Salta: baleó a un repartidor durante un supuesto robo y ahora asegura que todo fue un montaje
Un hombre acusado de asaltar y dispararle a un repartidor de sodas en la ciudad de Salta sorprendió a la Justicia al declarar que el ataque había sido acordado previamente para simular un robo y obtener un supuesto beneficio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
La versión fue presentada durante una audiencia de revisión de la prisión preventiva, en la que una jueza resolvió mantener detenido al imputado durante otros 25 días y ordenó investigar sus afirmaciones.
El acusado, conocido con el apodo de “Bobo”, está imputado por robo calificado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, su defensa sostiene que no existió un asalto y que el disparo formó parte de una maniobra organizada para provocar una lesión al trabajador.
El episodio investigado ocurrió el 27 de abril, alrededor de las 17.30, en una calle de tierra del barrio 17 de Octubre, en la capital salteña.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, el repartidor conducía un camión de una empresa de sodas cuando se detuvo durante su recorrido laboral y descendió del vehículo para orinar.
En ese momento, dos personas que circulaban en motocicleta se acercaron al lugar. Uno de los ocupantes bajó del rodado y amenazó al trabajador para exigirle sus pertenencias.
La víctima entregó $ 200.000 y su teléfono celular, pero el agresor le efectuó un disparo en una pierna antes de escapar junto con su acompañante.
El repartidor fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde los médicos constataron una herida de arma de fuego y una fractura de tibia.
La investigación permitió identificar a uno de los presuntos responsables, quien fue detenido durante un allanamiento realizado hace poco más de un mes. En su domicilio, los policías encontraron un teléfono celular que fue identificado como perteneciente al trabajador baleado.
Ese hallazgo constituye uno de los elementos utilizados por la Fiscalía para sostener la acusación por robo agravado.
Sin embargo, durante la audiencia judicial, el abogado defensor presentó una explicación completamente diferente.
Según afirmó, días antes del episodio su cliente recibió una propuesta de un conocido para participar en un falso asalto. El supuesto acuerdo consistía en dispararle a una persona que no quería continuar trabajando y pretendía obtener un beneficio económico mediante el sistema de riesgos del trabajo.
Por esa intervención, el acusado habría recibido una oferta de $ 200.000, que serían abonados en dos cuotas de $ 100.000.
El propio imputado pidió declarar ante la magistrada y ratificó esa versión, al sostener que su participación había sido acordada y que el hecho no ocurrió como lo describió la acusación.
No obstante, hasta el momento no se presentaron pruebas suficientes para confirmar la existencia de ese supuesto plan ni se acreditó que el repartidor hubiera participado voluntariamente de una simulación.
Tampoco se informó sobre la existencia de trámites iniciados ante una ART o el cobro de alguna indemnización vinculada con el episodio.
Ante las versiones contrapuestas, la jueza ordenó a la defensa aportar, dentro de las siguientes 24 horas, los elementos necesarios para investigar su hipótesis.
Durante la audiencia también surgió una denuncia por amenazas contra el acusado mientras permanecía alojado en la Alcaidía.
El hombre aseguró que otro interno lo había intimidado para impedir que revelara su versión de lo ocurrido. Por ese motivo, su abogado solicitó que pudiera cumplir la medida de coerción bajo arresto domiciliario.
La magistrada rechazó ese pedido, pero dispuso su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas para resguardar su integridad.
Además, ordenó que la Fiscalía de turno investigara las amenazas denunciadas y que las autoridades de la Alcaidía garantizaran su seguridad hasta concretar el traslado.
Finalmente, la jueza prorrogó la prisión preventiva por 25 días, diez menos de los 35 solicitados por el Ministerio Público Fiscal.
La investigación continuará para determinar si el repartidor fue víctima de un asalto armado, como sostiene la Fiscalía, o si existió una maniobra previamente organizada, tal como afirma el acusado. Por ahora, esta última versión constituye una hipótesis de la defensa que deberá ser corroborada judicialmente. /Contexto
El acusado, conocido con el apodo de “Bobo”, está imputado por robo calificado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, su defensa sostiene que no existió un asalto y que el disparo formó parte de una maniobra organizada para provocar una lesión al trabajador.
El episodio investigado ocurrió el 27 de abril, alrededor de las 17.30, en una calle de tierra del barrio 17 de Octubre, en la capital salteña.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, el repartidor conducía un camión de una empresa de sodas cuando se detuvo durante su recorrido laboral y descendió del vehículo para orinar.
En ese momento, dos personas que circulaban en motocicleta se acercaron al lugar. Uno de los ocupantes bajó del rodado y amenazó al trabajador para exigirle sus pertenencias.
La víctima entregó $ 200.000 y su teléfono celular, pero el agresor le efectuó un disparo en una pierna antes de escapar junto con su acompañante.
El repartidor fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde los médicos constataron una herida de arma de fuego y una fractura de tibia.
La investigación permitió identificar a uno de los presuntos responsables, quien fue detenido durante un allanamiento realizado hace poco más de un mes. En su domicilio, los policías encontraron un teléfono celular que fue identificado como perteneciente al trabajador baleado.
Ese hallazgo constituye uno de los elementos utilizados por la Fiscalía para sostener la acusación por robo agravado.
Sin embargo, durante la audiencia judicial, el abogado defensor presentó una explicación completamente diferente.
Según afirmó, días antes del episodio su cliente recibió una propuesta de un conocido para participar en un falso asalto. El supuesto acuerdo consistía en dispararle a una persona que no quería continuar trabajando y pretendía obtener un beneficio económico mediante el sistema de riesgos del trabajo.
Por esa intervención, el acusado habría recibido una oferta de $ 200.000, que serían abonados en dos cuotas de $ 100.000.
El propio imputado pidió declarar ante la magistrada y ratificó esa versión, al sostener que su participación había sido acordada y que el hecho no ocurrió como lo describió la acusación.
No obstante, hasta el momento no se presentaron pruebas suficientes para confirmar la existencia de ese supuesto plan ni se acreditó que el repartidor hubiera participado voluntariamente de una simulación.
Tampoco se informó sobre la existencia de trámites iniciados ante una ART o el cobro de alguna indemnización vinculada con el episodio.
Ante las versiones contrapuestas, la jueza ordenó a la defensa aportar, dentro de las siguientes 24 horas, los elementos necesarios para investigar su hipótesis.
Durante la audiencia también surgió una denuncia por amenazas contra el acusado mientras permanecía alojado en la Alcaidía.
El hombre aseguró que otro interno lo había intimidado para impedir que revelara su versión de lo ocurrido. Por ese motivo, su abogado solicitó que pudiera cumplir la medida de coerción bajo arresto domiciliario.
La magistrada rechazó ese pedido, pero dispuso su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas para resguardar su integridad.
Además, ordenó que la Fiscalía de turno investigara las amenazas denunciadas y que las autoridades de la Alcaidía garantizaran su seguridad hasta concretar el traslado.
Finalmente, la jueza prorrogó la prisión preventiva por 25 días, diez menos de los 35 solicitados por el Ministerio Público Fiscal.
La investigación continuará para determinar si el repartidor fue víctima de un asalto armado, como sostiene la Fiscalía, o si existió una maniobra previamente organizada, tal como afirma el acusado. Por ahora, esta última versión constituye una hipótesis de la defensa que deberá ser corroborada judicialmente. /Contexto
