Aumenta el taxi: la bajada de bandera pasa a $1.200 en San Miguel de Tucumán

A partir de este miércoles 8 de julio, el servicio de taxis en San Miguel de Tucumán comenzará a operar con un nuevo esquema tarifario tras confirmarse la promulgación de la ordenanza por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, según informó el periodista Gabriel Toledo para Tendencia de Noticias. Este ajuste, que representa un incremento del 33%, busca mitigar el impacto de una crisis económica que el sector define como crítica, marcada por el encarecimiento de insumos básicos y combustibles. Sin embargo, la actualización del precio convive con un clima de tensión por la competencia de las aplicaciones de transporte, donde el gremio denuncia una falta de cumplimiento de las normativas vigentes y advierte por un posible «caos» ante el inminente inicio del secuestro de vehículos no habilitados.

La secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano, le ratificó la vigencia de la norma al presidente de la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán, Julio Rodríguez. “Me confirmó ella de que estaría promulgada este martes, o sea, que a partir de la 00.00 horas del miércoles ya pueden cambiar la tarifa e iniciar el proceso técnico en los relojes de los autos; de esta forma pasaría de $900 a $1200 la bajada de bandera y de $90 a $120 la ficha”, detalló el dirigente a Tendencia de Noticias.

Rodríguez justificó la necesidad de la suba aludiendo a un desfasaje con los costos reales de vida: “Esto viene a paliar la situación ante la crisis que venimos soportando, con una inflación mentirosa, porque vos hoy vemos que por medio de paritaria te exigen un 1% un 2%… y tenemos cosas como la carne, el pan que aumentan un 30, un 40, un 45%. El mismo combustible aumentó muchísimo este último tiempo; el GNC aumentó dos veces en lo que va este mes”. En cuanto a la implementación técnica, remarcó que se mantendrán los controles de seguridad: “hay muchos de los autos que fueron a inspección que tienen un precinto. Seguramente que aquellos que no le puedan volver a colocar harán el control de nuevo, es un sistema de seguridad para que no puedan modificar la tarifa en el reloj”.

Votación dividida en el Concejo Deliberante

Este incremento fue el resultado de una votación dividida en el Concejo Deliberante de la capital, donde el oficialismo peronista y sus aliados lograron imponerse por 9 votos contra 7. La medida fue rechazada por la oposición (UCR, Fuerza Republicana y PJS), que advirtió sobre el golpe al bolsillo de los usuarios y el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados, los principales clientes del sector.

Intimaciones municipales y el conflicto con las Apps

En paralelo a la suba de la tarifa, el foco del conflicto se desplaza hacia las aplicaciones de movilidad como Uber y DiDi. Según informes municipales, a seis meses de la reglamentación, ninguna de las plataformas cumple íntegramente con la Ordenanza N° 5.483. De las tres firmas, solo Cabify se registró —aunque no tributa el canon TEM—, mientras que Uber y DiDi no presentaron documentación ni los listados mensuales de conductores. Ante este escenario, la Municipalidad envió cartas documento otorgando un plazo perentorio de 10 días para regularizar la situación bajo apercibimiento de sanciones.

Rodríguez respaldó este accionar municipal al señalar la búsqueda de una competencia justa. “Pedimos que realmente exista la igualdad de condiciones. Nosotros estamos tratando de que se cumplan las normativas… nos enteramos que desde el municipio han mandado carta documentos tanto a Uber, a Didi porque no están cumpliendo con las normativas. Esto no tan solo está pasando en Tucumán, ha pasado en Córdoba, está pasando en todas las provincias y está pasando en el mundo”, explicó el gremialista.

La estrategia judicial de los taxistas enfrentó un nuevo obstáculo. La medida cautelar presentada por la Federación contra Uber fue rechazada inicialmente y, recientemente, la Cámara Civil y Comercial se declaró incompetente para seguir entendiendo en la causa, remitiendo el expediente al fuero Contencioso Administrativo. Rodríguez expresó su frustración ante esta dinámica: “hemos presentado una medida cautelar hace ya más de un año. Venimos de rebote en rebote (sic), pasada una instancia donde nos dieron negativo y pasamos a otra instancia a donde directamente los jueces dicen que no, que a ellos no les corresponde tratar”.

El dirigente advirtió que la falta de información de las plataformas hacia sus «socios conductores» podría derivar en un conflicto social. “En realidad esto va a terminar en un caos porque seguramente van a salir a secuestrar (desde el municipio) y los socios conductores no saben de esta reality… que si ellos no están inscriptos, que van a ser secuestradas las unidades si no cumplen con el carnet, con el seguro para terceros”, alertó Rodríguez.

Finalmente, el sector apuesta a una solución de fondo a través de un anteproyecto presentado en la Legislatura para modificar la Ley 7770 (Registro Provincial Computarizado de prestatarios del servicio de Taxis, Remises y Autos Rurales). La intención es integrar a las plataformas en un registro oficial con normas claras. “Queremos que se incluya las plataformas… estarían ingresando en la ley donde se registra toda una serie de procesos que van a tener que cumplir, es por cuestión de seguridad y de igualdad de condiciones. Nosotros no queremos que ningún trabajador quede afuera, pero sí pretendemos que las reglas sean claras”, concluyó. /Enterate Noticias