El costo real de una banca en Tucumán: la millonaria logística que exige la campaña de 2027

A pesar de que la Constitución de Tucumán exige únicamente ser ciudadano argentino, contar con un mínimo de 25 años de edad y acreditar dos años de residencia ininterrumpida en la provincia para acceder a un escaño legislativo, la contienda política impone una exigencia no escrita pero determinante: la capacidad financiera para sostener una campaña de gran escala. Con los comicios provinciales convocados para el 9 de mayo de 2027, el armado logístico y económico de las listas se convirtió en una prioridad urgente tanto para el oficialismo como para la oposición.

La atención vuelve a concentrarse de manera particular en San Miguel de Tucumán, la Capital y principal distrito electoral de la provincia. En las elecciones de 2023 compitieron allí 40 listas —la mayoría correspondientes a acoples del peronismo y de sectores opositores— para disputar las 19 bancas de la sección. Sin embargo, la sobreoferta de candidatos no amplió las oportunidades de éxito. Referentes del sector estiman que el piso de votos necesario para ingresar a la Cámara sufrirá un incremento de entre 2.000 y 4.000 sufragios respecto de la última elección, superando el piso anterior de 10.000 votos, lo que eleva significativamente el nivel de exigencia para cualquier candidato.

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Aunque la campaña formal se iniciará el 9 de abril de 2027, las agrupaciones políticas ya comenzaron a reservar cartelería, alquilar búnkeres locales y presupuestar los rubros centrales de la jornada electoral. Ante la vigencia del sistema tradicional de papel, los dirigentes de mayor recorrido indican que una lista competitiva necesita imprimir un volumen equivalente a tres padrones de la Capital, es decir, unos 1,5 millones de papeletas para abastecer las 1.400 mesas y garantizar el reparto domiciliario. A un valor estimado de 20 pesos por boleta simple de un solo color, la inversión mínima requerida en este punto alcanza los 30 millones de pesos.

A la impresión de votos se suma el enorme costo de la fiscalización y el control de las mesas. El esquema para remunerar a los fiscales contempla montos cercanos a los 50.000 pesos por persona, a los que deben sumarse otros 50.000 pesos destinados a viáticos de traslado y alimentación. Garantizar la presencia de colaboradores en todas las escuelas capitalinas demanda cerca de 140 millones de pesos, presupuesto que se incrementa si se agregan coordinadores y fiscales generales. Para abaratar costos, diversos espacios analizan compartir estructuras de control o implementar esquemas de doble fiscalización junto a los postulantes a concejales.

La visibilidad pública y la logística del día de la elección completan el presupuesto de campaña. El despliegue gráfico básico con un centenar de carteles parte de los 5 millones de pesos, mientras que los operativos más voluminosos de hasta 2.000 estructuras representan costos de entre 40 y 50 millones de pesos, sumados a las pautas digitales en redes que oscilan entre 300.000 y 600.000 pesos mensuales. Finalmente, el traslado de electores desde los barrios hacia las escuelas constituye uno de los gastos más pesados. Si un candidato moviliza a unas 30.000 personas a un costo proyectado de 5.000 pesos por pasajero, ese operativo requeriría unos 150 millones de pesos.

La sumatoria de estos componentes, junto a la organización de actos, sonido, catering y las tradicionales pintadas callejeras, demuestra la imposibilidad de fijar una cifra única. Mientras algunas listas intentarán competir con presupuestos de austeridad, los armados con mayor ambición proyectan desembolsos de cientos de millones de pesos e incluso montos calculados en moneda extranjera para asegurar una banca en un escenario donde una pequeña diferencia de votos define el resultado. /Contexto