Tres legisladores formalizaron un proyecto de repudio tras el video de jóvenes libertarios destrozando una maqueta
La Legislatura de Tucumán sumó la presentación formal de un proyecto de resolución redactado para expresar el más enérgico repudio "ante los actos de agresión, vandalismo y destrucción simbólica" perpetrados contra una maqueta que representa al edificio parlamentario provincial.
La iniciativa parlamentaria, ingresada bajo el expediente 334-PA-26, responde de manera directa a los hechos acaecidos el sábado 26 de septiembre de 2026 durante el desarrollo del denominado Congreso de la Juventud, llevado a cabo por el espacio político La Libertad Avanza en las instalaciones del Hotel Catalinas Park de San Miguel de Tucumán.
El episodio generó rechazo institucional luego de que un grupo de jóvenes asistentes al encuentro procediera a romper, patear y agredir la representación física del Poder Legislativo provincial. Las imágenes, calificadas en el texto legislativo como una agresión de profunda gravedad institucional, fueron filmadas y difundidas activamente en redes sociales por referentes e influencers del propio espacio convocante. El evento contó con la participación del militante juvenil Iñaki "La Pepona" Gutiérrez y se dio en el marco de las actividades de apoyo a la candidatura de Lisandro Catalán. Ante esta situación, el documento presentado lleva la firma explícita de tres representantes de la Cámara: el presidente subrogante Sergio Francisco Mansilla, el vicepresidente segundo Alfredo Toscano y el legislador José Manuel Cano.
Entre los fundamentos centrales formulados en el escrito, se resalta que la Legislatura constituye uno de los tres poderes constitucionales del Estado provincial, pilar fundamental del sistema republicano y democrático que encarna la voluntad soberana del pueblo tucumano. Los autores del proyecto sostienen que, si bien la libertad de expresión, la crítica política y el debate representan elementos esenciales de la democracia, estos deben ejercerse siempre en un marco de respeto institucional, responsabilidad cívica y diálogo constructivo, sin recurrir jamás a la agresión, la burla o la destrucción simbólica de los edificios o representaciones estatales. Asimismo, advierten que la normalización de la violencia simbólica degrada la convivencia democrática, sienta un peligroso precedente de intolerancia y erosiona la confianza ciudadana en sus organizaciones. Por ello, el proyecto insta a dirigentes y jóvenes a encauzar sus disidencias mediante las herramientas previstas en la Constitución. /El Tucumano
