Las universidades inician un paro de 48 horas: se resentirán las clases en las facultades y escuelas de la UNT
El sistema de educación superior del país vuelve a ingresar en una etapa de fuerte parálisis. Las universidades públicas de todo el territorio nacional atravesarán dos jornadas consecutivas sin actividad académica formal debido a un paro nacional de 48 horas programado para hoy y mañana. La medida busca visibilizar la profunda crisis presupuestaria que arrastran las casas de altos estudios y la pérdida del poder adquisitivo del personal docente y no docente.
En Tucumán, la huelga afectará el normal dictado de clases magistrales, la toma de exámenes y las actividades administrativas tanto en las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) como en sus escuelas experimentales.
La medida de fuerza, ratificada a nivel nacional por la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN), estará acompañada a nivel local por un esquema de protestas que incluye asambleas permanentes, movilizaciones y la realización de clases públicas en las calles.
Los ejes del reclamo salarial y presupuestario
Los sindicatos estructuraron el plan de acción directa sobre demandas específicas que profundizan el extenso conflicto con el Poder Ejecutivo Nacional. Los puntos principales del reclamo contemplan:
Frenar la pérdida salarial: Exigir la convocatoria urgente a paritarias para recuperar el 52,1% del poder adquisitivo que, según estimaciones gremiales, perdieron los trabajadores universitarios desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Financiamiento educativo: Reclamar el cumplimiento e implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario validada por el Congreso de la Nación.
Movilización local: En el plano local, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) convocó a concentrar esta tarde a las 15:30 horas en la sede del Rectorado (Ayacucho 491) para marchar de manera conjunta hacia la Plaza Independencia.
Freno judicial y el rol de la Corte Suprema
El conflicto de fondo permanece empantanado desde octubre de 2025, cuando la Casa Rosada decidió frenar la aplicación de la ley aprobada por el Parlamento, trasladando la disputa legal al terreno de la Justicia. Aunque se mencionan intentos informales de abrir una mesa de diálogo entre el Ministerio de Capital Humano y los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), todavía no se formalizó ninguna convocatoria oficial.
La principal preocupación de la administración central radica en el frente judicial que lidera la Procuración del Tesoro. Fuentes gubernamentales admiten que un fallo adverso definitivo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación provocaría un impacto fiscal sumamente complejo para las arcas públicas, estimando que acatar la ley obligaría al desembolso de unos $2,5 billones en concepto de actualización de partidas presupuestarias e IPC salarial atrasado.
Como estrategia para amortiguar un dictamen judicial desfavorable, el Gobierno evalúa ofrecer una transferencia de partidas alternativas contempladas en un proyecto enviado al Congreso en febrero, el cual solo cubre la recomposición del año corriente. Sin embargo, esta alternativa exige que las universidades desistan de las medidas cautelares vigentes, una condición que por el momento es rechazada por los sindicatos, quienes insisten en la reparación de la masa salarial perdida durante los últimos años. /Enterate Noticias
