Otro expediente contra exautoridades de Gobernador Piedrabuena
La comuna de Gobernador Piedrabuena también aparece involucrada en una segunda resolución, correspondiente a una gestión anterior.
A través del Acuerdo N.º 3968, del 14 de octubre, el Tribunal declaró patrimonialmente responsables a la excomisionada comunal Olga Estela Lucena y al secretario habilitado Carlos Enrique Ríos, por observaciones correspondientes al tercer bimestre de 2021.
El expediente se había iniciado por un importe de $8.352.457,51.
Durante el procedimiento, los responsables presentaron documentación que permitió justificar parcialmente los gastos observados, por lo que el monto pendiente se redujo inicialmente a $2.298.467,72.
Posteriormente, el Tribunal analizó otras observaciones y resolvió excluir importes relacionados con la falta de certificados de funcionamiento de una cooperativa y con cuestiones formales vinculadas a recibos de haberes. El organismo consideró que esas deficiencias, por sí solas, no justificaban la imposición de cargos fiscales cuando no se acreditaba un perjuicio patrimonial.
De esta manera, el saldo finalmente pendiente de regularización quedó establecido en $203.399,99.
Con la actualización correspondiente al 30 de agosto de 2026, el cargo fiscal fue fijado en $845.222,43. La resolución también dispuso la intervención del Departamento Judicial para gestionar su cobro.
Un dato relevante es que Carlos Ríos figura como secretario habilitado en los dos expedientes de Gobernador Piedrabuena, correspondientes a los períodos de 2021 y 2025.
Los cargos fiscales deberán actualizarse hasta su efectivo pago
En las cinco resoluciones, a las que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el Tribunal de Cuentas dispuso dar por concluidos los respectivos juicios de cuentas y declaró la responsabilidad patrimonial de los funcionarios y exfuncionarios involucrados, que deberán responder de sus bolsillos por los montos impuestos.
Los cargos fiscales determinados suman $205.335.949,04, aunque el importe definitivo podría ser mayor debido a que todos los acuerdos establecen su actualización hasta la fecha de efectivo pago.
Las actuaciones, que llevan las firmas del presidente del Tribunal, Miguel Chaibén Terraf, y de los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, fueron remitidas al Departamento Judicial del organismo para que los abogados fiscales correspondientes procuren recuperar los montos reclamados y, cuando resulte necesario, impulsen su ejecución.
Cabe aclarar que las resoluciones corresponden a procedimientos administrativos de control de cuentas públicas y determinación de responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, no constituyen por sí mismas condenas penales ni acreditan necesariamente la comisión de delitos. /Tendencia de Noticias
