Paro en los puertos de todo el país: motivos de la medida de fuerza que paraliza el comercio
La actividad en los puertos argentinos quedó afectada por un paro de alcance nacional impulsado por los principales gremios marítimos y portuarios, que rechazan la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei para desregular un sector considerado estratégico para el comercio exterior.
La protesta surgió luego de la publicación del Decreto 690/2026, una norma promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que introduce una profunda modificación en el régimen del practicaje y pilotaje, además de otros aspectos vinculados con la actividad marítima y fluvial.
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa apunta a modernizar el sistema, eliminar regulaciones que consideran obsoletas y generar un esquema más eficiente para reducir los costos logísticos, con la expectativa de mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.
Sin embargo, los sindicatos aseguran que la reforma altera pilares fundamentales del régimen laboral vigente y representa un retroceso en materia de derechos de los trabajadores. Además, cuestionan que los cambios hayan sido implementados mediante un decreto y reclaman la apertura de una instancia de negociación antes de su aplicación.
El paro portuario afecta el movimiento de mercaderías
La medida de fuerza repercute sobre la operatoria de los principales puertos del país y mantiene bajo presión la logística de exportaciones e importaciones, con posibles demoras en el traslado de mercaderías destinadas tanto a los mercados internacionales como al abastecimiento interno.
Uno de los sectores que protagoniza la protesta es el de los prácticos y pilotos, responsables de conducir y maniobrar los buques en ríos, canales y pasos de la Hidrovía. La suspensión de sus tareas provocó la paralización del tránsito de embarcaciones que transportan granos, insumos energéticos y distintos tipos de cargas.
El Gobierno intimó a levantar el paro en los puertos
Frente al impacto que el conflicto genera sobre el comercio internacional, el Gobierno decidió avanzar con una intimación formal dirigida a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que retomen de inmediato sus funciones.
La Prefectura Naval Argentina (PNA), en su rol de autoridad de control operativo y disciplinario, notificó de manera individual a 536 prácticos para que se reincorporen al servicio regular en los puertos del país.
Al mismo tiempo, la fuerza de seguridad advirtió que quienes mantengan la interrupción de sus tareas podrían enfrentar sumarios administrativos y denuncias penales por la posible comisión de delitos vinculados al entorpecimiento del transporte por agua y a conductas que comprometan la seguridad de la navegación. Según la normativa vigente, esas figuras contemplan penas de hasta ocho años de prisión.
Qué cambia el Decreto 690/2026
La nueva normativa reemplazó el régimen que regulaba la actividad desde 1991 e introdujo una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.
Entre las principales modificaciones figura la creación de un registro público de profesionales administrado por la Prefectura Naval Argentina, la eliminación de restricciones para el ingreso a la actividad y la posibilidad de que los usuarios comerciales elijan libremente a los prestadores del servicio.
Además, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) quedó facultada para fijar topes tarifarios y exigir la publicación transparente de los costos de las prestaciones.
El decreto también eliminó la división obligatoria por tramos geográficos, que imponía el cambio de práctico durante un mismo recorrido, flexibilizó el desplazamiento del personal y amplió las excepciones de contratación para determinadas embarcaciones. /Crónica
