La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo suma un nuevo y complejo capítulo en los tribunales federales. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick dictó una resolución de fuerte impacto técnico. El magistrado habilitó la tramitación de una acción colectiva iniciada por los profesionales del derecho. El planteo cuestiona de manera directa las modificaciones que afectan las tareas en los tribunales del trabajo. Los demandantes sostienen que las nuevas reglas quiebran pautas constitucionales básicas y profundizan un escenario de desprotección e inseguridad ciudadana en el plano normativo.
Impugnación a las costas solidarias y freno al ejercicio profesional
Por un lado, las especificaciones del fallo convalidan la legitimación del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) para representar al sector. La demanda busca declarar la inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802. Los letrados argumentan que el artículo 10 introduce un esquema de castigo inédito. La norma pretende hacer responsables solidarios a los abogados por el pago de las costas ante una mera sobreestimación de los montos reclamados. Los profesionales advierten que esta medida funciona como una coacción objetiva que achica las opciones de demandar.
Por otro lado, el expediente judicial ya quedó asentado formalmente en el Registro de Procesos Colectivos. El grupo afectado abarca a los abogados y abogadas matriculadas ante el CPACF que litigan en el fuero laboral de forma activa. Los amparistas manifestaron que el nuevo ordenamiento les impide ejercer libremente su profesión en el territorio. El texto legal los expone a responder con su propio patrimonio sin que se verifique una conducta maliciosa o temeraria en el proceso técnico del juicio.
Cuotas en los honorarios y separación de la causa de la CGT
Efectivamente, el segundo punto de conflicto se enfoca en el artículo 56 de la mencionada reforma laboral. La normativa abre la posibilidad de abonar las sentencias del fuero del Trabajo en cuotas y coloca topes estrictos a las costas del juicio. La conducción de los abogados afirmó que esta regulación violenta el derecho a una retribución justa. La mecánica propuesta obligaría a los profesionales a percibir sus ingresos en seis o doce mensualidades consecutivas. La presentación judicial remarca que la medida desconoce el carácter alimentario de los honorarios y genera una discriminación frente a otros fueros.
Finalmente, el juez Cormick rechazó una solicitud para unificar este expediente con la demanda colectiva que lidera la CGT. El magistrado aclaró que las causas deben continuar su trámite por carriles separados. Si bien ambas presentaciones atacan los mismos artículos de la ley, las tripulaciones representadas persiguen intereses diferentes: la central sindical defiende a los trabajadores, mientras que el Colegio Público protege a los matriculados laborales. La presidenta del CPACF, Alejandra García, celebró la resolución judicial y reafirmó que darán batalla contra las reglas que dañan el normal ejercicio de la abogacía. /Enterate Noticias
