Aportan nuevas pruebas a la causa contra la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, sumó en los últimos días nuevas pruebas aportadas por los denunciantes, quienes buscan acreditar el vínculo de la funcionaria con una propiedad ubicada en el country Las Yungas Country, cuya operación inmobiliaria se estima en al menos 1,2 millón de dólares.
La nueva presentación fue realizada ante la Fiscalía Regional del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Diego Sebastián Hevia, e incorpora publicaciones de dos inmobiliarias que, según los denunciantes, ofrecían en venta el inmueble durante 2024. El objetivo es identificar quién autorizó la comercialización de la propiedad y quién era su titular antes de concretarse la operación.
En diálogo con Tendencia de Noticias, el abogado y excandidato a intendente de Alberdi, Luis María Díaz Augier, uno de los denunciantes, explicó que las nuevas medidas buscan reforzar la investigación iniciada semanas atrás. "Esto se inició una vez que tomamos conocimiento de la investigación periodística que estaba haciendo José Sbroco en el medio Enterate Play. Nosotros investigamos un poco más en profundidad y pudimos dar con una liquidación de expensas del country Las Yungas, donde figura la intendente Raquel Alejandra Graneros como consorcista", señaló.
El letrado recordó que esa documentación ya ha sido incorporada al expediente porque, a su criterio, constituye "una prueba indiciaria muy importante", ya que "vinculaba a la funcionaria con el inmueble objeto de investigación".
Pedido de más documentación al country
Díaz Augier explicó que, a partir de esa presentación, solicitaron que la fiscalía librara un oficio al country para determinar en qué carácter figura Graneros respecto de la propiedad. "Hemos pedido que informen si efectivamente la funcionaria era consorcista y que acompañen toda la documentación que tengan en su poder; si figura como propietaria o locataria del inmueble y en calidad de qué lo ocupa", detalló.
Sin embargo, aseguró que la respuesta remitida por la administración del country fue insuficiente. "Cuando fuimos a consultar con el fiscal nos informaron que el informe del country fue medio vago. No aportaron ni siquiera el número de documento de la señora Raquel Alejandra Graneros ni otra documentación. Solo alegaron que se trataba de una nueva administración y que todavía no contaban con el resto de la información", afirmó.
Ante esa situación, indicó que la fiscalía volvió a requerir la documentación completa.
Como parte de las nuevas pruebas, los denunciantes también presentaron el reglamento interno de administración del country.
Según explicó Díaz Augier, el artículo 12 establece la obligación del administrador de llevar distintos registros, entre ellos el libro de propietarios y ocupantes. "En base a ese reglamento solicitamos que se requiera toda la documentación vinculada a los dos lotes de los cuales sería propietaria la señora Graneros", indicó Díaz Augier (foto inferior).
El rol de las inmobiliarias
La última presentación, concretada esta semana, incorpora además publicaciones realizadas durante 2024 por dos firmas inmobiliarias que promocionaban la venta de la propiedad. "Esta semana ofrecimos como prueba las publicaciones que hicieron dos inmobiliarias del medio. Una es Urban Network y la otra Administradora SH. Las dos publicaron en venta esta propiedad durante 2024", explicó Díaz Augier.
A partir de ese hallazgo, solicitaron que la Justicia requiera información a ambas empresas. "Pedimos que informen quién autorizó la venta para identificar quién era el propietario antes de celebrarse esta operación. Entendemos que esa persona también puede aportar información sobre a quién se le vendió, o incluso si existió un contrato de alquiler o un comodato", sostuvo.
El abogado remarcó que el objetivo es "ir armando este rompecabezas" mediante la incorporación permanente de nuevos elementos probatorios.
Díaz Augier afirmó que, por ahora, intervienen únicamente como denunciantes, aunque advirtió que podrían solicitar el rol de querellantes si consideran que la investigación requiere un mayor impulso. "No descartamos presentarnos como querellantes. Si hace falta apretar el acelerador, no te quepa ninguna duda de que lo vamos a hacer", aseguró.
Explicó que esa condición les permitiría requerir directamente distintas medidas de prueba. "Si vemos que no hay colaboración del country o que las inmobiliarias no evacúan los informes, vamos a pedir incluso allanamientos. Es una medida que debe autorizar un juez de garantías, pero no descartamos solicitarla", indicó.
Consultado sobre la posibilidad de que la fiscalía adopte medidas en el corto plazo, el abogado sostuvo que ya existen elementos suficientes para avanzar. "Hay elementos. Si el fiscal entiende que la información es ambigua o advierte que el administrador del consorcio no está aportando la documentación que el propio reglamento dice que debe conservar, tiene facultades para solicitar un allanamiento ante un juez", manifestó.
La denuncia
Hace tres semanas, el legislador provincial Manuel Courel, el concejal de Simoca, Luis Escobar y el abogado Díaz Augier denunciaron penalmente a la intendenta Raquel Graneros para que la Justicia investigue la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
La presentación, realizada ante el Ministerio Público Fiscal, solicita determinar si existió un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública y pone el foco en la adquisición de una vivienda ubicada en el country Las Yungas de Yerba Buena, cuya valuación rondaría los 1,2 millón de dólares. Los denunciantes sostienen que esa operación no guardaría relación con los ingresos públicos conocidos de la jefa municipal y pidieron que se investigue el origen de los fondos utilizados para concretarla.
“De acuerdo a publicaciones periodísticas que adjunto, que son de público conocimiento, la denunciada habría adquirido un inmueble identificado como lotes 70 y 71 del Sector 12 del Country Las Yungas, de la ciudad de Yerba Buena, por una suma superior a un millón de dólares (U$S 1.000.000), con dinero en efectivo”, sostiene la presentación.
Los denunciantes consideran que la compra presenta elementos que justifican una investigación judicial. “Esta adquisición resulta a todas luces sospechosa, dado que la denunciada no registra otro antecedente laboral que no sea su condición, al momento de la operación, de intendenta de la ciudad de Graneros”, afirmaron.
El escrito agrega que la capacidad económica necesaria para concretar una operación de semejante magnitud “evidencia un posible enriquecimiento ilícito por parte de dicha funcionaria, quien no podría justificar ingresos que avalen tamaña operación inmobiliaria”. /Tendencia de Noticias
