Causa Adorni: el juez Ariel Lijo evalúa citar a indagatoria al jefe de Gabinete antes de la feria de invierno
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ingresó en una etapa de definiciones institucionales. El juez federal Ariel Lijo evalúa convocar al funcionario a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, programada entre el 21 y el 30 de julio del corriente año.
La instrucción penal se concentra de forma específica en desentramar los vínculos económicos entre el ministro coordinador y el productor televisivo Marcelo Grandío, titular de la firma Imhouse. Dicha empresa posee actualmente seis contratos de coproducción vigentes con la TV Pública, por lo que el juzgado busca determinar si existieron transferencias financieras de Imhouse hacia Adorni previas a su inserción en la gestión pública, y si esos nexos ejercieron influencia en la posterior rúbrica de los acuerdos estatales.
Aviones privados y facturas bajo sospecha
Uno de los puntos clave del expediente radica en el financiamiento de un viaje de carácter familiar que Adorni realizó a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval de este año a bordo de un avión privado. Si bien el jefe de Gabinete aseveró públicamente haber costeado el traslado, las facturas del servicio no figuran a su nombre.
Según los testimonios recabados por el juzgado, el vuelo de regreso fue abonado por Grandío a través de un broker. Tanto el piloto de la aeronave como el intermediario, Agustín Issin Hansen, ratificaron ante la Justicia que la reserva y la erogación monetaria corrieron por cuenta exclusiva del productor televisivo.
En sintonía, la pesquisa posó la lupa sobre la adquisición de una propiedad de fin de semana en el country Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz. Adorni escrituró el inmueble en noviembre pasado por un monto de 120.000 dólares, destinando de forma posterior una suma aproximada de 245.000 dólares para la ejecución de refacciones que fueron abonadas íntegramente en efectivo. Para verificar la coexistencia de contactos en fechas coincidentes con las firmas de los contratos con el Estado, el juez Lijo ordenó el cruce de llamados telefónicos y geolocalizaciones entre los dispositivos de Adorni, Grandío y su socio, Horacio Silva.
Transición en la fiscalía y movimientos patrimoniales
En paralelo al avance de las medidas de prueba, la causa registró una modificación operativa en el Ministerio Público Fiscal. El fiscal titular Gerardo Pollicita inició un período de licencia, quedando la conducción de la investigación de manera temporal en manos de Franco Picardi, responsable de la Fiscalía Federal N° 5. Desde los despachos judiciales aclararon que el relevo no alterará el curso del proceso y que se dará continuidad a la línea metodológica trazada por el equipo de Pollicita.
La fiscalía mantiene bajo auditoría integral los movimientos de la totalidad de las cuentas bancarias, inversiones y billeteras virtuales del matrimonio Adorni, abarcando los siguientes ítems:
Viajes al exterior y cabotaje: Se analizan 21 traslados a destinos como Madrid, Nueva York, Bariloche, Punta del Este, Gualeguaychú y Aruba por un costo estimado de 41.000 dólares.
Operaciones inmobiliarias: Transacciones bajo la lupa por montos cercanos a los 400.000 dólares.
Pasivos: El examen de deudas por 335.000 dólares que el jefe de Gabinete se comprometió a cancelar antes de noviembre, registrándose que gran parte de dichos desembolsos se ejecutaron en dólares y mediante dinero en efectivo.
