Escándalo judicial en Concepción: trasladan a fiscal que habría recibido una transferencia de 20 millones de pesos del ex legislador Luis Brodersen
Brodersen negó haber cometido una maniobra ilegal y sostuvo que los movimientos de dinero respondieron a operaciones comerciales.
La medida fue dispuesta por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, quien también ordenó una auditoría en la fiscalía de Rojas y encomendó al fiscal regional Fernando Blanno investigar las presuntas transferencias. En paralelo, el fiscal Gerardo Salas continúa con la causa por presunta extorsión iniciada a partir de una denuncia de Brodersen contra su hijo, Leonel, y la pareja de este, Victoria Paradi.
La acusación sobre los movimientos de dinero surgió en medio de una disputa familiar. Paradi difundió en sus redes sociales capturas de supuestas transacciones bancarias y afirmó que Brodersen habría enviado cerca de $20 millones a cuentas relacionadas con Rojas para influir en actuaciones judiciales. Por el momento, la autenticidad y el alcance de esas imágenes deben ser establecidos mediante peritajes y otras medidas de prueba.
En las presentaciones también se mencionó a la abogada Paula Cortés, señalada como pareja del fiscal y asesora de un legislador en el Consejo Asesor de la Magistratura. La denunciante atribuyó a Cortés un audio en el que, presuntamente, se aludiría a posibles contactos dentro de la fiscalía y a acuerdos de reparación integral o tareas comunitarias para evitar antecedentes penales. La veracidad y el contexto de ese registro también están sujetos a análisis.
El conflicto que derivó en estas acusaciones comenzó meses atrás, cuando Paradi denunció a Leonel Brodersen por presuntos hechos de violencia de género. El 2 de septiembre, Luis Brodersen presentó una denuncia penal contra su hijo y su nuera por supuestas amenazas coactivas y extorsión. Según su planteo, la pareja le habría exigido las llaves de un inmueble de su propiedad en Concepción y lo habría amenazado con que sufriría “consecuencias irreversibles”.
A partir de esa denuncia, la fiscalía solicitó allanamientos que se concretaron el 4 de septiembre. Durante los procedimientos se buscaron teléfonos celulares, computadoras y otros soportes digitales. También se incorporaron capturas de redes sociales y registros de conversaciones que deberán ser examinados para determinar su autenticidad y pertinencia.
La investigación sobre las presuntas transferencias tiene un punto que los investigadores buscan esclarecer: según la información incorporada al expediente, el movimiento de dinero se habría realizado a fines de julio, antes de que se formalizara la denuncia que dio origen a la disputa judicial. Esa secuencia temporal forma parte de las cuestiones que deberán ser analizadas junto con la documentación bancaria y el resto de las pruebas.
Brodersen rechazó las acusaciones y afirmó que el caso se inscribe en una disputa privada. “Todo esto nace de una situación privada y familiar. La pareja de mi hija ya había sido denunciada por diversos actos y está atacando a mi familia, y yo debo defenderme”, sostuvo.
El exlegislador aseguró que las capturas difundidas no reflejan la realidad de las operaciones. Dijo que le hackearon el celular y que las imágenes habrían mezclado información verdadera con datos falsos. También defendió a Rojas y afirmó que los montos mencionados corresponden a transacciones comerciales entre ambos, que —según aseguró— son legales y comprobables.
“Yo no necesito pagar nada para influir en nadie”, expresó Brodersen, quien negó que él o el fiscal hayan cometido un delito. La investigación deberá determinar si existieron las transferencias denunciadas, quiénes fueron sus destinatarios y si tuvieron alguna relación con actuaciones judiciales.
Hace aproximadamente un año, Brodersen había anunciado públicamente su incorporación a La Libertad Avanza. Ese antecedente político forma parte de su trayectoria pública, aunque no guarda por sí mismo relación con las acusaciones que ahora se investigan. /Contexto
