En la mesa de entradas del Juzgado en lo Civil y Comercial Común a cargo de Inés Yamuss -quien quedó al frente del expediente tras la recusación sin causa contra Pedro Yane Mana- se continuó recepcionando parte del material requerido a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), pero las piezas más sustanciales de la manda judicial siguen pendientes de cumplimiento, se informó.
Según confirmaron fuentes judiciales con acceso al trámite, la conducción asociativa todavía no entregó el inventario detallado que le había sido impuesto de manera taxativa por el tribunal para individualizar comprobantes y respaldos. Frente a este cuadro, la magistrada se apresta a iniciar un análisis minucioso de las actuaciones para determinar los pasos a seguir, un escenario donde no se descarta el secuestro compulsivo de toda la documentación si la entidad no subsana el faltante.
A esa inminente definición procesal se le suma otro factor de altísima tensión en los pasillos de Tribunales: desde este martes podrían ingresar nuevas presentaciones promovidas por otros jueces que se sumarán formalmente a los reclamos de transparencia contable.
El expediente que hoy concentra la atención del fuero civil reconoce su origen en la demanda de nulidad e impugnación de asamblea iniciada por la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Ana María Iácono. La magistrada acudió a la vía judicial tras denunciar que la cúpula institucional le impidió compulsar facturas y recibos con la debida antelación a la asamblea del 23 de abril de 2026, reunión que terminó aprobando la memoria y el balance del ejercicio 2025 a "libro cerrado" y con un abstracto dictamen de dos párrafos de la Comisión Revisora de Cuentas.
En su presentación, Iácono planteó la sospecha de un eventual "dolo por omisión" para ocultar desvíos o malversación de fondos y formuló reserva de exigir responsabilidades patrimoniales directas a los directivos, lo que desembocó en una medida cautelar dictada por Yane Mana que ordenó entregar todos los libros contables, extractos bancarios y facturas del período en 48 horas bajo expreso apercibimiento de secuestro. Aunque el vicepresidente en ejercicio, Jorge Jakobsen -a cargo de la entidad por la licencia temporaria de la titular Marcela Ruiz-, aseguró que darían cumplimiento a la orden judicial y emitió luego un comunicado institucional afirmando haber presentado “la totalidad de la documentación obrante” en su poder, la estrategia de la AMT terminó en una jugada procesal directa: recusó sin causa a Yane Mana.
El apartamiento obligó a sortear la causa hasta que el trámite recayó finalmente en manos de la jueza Yamuss, una especialista en temas económicos.
Café millonario, prepagas y el frente abierto de Ortega
La pulseada por el balance 2025 no es el único frente de tormenta que sacude las arcas de la AMT. En paralelo, el juez penal Gonzalo Javier Ortega viene librando un duro contrapunto epistolar contra la Comisión Directiva en reclamo de una rendición de cuentas integral por el ejercicio 2024, ciclo en el que aportó su cuota societaria antes de su desafiliación formal. Mediante notas, Ortega exigió explicaciones por partidas que calificó de "desproporcionadas": más de 20 millones de pesos erogados en "comestibles y cafetería" (reclamó saber los kilos de café adquiridos y contratos de provisión), pagos millonarios a empresas de medicina prepaga como Swiss Medical, OSDE y ASUNT, consumos de farmacia por más de $10 millones y pagos a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) por más de $7 millones.
La respuesta asociativa a los requerimientos de Ortega fue terminante. A través de escritos suscriptos por Jakobsen y la secretaria Luciana Eleas el 12 de agosto y el 29 de septiembre, la conducción rechazó sus peticiones alegando que su renuncia extinguió cualquier facultad de control porque "no existe en nuestro ordenamiento la figura del ’asociado por el pasado’", argumentando además que auditar comprobantes de terceros violaría la ley de protección de datos personales y descartando que exista un manejo irregular o acefalía institucional. Ortega, por su parte, contraatacó denunciando presuntos baches de representación legal entre 2022 y 2024 ante la Dirección de Personas Jurídicas y amenazó con demandas de responsabilidad y denuncias penales por administración fraudulenta.
Con la apertura de los tribunales a partir de este martes, la interna entre pares promete sumar nuevos capítulos. En los pasillos judiciales corre con fuerza la versión de que otros magistrados seguirán los pasos de Iácono y Ortega e ingresarán presentaciones formales para exigir el esclarecimiento de los números y las contrataciones del cuerpo asociativo. La decisión inmediata, sin embargo, está en el despacho de la jueza Yamuss: de su valoración sobre el material arrimado dependerá si se otorga un último plazo para completar el inventario o si la Justicia provincial avanza con una medida de fuerza inédita y allana la sede de su propia entidad gremial para secuestrar las carpetas. Todo esto en un año eleccionario, que se recalentó en los últimos meses con consecuencias aún desconocidas. /La Gaceta
