La sombra de la «narcopolítica» sobre Tucumán: la acusación de José Cano que interpela al sistema de poder
La incautación de un cargamento multimillonario de estupefacientes en el sur tucumano dejó de ser un simple golpe policial para transformarse en una crisis de sospechas institucionales. Al utilizar de manera explícita el término “narcopolítica”, el legislador José Cano corrió el eje de la discusión tradicional sobre la seguridad y encendió las alarmas en el corazón del poder provincial: la sospecha ya no ronda sobre la delincuencia común, sino sobre la presunta convivencia, financiamiento y amparo de estructuras criminales dentro del propio Estado.
El quiebre se produjo luego de que las fuerzas de seguridad interceptaran 470 kilos de cocaína en la localidad de Río Seco, uno de los operativos más voluminosos de la historia de Tucumán. Para el radical, la envergadura de este cargamento es la prueba fáctica de que las redes del narcotráfico ya cuentan con terminales y terminales con llegada a los ámbitos municipales, políticos y económicos de la provincia.
Las conexiones: Famaillá y Alberdi
El núcleo de la denuncia de Cano descansa sobre dos antecedentes inmediatos que comprometen al arco político:
La pista de Famaillá: El arresto de un sospechoso vinculado al cargamento que habría tenido una participación política activa en dicha municipalidad.
El factor Luis Campos: El recuerdo del escándalo protagonizado por el exintendente de Juan Bautista Alberdi, quien tiempo atrás quedó expuesto en grabaciones donde se jactaba abiertamente de controlar el movimiento de drogas en su jurisdicción.
Para el legislador, la Justicia no puede limitar su éxito a interceptar choferes o secuestrar camionetas en las rutas. La hipótesis de la «narcopolítica» obliga a responder la pregunta más incómoda del poder: quiénes actúan como facilitadores locales y quiénes se benefician económicamente con el libre tránsito de sustancias en el territorio, con el riesgo latente de que estos fondos terminen colonizando zonas vulnerables o financiando campañas electorales.
De un hallazgo casual a la sospecha de los «vuelos narcos»
La logística desplegada para mover los 470 kilos de cocaína por la ruta nacional 157 echó por tierra cualquier idea de una maniobra improvisada. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el cargamento llegó a la región a través de vías aéreas antes de ser fraccionado y trasladado de manera terrestre en una camioneta. De confirmarse que la provincia es utilizada para «enfriar» cargamentos en campos y depósitos, Tucumán se consolidaría como un centro estratégico de acopio y distribución para todo el Noroeste Argentino (NOA).
No obstante, Cano puso el dedo en la llaga respecto a la efectividad de las fuerzas de seguridad. Advirtió que el histórico golpe contra el narcotráfico no fue el resultado de tareas de inteligencia criminal coordinadas, sino el producto de un hallazgo puramente casual en un control vial de rutina. Si la detección de cargamentos de esta escala depende exclusivamente del azar, el sistema de control estatal exhibe una debilidad estructural alarmante.
La ruta del dinero y la respuesta del oficialismo
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz tiene ahora la responsabilidad de desarmar la cadena de mandos que operaba detrás de los detenidos para identificar a los financistas y determinar el alcance real de las conexiones locales. En este sentido, Cano remarcó la urgencia de golpear el circuito económico de las bandas, investigando el lavado de activos a través de testaferros, comercios, vehículos e inmuebles que logran insertarse en la economía legal.
La gravedad de la denuncia sitúa al oficialismo provincial en una encrucijada. Ante un planteo de semejante magnitud institucional, la respuesta gubernamental no puede reducirse a una mera chicana discursiva para intentar desacreditar al denunciante por su condición de opositor. Si la hipótesis es infundada, la Justicia penal deberá demostrarlo; pero si existen elementos reales, la minimización o el silencio oficial se volverán políticamente insostenibles para una provincia que no puede naturalizar que el poder narco camine por los pasillos del Estado. /Café Prensa
