El Reino Unido prorrogó por cinco años las licencias petroleras en Malvinas en medio del reclamo argentino

La administración británica de las Islas Malvinas, con el pleno respaldo del Reino Unido, dispuso la prórroga por cinco años de las licencias vigentes para la actividad petrolera offshore en la región. La medida, que permite a las compañías continuar con sus tareas de exploración y explotación de hidrocarburos, suma un nuevo foco de conflicto diplomático en el Atlántico Sur.

De acuerdo a la normativa implementada, los permisos podrán extenderse por dos años adicionales si las firmas cumplen con los programas de trabajo estipulados. “Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar”, justificó Cheryl Roberts, funcionaria de la Asamblea Legislativa isleña a cargo de Comercio, Industria y Recursos Minerales.

La respuesta argentina y el freno judicial

La decisión británica se produce mientras el Gobierno argentino intensifica su accionar contra las compañías que operan sin autorización nacional. La postura diplomática del país considera ilegales todas las licencias concedidas en el área y se ampara en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU. Este dictamen internacional insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente la disputa de soberanía.

En el plano judicial, el conflicto ya tuvo su primer impacto. Recientemente, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar cualquier obra vinculada al proyecto petrolero Sea Lion. Esta resolución hizo lugar a una presentación conjunta de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata.

El proyecto Sea Lion es una de las principales apuestas extractivas en la cuenca norte del archipiélago, con proyecciones de iniciar la producción de crudo en marzo de 2028. Además de estas firmas, operan en la zona compañías como Borders & Southern, Desire Petroleum y la canadiense JHI. Ante los reiterados reclamos, el Reino Unido sostiene que la Argentina carece de jurisdicción para aplicar su legislación sobre las corporaciones instaladas en las islas. /El Ocho