La Armada Argentina denunció maniobras ilegales con el pago de sueldos

La presentación estuvo a cargo del capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada. Varias fuentes consultadas por Infobae admitieron que el perjuicio bajo análisis podría ascender a los $1.500 millones, aunque esa proyección no forma parte del escrito al que accedió este medio.

El caso surgió en febrero de 2026, durante la revisión de los haberes de enero. Cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. Devolvieron el dinero y la fuerza amplió la auditoría sobre períodos anteriores para determinar si se trataba de fallas aisladas o de una operatoria deliberada.

Esa revisión permitió detectar diferencias entre las liquidaciones, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco de la Nación Argentina. De acuerdo con la presentación judicial, hubo pagos por conceptos que no figuraban en las liquidaciones, importes incluidos en los lotes bancarios que no aparecían en los recibos, duplicaciones y acreditaciones a personas cuyo vínculo con la fuerza no pudo establecerse al inicio de la pesquisa.

Cómo era la maniobra investigada

De acuedo con denuncia a la que accedió Infobae, la intervención se producía en un tramo sensible del circuito de pagos. Los controles habituales se efectuaban sobre la liquidación de haberes, pero, antes de la transmisión definitiva al Banco Nación, determinados registros eran alterados para elevar importes o incorporar pagos sin respaldo en haberes legítimamente liquidados.

El expediente describe un segundo paso para ocultar esas diferencias. Una vez confeccionados los archivos destinados a la acreditación, “los registros eran restituidos a sus valores originales”. Así, las modificaciones no quedaban reflejadas en los recibos publicados en el sistema Haberes-Web: el archivo remitido al banco podía ordenar un pago distinto del que luego figuraba en el recibo

Hasta ahora, la investigación administrativa estableció un total de $981.148.567,88 en acreditaciones irregulares. El análisis sigue en curso y fuentes al tanto del expediente estimaron que el número de personas investigadas podría acercarse a 50. La presentación judicial identifica, por el momento, a 23 personas, entre uniformados y civiles.

La Armada confirmó que abrió actuaciones administrativas tras advertir inconsistencias en las acreditaciones de sueldos. En un comunicado, informó que, una vez constatadas las irregularidades, presentó la denuncia -que quedó radicda ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos- para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades.

LaDirección de Administración Financiera formó una comisión con especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos. Los investigadores revisaron los equipos empleados para preparar y transmitir los archivos de pago, preservaron los dispositivos y cotejaron, mes a mes y de forma individual, los datos de los sistemas de haberes con las acreditaciones bancarias.

La auditoría ubicó el inicio de las irregularidades en julio de 2022 y su continuidad hasta enero de 2026. No se detectaron casos similares en el mes previo ni en los posteriores que fueron analizados. Para los investigadores, la repetición de los pagos, la recurrencia de beneficiarios y los cambios posteriores a los controles descartaban que fueran meros errores de procesamiento.

Cuatro civiles habrían cobrado $434 millones

Entre los 23 identificados hay militares en actividad y retirados, personal civil permanente y contratado, jubilados y cuatro personas sin relación laboral o funcional con la Armada. Estas últimas concentraron $434.200.718,04, el 44,25% del total detectado.

La denuncia consigna que una persona de apellido Prieto recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86; otro acusado 47 por $99.496.225,47; una tercera persona 46 por $91.978.048,38; y una cuarta mujer 45 por $90.466.948,33. En conjunto, las cuatro personas cobraron 184 acreditaciones.

Prieto es esposa del capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien entonces se desempeñaba como jefe del Departamento Revista y es el principal acusado de haber organizado esta maniobra. Está individualizada como quien recibió el monto más alto entre los 23 beneficiarios identificados.

El papel atribuido a Atanasoff es uno de los puntos centrales de la denuncia. Durante las actuaciones administrativas, reconoció conocer las acreditaciones hechas a las cuatro personas ajenas a la fuerza y afirmó que los pagos se cargaban de forma manual.

Según el escrito, el oficial declaró que la finalidad era “favorecer económicamente a dichas personas” y que él resolvía las operaciones, los beneficiarios y los montos. También manifestó que realizaba esas acciones personalmente. La Justicia deberá establecer el alcance penal de sus dichos y definir si hubo otros intervinientes.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que las cuatro personas externas eran familiares o conocidos del principal señalado. El vínculo documentado expresamente es el de Prieto con Atanasoff; sobre los otros tres, la presentación sostiene que el oficial admitió conocer las acreditaciones y haber dispuesto su realización.

El expediente incorporó otras situaciones bajo análisis. Según el documento, un capitán de Corbeta Contador habría percibido, en determinados períodos, haberes en la Argentina al mismo tiempo que cobraba por una misión en el exterior. Como el sistema excluye de manera automática del pago local al personal destinado fuera del país, la investigación sostiene que esas acreditaciones debieron incorporarse por fuera de la generación automática de los lotes.

También se detectaron pagos a favor de quién sería la esposa de este último uniformado, durante períodos en los que tenía licencia sin goce de haberes. La denuncia aclara que los beneficiarios dieron versiones distintas sobre el conocimiento, el origen y el uso del dinero, aspectos que serán materia de la investigación judicial.

La fuerza relevó al acusado y modificó el circuito de pagos

Parte de los fondos fue reintegrada. En abril de 2026, cuatro capitanes de Corbeta Contadores devolvieron importes cobrados en exceso con los haberes de enero. El 11 de septiembre hicieron lo mismo otros acusados, que figuran con nombre y apellido en la denuncia.

Las restituciones sumaban $42.574.267,63 al momento de la denuncia. En consecuencia, del total histórico de acreditaciones indebidas, quedaban pendientes $938.574.300,25. El documento aclara que los reintegros no modifican el valor original de las operaciones, sino que permiten diferenciar lo recuperado de lo que aún no fue devuelto.

Cuando aparecieron los primeros cinco pagos irregulares, en febrero, no había elementos que vincularan a Atanasoff con las inconsistencias. Por su cargo, recibió instrucciones para reforzar los controles. Desde marzo, la Armada trasladó al Departamento Tesorería la tramitación de las acreditaciones ante el Banco Nación y ordenó que Contabilidad conciliara de manera independiente la cuenta utilizada para los pagos.

La situación cambió en agosto, cuando el análisis histórico identificó a Prieto como beneficiaria y confirmó su vínculo matrimonial con Atanasoff. La denuncia señala que fue el primer elemento objetivo que lo relacionó personalmente con las acreditaciones investigadas.

Atanasoff fue relevado de manera preventiva. La fuerza también resguardó el equipo que se utilizaba para preparar y transmitir los lotes al banco, con el objetivo de preservar la información. Además, separó las funciones de liquidación, acreditación bancaria y conciliación.

El expediente avanzó por la cadena de mando hasta el Ministerio de Defensa. Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, el ministro Carlos Alberto Presti ordenó formalizar la denuncia una vez reunidos los elementos administrativos y técnicos.

La presentación incluyó informes fechados el 20 de agosto y el 2 de septiembre, actas sobre los equipos informáticos, planillas con las irregularidades, registros del Banco Nación y el informe final del oficial investigador, además de las declaraciones reunidas durante el sumario administrativo. La fuerza ofreció a la Justicia otros archivos, equipos y soportes que pudieran ser necesarios.

En su comunicado, la Armada sostuvo que la administración de los recursos públicos es un compromiso del Ministerio de Defensa y ratificó una política de “tolerancia cero frente a cualquier irregularidad” en su manejo.

La causa deberá determinar la dimensión final de los desvíos, el destino del dinero y la responsabilidad de cada involucrado. La investigación interna dejó establecido un piso documental: 645 acreditaciones indebidas, 23 beneficiarios identificados y casi $1.000 millones comprometidos en más de tres años y medio.

Fuente: Infobae