Polémica decisión: el Tribunal de Cuentas archivó millonaria causa por desvío de fondos pese a tener irregularidades comprobadas

El Tribunal de Cuentas de Tucumán tomó una polémica decisión al archivar de manera definitiva la Comprobación Sumaria por presuntas irregularidades financieras dentro del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA). La causa involucraba a Ricardo Alberto Bringas, exgerente administrativo del Programa Integrado de Salud (PRIS), quien retuvo tributos por $132.298.320,63 durante el último trimestre de 2023 (septiembre, octubre y noviembre) y los desvió deliberadamente a otros fines en lugar de depositarlos en los entes recaudadores correspondientes. Pese a que el propio exfuncionario confesó la utilización de estos fondos fiscales durante el sumario, el máximo organismo de control dio por concluida la investigación mediante el Acuerdo N° 3470 emitido en septiembre de 2026 sin exigirle ninguna responsabilidad patrimonial.

La maniobra irregular se gestó al aplicar cuantiosas retenciones impositivas —Ingresos Brutos, TEM, Ganancias y SUSS— a diversos proveedores, omitiendo ingresarlas en las declaraciones juradas para su posterior pago. Los reportes de la auditoría interna revelaron un auténtico caos administrativo, detallando que el sector operaba sin libros contables actualizados y utilizaba planillas informales de Excel manipulables que presentaban severos errores de cálculo y alícuotas. Al ser interpelado, Bringas admitió haber destinado el dinero del fisco para adquirir bienes informáticos y mamógrafos en septiembre, fondos de funcionamiento en octubre y medicamentos e insumos de laboratorio en noviembre de 2023, una infracción por la cual ya había recibido una sanción disciplinaria previa de 45 días de suspensión dictada por las autoridades sanitarias mediante la Resolución N° 1703/SEAC.

A pesar de estas contundentes pruebas documentales y confesionales, el Tribunal de Cuentas justificó el archivo del expediente argumentando una supuesta imposibilidad técnica para cuantificar un daño económico real para las arcas del Estado. Según consta expresamente en el acuerdo, la actual gerencia administrativa del PRIS manifestó su incapacidad para determinar con exactitud si existía deuda impositiva remanente y no pudo constatar si el organismo debió afrontar el pago de multas o intereses por la demora fiscal. Esta falta de información certera se convirtió, paradójicamente, en el salvoconducto legal utilizado por los vocales Miguel Chaiben Terraf, Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal para desestimar cualquier tipo de recupero económico.

El polémico fallo del organismo contralor establece un peligroso precedente administrativo, ya que termina consagrando la impunidad basándose en el desorden contable generado dentro del propio organismo investigado. Los magistrados concluyeron formalmente que la sola existencia de groseras irregularidades o graves incumplimientos procedimentales no resulta suficiente para sustentar un cargo patrimonial si no se demuestra de forma objetiva un perjuicio financiero directo, cierto y cuantificable. De este modo, la causa fue enviada definitivamente al archivo administrativo, dejando sin ninguna consecuencia económica ni resarcimiento uno de los desmanejos de retenciones tributarias más graves del sistema de salud. /Enterate Noticias