Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Jefatura de Policía y al Ministerio de Seguridad

La denuncia de un abogado, que aseguró haber sido violentado de distintas maneras al intentar visitar a un detenido en una comisaría motivó que el Colegio de Abogados de Tucumán emitiera un duro dictamen institucional a través de su Comisión de Defensa de la Defensa. El letrado Ernesto Enzo Nieva expuso haber sufrido agresiones físicas, requisa personal, retención de su teléfono y privación de la libertad durante más de tres horas en la comisaría de Banda del Río Salí cuando requería precisiones sobre un demorado.

Frente a estos extremos, el Colegio presidido por Alberto López Domínguez, resolvió prestar asistencia letrada, requerir actuaciones administrativas a las autoridades de Seguridad y promover la fijación de pautas de actuación uniformes en todas las dependencias policiales.

Las garantías de la defensa en sede policial

El pronunciamiento tuvo como origen la presentación del abogado Nieva, vinculada a los hechos que denunció haber padecido la noche del 9 de septiembre en la comisaría de Banda del Río Salí. Según consta en la denuncia que originó el legajo penal, el profesional concurrió a dicha dependencia a requerimiento de los familiares de una persona que se encontraba demorada tras un trágico accidente via. Al solicitar formalmente explicaciones sobre la prolongación del arresto y pedir la presencia de la máxima autoridad de guardia, se produjo un entredicho con el oficial interviniente que derivó en la intervención de tres agentes de la fuerza provincial. De acuerdo con el relato volcado en las actuaciones, el letrado afirmó que los uniformados lo redujeron por la fuerza, lo condujeron a una habitación posterior e hicieron mención a estar "cansados de los abogaduchos". En su presentación, Nieva expuso que fue sometido a una requisa corporal, que se le retuvo el teléfono celular -con información alcanzada por el secreto profesional- y que permaneció incomunicado por más de tres horas sin acceso a su medicación para la hipertensión, lo que derivó en un desvanecimiento dentro de la sede. Asimismo, señaló que el personal policial le inició actuaciones por presunto atentado contra la autoridad para justificar el procedimiento. Frente al cuadro denunciado, la Comisión de Defensa de la Defensa, con la firma del vice presidente Martín Lucio Terán, remarcó que el caso trasciende la esfera personal del matriculado y alcanza una dimensión institucional. El dictamen subrayó que las leyes asimilan al abogado defensor a los magistrados en cuanto al respeto y consideración funcional. “La norma no instituye un privilegio personal en beneficio del abogado. La especial protección que reconoce tiene naturaleza funcional: procura garantizar que quien ejerce la defensa pueda hacerlo libremente, sin intimidaciones, restricciones indebidas, hostigamientos ni interferencias provenientes de quienes ejercen autoridad pública”, detalló el documento.

En esa línea, el Colegio puntualizó que la salvaguarda de la tarea profesional es un presupuesto indispensable para el resguardo de las garantías constitucionales de los ciudadanos sujetos al poder punitivo. “Las primeras horas de una detención, aprehensión o demora constituyen precisamente uno de los momentos de mayor vulnerabilidad del ciudadano frente al aparato estatal. Es allí donde la presencia del abogado adquiere su máxima significación”, sostuvo el órgano técnico, al advertir que impedir o condicionar el libre ejercicio de la matrícula repercute en el derecho de defensa de la persona asistida.

Sin atribuir responsabilidades penales individuales -materia reservada a la investigación del Ministerio Público Fiscal-, el dictamen aprobó trece puntos de recomendación para la conducción del Colegio. Entre ellos figuran el acompañamiento y respaldo al letrado en el legajo judicial, el seguimiento de las actuaciones labradas en su contra y la remisión de una presentación formal al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía.

El Colegio reclamó la apertura inmediata de actuaciones administrativas internas para deslindar responsabilidades, junto con el dictado de una "instrucción general, expresa y obligatoria" a todas las dependencias policiales. Con el propósito de fijar límites precisos y evitar la discrecionalidad en las guardias, el dictamen propuso la redacción conjunta de un "Protocolo de actuación para el ejercicio de la abogacía en dependencias policiales" que regule desde la acreditación profesional, el acceso irrestricto a los libros y las entrevistas confidenciales, hasta el régimen de custodia de teléfonos y efectos personales. En paralelo, la institución notificó formalmente de lo ocurrido a la Fiscalía interviniente para subrayar su preocupación por la afectación del libre ejercicio de la defensa, reservándose el seguimiento del legajo penal para asegurar que el episodio no quede circunscripto a un mero incidente de comisaría. /La Gaceta