El gerente tucumano de la firma santiagueña Fürth Automotores es señalado como jefe de la asociación ilícita que ejecutó el desfalco
La investigación por el presunto millonario desfalco en la concesionaria santiagueña Fürth Automotores dio un nuevo giro judicial. La Fiscalía amplió las imputaciones contra el tucumano Ángel Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Alejandra Moyano, a quienes ahora acusa de integrar una presunta asociación ilícita destinada a cometer maniobras defraudatorias con operaciones de venta de vehículos y administración de fondos. Con esta nueva calificación, el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva de los tres imputados en una audiencia prevista para este jueves, que será presidida por la jueza Carolina Salas.
Los nuevos cargos fueron comunicados por el fiscal Diego Cortes durante la ampliación de las declaraciones indagatorias. Según la acusación, Caro, de 33 años y ex gerente de la firma, habría ejercido el rol de jefe de la organización, mientras que Llado y la ex cajera Graciela Moyano habrían actuado como miembros de la estructura investigada.
En el caso de Moyano, la Fiscalía sostiene que, al menos desde diciembre de 2024, integró una organización dedicada a cometer reiteradas maniobras contra el patrimonio mediante la comercialización de vehículos, la recepción de pagos y el presunto desvío, falta de registración y disposición irregular de fondos pertenecientes tanto a clientes como a la propia empresa. Según la imputación, la estructura habría utilizado los sectores de ventas y cajas, los sistemas internos de registración y la documentación comercial para otorgar apariencia de legalidad a operaciones que no quedaban correctamente registradas.
Durante su declaración, Caro rechazó la nueva imputación. Negó haber integrado una asociación ilícita o cualquier organización destinada a delinquir y sostuvo que nunca intervino en las maniobras atribuidas por la Fiscalía. Además, cuestionó los testimonios de empleados incorporados a la causa al afirmar que habrían sido influenciados por las actuales autoridades de la empresa y aseguró que las nuevas evidencias no alcanzan para acreditar los delitos que se le atribuyen.
La acusación también señala que las diferencias económicas derivadas de estas maniobras habrían sido canalizadas mediante operaciones realizadas en casas de cambio. Testigos sostuvieron que Caro autorizaba las operaciones en dólares, fijaba la cotización y ordenaba el envío de esos fondos a casas de cambio a través de personal dispuesto por Llado. Asimismo, la Fiscalía incorporó extractos bancarios de la empresa que reflejarían movimientos financieros relevantes y transferencias realizadas desde cuentas personales de Caro por cinco y diez millones de pesos durante este año.
Por su parte, la defensa de Moyano solicitó nuevas medidas probatorias para ampliar el alcance de la investigación. Los abogados reclamaron que declaren propietarios, socios, directivos y responsables jerárquicos de la concesionaria, además de reconstruir la estructura societaria, administrativa, financiera y contable de la empresa. También pidieron profundizar la situación procesal de otros integrantes de la firma y remarcaron que, en las primeras etapas del expediente, la ex cajera nunca había sido señalada como integrante de una asociación ilícita. /Contexto
