramírez, declaró ante la Fiscalía el 26 de noviembre de 2025:
"Lo habían llamado a él para preguntarle si en el Hotel había cámaras por una situación entre los jugadores de Vélez y una chica."
Manuel Ramírez, gerente general Hotel Hilton — declaración ante la Fiscalía, 26/11/2025
La serie de notas de eltucumano que la familia Cisneros quiere borrar. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz incluyó a Petraglia en su dictamen de más de cincuenta páginas solicitando indagatoria por trata de personas junto a Cisneros y Neme, y requirió su prohibición de salida del país.
Ese hombre demandó a eltucumano y a El Federalista por $55 millones el 30 de diciembre de 2025. Pide $20 millones por daño psicológico, $10 millones por gastos de tratamiento y $25 millones por daño moral. Pide que los medios retiren todas las publicaciones sobre su persona. Pide que la Justicia les prohíba volver a escribir sobre él. Pide que las actuaciones queden reservadas, accesibles sólo para él. Su abogado: el ya mencionado Juan Andrés Robles.
Demanda "PETRAGLIA JUAN FEDERICO C/ GARCIA HAMILTON GERMAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
Fecha de presentación de la demanda: 30 de diciembre de 2025. El mismo día en que el juez Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro futbolistas y derivó la causa al fuero federal por trata de personas.
El poder notarial que habilitó a Robles a actuar fue otorgado el 5 de mayo de 2025 en Famaillá mediante la Escritura N°211, ante el escribano público Juan Roberto Robles, Registro N°115. Si existe vínculo familiar, eltucumano continúa verificándolo. El dato objetivo es éste: Petraglia firmó en Famaillá ante un Robles para otorgar poder a otro Robles con el que demanda a eltucumano.
La autosatisfactiva de las hijas es la más descarnada de las cinco: no reclama dinero. Reclama la eliminación inmediata de información pública y la prohibición de publicar en el futuro — "por sí o por interpósita persona", según el petitorio de Robles —, es decir, censura de primer y segundo grado en un solo petitorio. Pero la denuncia federal transforma el tablero: las notas cuya supresión se solicita en sede civil son ahora la base probatoria de un expediente penal radicado en el fuero federal. Suprimir esas notas implicaría suprimir evidencia.
Una nota periodística se refuta con hechos, no con autosatisfactivas. El escrito de Robles no ofrece declaración jurada, contrato de trabajo, herencia, préstamo ni origen verificable. No contradice una sola fuente. No pide que las notas se declaren falsas. Pide que desaparezcan.
Lo que el Juzgado Federal 2 tiene sobre el escritorio.
La denuncia solicita que, una vez acumuladas las actuaciones y reunidos elementos suficientes, se requiera el desafuero de Carlos Aníbal Cisneros ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, "incorporando los hechos de lavado y enriquecimiento ilícito al pedido ya notificado en la Causa N° 23/2026."
La única pregunta que importa es: ¿Cómo una profesora de educación física de 32 años, una empleada del Banco Nación de 39 y una comerciante de 41 acumularon, en menos de seis años, dos sociedades comerciales, seis departamentos de categoría y participación en un complejo hotelero valuado en millones de dólares, mientras su padre declaraba que no era "dueño de nada" y su patrimonio se multiplicaba por 172?
El Juzgado Federal 2 tiene ahora esa pregunta por escrito. Con trece medidas de prueba para responderla.
eltucumano documenta, la Justicia debe hacer su trabajo: maniobras dominiales de Petraglia que con sólo 21 años y recién entrado a la Caja Popular se quedó con uno de los terrenos más caros en Tafí del Valle donde Las Cisneros asentaron el complejo de cabañas de lujo "La Madrina" y el restaurante MUPPA.
PDF DESCARGABLE: Denuncia penal completa — "Valenzuela Julio Rafael s/ denuncia — Enriquecimiento ilícito / Lavado de activos / Falsedad ideológica" (8 páginas, FTU 23/2026). Insertar botón de descarga con el PDF de la denuncia.
Fuentes de esta nota: Denuncia penal "Valenzuela Julio Rafael s/ denuncia — Enriquecimiento ilícito / Lavado de activos / Falsedad ideológica" (8 páginas, FTU 23/2026, Juzgado Federal de Tucumán 2, Secretaría Penal, 15/04/2026) — Constancia de visualización del sistema de escritos electrónicos del Poder Judicial de Tucumán — Escrito de autosatisfactiva "Cisneros Marta y otros c/ Numen SRL y otros" (31 páginas + Escritura 108, Famaillá, 25/3/2026, Registro 115) — Sentencia "Saab José Hugo c/ Numen SRL s/ Tutela Autosatisfactiva," Expediente 972/26, Juzgado Civil y Comercial Común Xª Nominación, juez Santiago José Peral, 20/03/2026 — Boletín Oficial de Tucumán N°30.298 (31/8/2022), aviso 249.782 — Boletín Oficial 29/10/2020, aviso 233.352 — Registro Inmobiliario de Tucumán (padrón 583.947, matrícula T-19136) — Plano N°88419/2023 (Catastro, 4/10/2023) — Declaración jurada Cisneros ante Oficina Anticorrupción (ejercicio 2024) — Resolución UIF 76/2019 — Ley 25.246 — Fallos 315:1943 (CSJN) — Pedido de indagatoria fiscal Vehils Ruiz, 11/3/2026 — Serie "Mafia Paraestatal," eltucumano.com, septiembre 2025–abril 2026.
