La suma de todos los males cumple 20 años
A fuerza de reduccionismos, una “constitución” es una carta de derechos con los cuales los ciudadanos limitan el poder de los gobernantes. Tucumán es una excepción. Aquí, la cima del derecho público provincial está coronada por una Carta Magna que, en síntesis, desequilibró la república hasta detonar su funcionamiento. Hoy, la estragada actualidad provincial encuentra en ese digesto toda una matriz. Esa enmienda acaba de cumplir, ayer, 20 años.
La Constitución de 2006 no empodera a los tucumanos, a pesar de que eso fue lo que prometió el oficialismo. En campaña, el alperovichismo imaginaba “qué lindo sería” que los ciudadanos pudieran revocar los mandatos de los representantes del pueblo que hubieran incumplido sus compromisos o incurrido en conductas reprochables. El instituto de la revocatoria de mandatos se incluyó en la ley que habilitó la enmienda, pero la Convención Constituyente nunca lo cristalizó.
Tampoco hay acceso a la información pública. Ni mucho menos disposiciones vinculadas con la ética pública. Así que los contribuyentes no tienen garantizada una respuesta a su consulta acerca de cuál es el uso que se da sus impuestos. En el Congreso de la Nación se publica cuántos colaboradores tiene cada parlamentario, con nombre y apellido de cada asesor. Aquí, cuando el constitucionalista Luis Iriarte intentó durante la gestión anterior obtener esa información, la Legislatura se lo negó. Luego, cuando acudió a la Justicia, le respondieron que revelar esos datos era brindar “información sensible” sobre los empleados públicos. Como si ser estatal fuese una cuestión “delicada”.
No hay más transparencia
Como corolario, los tucumanos tampoco pueden saber cuál es la evolución patrimonial de sus representantes. Mientras que en el orden nacional año tras año se elaboran “rankings” con los funcionarios y los parlamentarios más adinerados, en Tucumán la transparencia es un sueño eterno.
Esta semana, esa opacidad eclosionó en la provincia. El lunes se conoció el caso de una decena de vecinas de Graneros que fueron denunciadas de presuntas amenazas de muerte por la intendenta, Raquel Graneros. La Justicia les impuso órdenes de restricción de acercamiento a las mujeres, algunas de las cuales son cosecheras del limón y debieron vender pan casero para asistir a la audiencia judicial. Justamente, el miércoles se difundió el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, que pone a Graneros a la cabeza de los departamentos más pobres de Tucumán: más del 48% de la población padece privaciones estructurales. El jueves, una investigación del periodista José Sbrocco reveló, en el programa El Avispero, que la mencionada jefa municipal habría adquirido una casa en el más exclusivo country de Yerba Buena. El informe exhibió una planilla de expensas en la que figura alguien con el mismo nombre que la intendenta. Sólo hay silencio en el oficialismo frente a la pesquisa periodística. Es decir, otra vez depende del voluntarismo de las autoridades que el público acceda a información que, en el orden nacional, es pública. Léase: la reforma constitucional no fue para fortalecer la democracia.
Fortalecieron la eternización
Por el contrario, los que salieron fortalecidos fueron los miembros del elenco estable del poder político provincial. La nueva Carta Magna habilitó la reelección consecutiva. Y lo hizo por atropellada. A los que estaban en el poder desde 2003 no les computó ese primer mandato, así que les permitió acceder a dos mandatos consecutivos más. José Alperovich estuvo 12 años consecutivos en la gobernación. Pero, además, estableció que el vicegobernador puede suceder al gobernador. Eso le permitió a Juan Manzur desempeñarse 8 años como presidente de la Legislatura y, luego, 8 años como gobernador. En 2023, la Corte de Tucumán interpretó que podía ser nuevamente candidato a vicegobernador, lo cual fue frenado por la Corte nacional mediante una cautelar. Manzur desistió de postularse y no hubo pronunciamiento sobre el “fondo” del planteo.
El máximo tribunal federal también obturó ese año una nueva candidatura del sanjuanino Sergio Uñac, quien había sido vicegobernador entre 2011 y 2015, y gobernador durante los ocho años siguientes. Uñac insistió y en ese caso sí hubo sentencia de “fondo”. El voto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda hace hincapié en que la forma republicana de gobierno que manda la Constitución Nacional a las provincias reclama periodicidad de mandatos y renovación de los cargos.
Particularmente revelador es el voto de Carlos Rosenrantz. El vocal advierte que es “intolerable” que un mismo dirigente se mantenga 16 años consecutivos, alternativamente, en cualquiera de los dos cargos más importantes de la provincia. Además de lo dicho por sus pares, agrega que ello afecta la independencia judicial, porque ese político incide directamente en la designación de los jueces (como gobernador, los propone; como vice, preside la Legislatura que da acuerdo a los nombramientos). También influye en aquellos que tienen la potestad de destituir a los magistrados. Es decir, alguien que permanece 16 años seguidos en lo más alto del poder encarna la promesa de llegar a la judicatura. Y también la amenaza de ser destituido. A ello se suma, alerta Rosenkrantz, la lesión del control político, porque ese dirigente dispone de amplísimos presupuestos públicos, que puede usar directa o indirectamente en beneficio de su reelección y, con ello, afecta la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos electivos. La democracia no sólo demanda de elecciones periódicas: reclama que esos comicios sean efectivamente competitivos.
El “fallo Uñac” representa toda una contingencia en el proyecto continuista de los sectores oficialistas que promueven la reelección de Osvaldo Jaldo, quien ya acumula 8 años como vicegobernador y en 2027 completará 4 como mandatario provincial. A su favor tiene el precedente de Manzur. En contra, el hecho de que la reelección manzurista no fue judicializada. Ahora hay jurisprudencia que cuestiona la posibilidad de 16 años de permanencia en lo alto del poder político.
No podaron el nepotismo
Con lo que no hay ninguna contingencia es con el continuismo familiar. La Constitución de 2006 no contiene ninguna restricción contra el nepotismo. Hoy, sólo en 5 de los 19 municipios el actual intendente no es pariente del anterior. Pero hay árboles genealógicos más extendidos. Sus ramas se prolongan, además, en la Legislatura, en el Congreso de la Nación o en la Casa de Gobierno.
Todo ello, sazonado con un régimen electoral, el “acople”, que es una licuadora de representación. Hoy, votan leyes para 1,8 millón de tucumanos legisladores consagrados con menos de 11.000 votos, obtenidos en cuartos oscuros donde había centenares de boletas.
El número de “acoples” pudo haber sido limitado, porque la Carta Magna de 2006 lo permite. Pero los que gobiernan desde hace 20 años decidieron no cumplir con las mandas constitucionales que limitan la discrecionalidad del poder político. Aunque el peronismo nunca tuvo menos de los dos tercios de la Legislatura, no dictó la Ley de Régimen Electoral que debía aprobar antes de que terminara 2006. Ni la Ley Reglamentaria de Voto Electrónico, en el mismo plazo. Ni la Ley Reglamentaria de la Autonomía Municipal, que debía sancionarse antes de que terminara 2007.
Eso sí: eliminaron de la Ley Fundamental el límite presupuestario que obligaba a las municipalidades a destinar el 50% de sus partidas a obras públicas. Desde 2006 no hay tope para el gasto político.
El resultado de la institucionalidad alumbrada por la Constitución alperovichista, 20 años después, es nefasto. Los gobiernos no son más dignos. Y los tucumanos tampoco somos más libres. /Enterate Noticias
