Condenaron a un comisario y tres policías por secuestrar a un hombre y pedir rescate
Cuatro miembros de la Policía de Tucumán fueron condenados a penas de hasta diez años y medio de prisión por secuestrar a un joven y pedir rescate a su madre en febrero de 2024.
Los condenados son el entonces jefe de la zona III de la Regional Capital, comisario Gustavo Morales, más el oficial principal Ángel Sebastián Gómez (38), el cabo primero Sergio Daniel Díaz (49) y el agente Franco Javier Jiménez (39). Además, un civil que participó del hecho, Facundo Amaya (26) fue condenado a diez años como coautor.
El oficial, el cabo y el agente fingieron interés en comprar cannabis, fueron a la casa de la víctima y lo engañaron con la falsa compra. Lo secuestraron y lo llevaron a la Jefatura de la Zona, donde pidieron por teléfono $240.000 de rescate a la madre del joven.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán los consideró coautores del delito de secuestro extorsivo consumado, agravado por el cobro del rescate, la participación de tres o más personas y por haber pertenecido a la Policía de Tucumán al momento del hecho.
Los jueces Pablo Toledo, Liliana Snopek y Ángel Luna Roldán ordenaron, además, el decomiso del auto Renault Megane utilizado para el secuestro e hizo lugar a la acción civil promovida por la Defensoría del Víctimas para que los damnificados (la víctima y su madre) reciban una indemnización de $2 millones y $1,5 millón respectovamnete.
El 23 de febrero de 2021, bajo las órdenes de Morales, los policías Gómez, Díaz, Jimenez y Amaya se presentaron en el domicilio del joven, en un barrio privado de la capital, lo obligaron a subir a un Megane perteneciente a Díaz y lo trasladaron hasta la jefatura. Allí lo golpearon, lo obligaron a desnudarse y lo fotografiaron, mientras lo atacaban físicamente, según sostuvo la fiscalía.
De acuerdo a la acusación, mientras parte del grupo permanecía en la dependencia policial, otros integrantes, entre ellos Amaya, regresaron al barrio privado y tomaron contacto con un hermano de la víctima, a quien le pidieron su número telefónico para contactarlo con instrucciones.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Agustín Chit, que determinó que a través de llamadas telefónicas, que fueron atendidas por la madre del cautivo, los imputados exigieron dinero a cambio de su liberación y afirmaron que tenían elementos para vincularlo con maniobras de narcotráfico, aunque aseguraban que lo dejarían en libertad si accedían al pago.
En el juicio, la acusación pública estuvi representada por el fiscal Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Weisemberg. Aseguraron que la madre del joven fue citada a la jefatura policial, donde vio a su hijo retenido, entregó años captores la suma acordada de 240 mil pesos y se retiró junto con la víctima.
El ingreso del joven a la dependencia nunca fue asentado en libros oficiales, no existía orden judicial de detención ni una causa penal abierta en su contra por narcotráfico. En el juicio, declaró que había sido contactado por Amaya a través de un grupo de Telegram llamado “Flores Tucumán” con la falsa intención de comprar 20 gramos de cannabis y acordaron concretar la operación en su domicilio.
“Tenemos fundadas razones para esperar como comunidad que no sean los mismos agentes policiales encargados de velar por nuestra seguridad quienes cometan delitos graves contra nosotros. La expectativa es que nos protejan, pero la mínima expectativa del rol policial es que no usen esa posición para cometer delitos: que no usen las armas que se les da con fines de prevención para amenazar a personas, que no usen las dependencias estatales que les confiamos como guaridas para mantener secuestradas a personas con fines de lucro personal, que no se enriquezcan con el crimen, que no usen la posibilidad de armar causas falsas como amenaza a la ciudadanía”, dijo Camila en su alegato.
El funcionario agregó que Díaz, Gómez y Jiménez tuvieron el control del desarrollo del hecho desde su inicio y cada uno ordenó su conducta al fin común acordado de secuestrar a la víctima y obtener el rescate. Además, se sostuvo que fueron los encargados de hacer contacto con Amaya a fin de requerirle información para llevar adelante la captura, consiguieron la aprobación de Morales para utilizar las instalaciones de la jefatura, dispusieron del vehículo personal de uno de ellos y fueron los encargados de hablar con la madre de la víctima en el destacamento policial y le recibieron el dinero a cambio de que pueda retirarse del lugar con su hijo.
Morales, en su calidad de jefe de la dependencia donde se desarrollaron los hechos, “prestó una colaboración decisiva al accionar delictivo, al haber habilitado la utilización de las instalaciones policiales para la concreción del secuestro y acordando la distribución del rescate obtenido, al haber mantenido comunicaciones con los autores en momentos contemporáneos al hecho”, consideró Camuña.
En el cierre de su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó que Díaz, Gómez y Jiménez sean condenados como coautores de secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate, la participación de tres o más personas y su condición de integrantes de la Policía de Tucumán al momento del hecho. Para Díaz pidió 13 años de prisión; para Gómez, 15 años; y para Jiménez, 14 años, todas de cumplimiento efectivo. /Tendencia de Noticias
