La Justicia Federal ordenó detener al exfuncionario judicial que usó una causa narco para espiar a su esposa por celos

El Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó la detención inmediata de Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal N° 1 provincial. La medida de la Justicia busca que comience a cumplir una condena firme de cuatro años de prisión. Molina fue condenado por utilizar una investigación por narcotráfico para intervenir ilegalmente los teléfonos de su esposa y otro hombre.

La decisión llegó después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso presentado por la defensa. Con ese pronunciamiento, la sentencia quedó firme y se agotaron las vías recursivas. El tribunal encomendó a Gendarmería Nacional localizar al condenado en su último domicilio registrado en Chaco.

Los jueces Rubén David Osca Quiñones, Fabián Gustavo Cardozo y Jorge Gallino también definieron cómo será su alojamiento inicial. Molina permanecerá provisoriamente en una dependencia de Gendarmería. Después deberá ser trasladado a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal.

Cómo descubrieron las escuchas ilegales

La maniobra salió a la luz de manera fortuita el 15 de marzo de 2019. Para entonces, Molina ya había dejado aquella secretaría y permanecía detenido por otra investigación. Esa causa analizaba una presunta asociación ilícita dentro del mismo juzgado para favorecer a narcotraficantes.

Durante una revisión de expedientes, un empleado encontró 28 discos con grabaciones de comunicaciones telefónicas. El material estaba guardado en el despacho que había ocupado Molina. Los soportes llevaban el número de un oficio vinculado con una causa por narcotráfico iniciada en 2013.

La revisión posterior reveló una irregularidad. Los teléfonos intervenidos no pertenecían a personas investigadas en aquel expediente. Eran de Carolina Etel Codutti, esposa de Molina, y de Norberto Fabián Sucatzky, exnovio de la mujer durante su adolescencia.

Según determinó la investigación, Molina sospechaba que su esposa mantenía una relación con Sucatzky. El juez subrogante Juan Carlos Vallejos ordenó entonces documentar el hallazgo. También delegó la investigación sobre las escuchas en el Ministerio Público Fiscal.

Usó documentos del juzgado para ordenar las intervenciones

Las comunicaciones fueron interceptadas entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014. Para concretarlo, Molina confeccionó un oficio utilizando sellos, formato y estructura propios del juzgado. Allí incorporó ambos números como si estuvieran relacionados con una investigación real por tráfico de drogas.

El documento recibió la firma del entonces juez Carlos Vicente Soto Dávila. Durante la causa, el exmagistrado declaró que lo había firmado sin leerlo detenidamente. Explicó que actuó de esa manera por la confianza que mantenía con su secretario.

Los investigadores comprobaron además que los teléfonos pertenecían a personas radicadas en Chaco. Los sospechosos de la causa utilizada como cobertura operaban en Buenos Aires y Mendoza. No se encontró relación entre aquellas líneas y la pesquisa original por narcotráfico.

Las grabaciones contenían conversaciones privadas y familiares. En algunos audios también quedaron registradas agresiones verbales y amenazas de Molina hacia su esposa. Ese contenido reforzó la conclusión de que las intervenciones respondían a motivos personales.

Un gendarme contó que Molina pidió recibir los discos cerrados

Durante el juicio, integrantes de Gendarmería que habían participado de la investigación por drogas declararon sobre las escuchas. Afirmaron que nunca solicitaron intervenir teléfonos con característica correspondiente a Chaco. Uno de los oficiales recordó además haber recibido una comunicación directa de Molina.

Según su testimonio, el entonces secretario le anticipó que se realizarían las intervenciones. También ordenó que los discos fueran enviados cerrados directamente al juzgado. El personal de la fuerza no debía escucharlos ni realizar transcripciones.

El empleado que encontró posteriormente las grabaciones aportó otro dato. Declaró que Molina lo llamó después de haber sido trasladado a otra secretaría. Durante esa conversación le preguntó específicamente qué había ocurrido con los discos.

La condena quedó firme tras el rechazo de la Corte

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Molina el 29 de julio de 2025. Le impuso cuatro años de prisión por abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real. También dispuso una inhabilitación absoluta por un período equivalente al doble de la condena.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa sentencia en abril de 2026. La defensa llevó posteriormente el caso hasta la Corte Suprema. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la queja por considerarla inadmisible.

Con esa última decisión, la condena dejó de estar sujeta a revisión mediante los recursos presentados. El tribunal que había dictado la sentencia ordenó entonces ejecutar la pena. Gendarmería deberá detener a Molina y ponerlo a disposición judicial para iniciar su cumplimiento efectivo. /Vove