Cómo incidirá la eliminación de 59 tasas municipales en el bolsillo de los vecinos de San Miguel de Tucumán
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la eliminación de 59 tasas, derechos y contribuciones municipales por iniciativa de la intendenta Rossana Chahla.
La ordenanza comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Municipal, por lo que los beneficios no serán inmediatos hasta que se cumpla ese requisito.
Entre las modificaciones más concretas figura la eliminación del arancel de los certificados de Libre Deuda y de Cumplimiento Fiscal, que actualmente cuestan $ 4.600 cada uno. También dejarán de cobrarse determinados trámites administrativos por los que se abonan $ 1.150 por la primera hoja y $ 460 por cada hoja adicional.
Según las estimaciones del Ejecutivo, quienes deban realizar varias de estas gestiones podrían ahorrar hasta $ 11.500. Sin embargo, la reducción no representa una rebaja generalizada de los impuestos municipales, sino que beneficia a quienes utilizan los servicios alcanzados por la reforma.
Los 59 conceptos eliminados corresponden a nueve dependencias municipales. La Dirección de Ingresos Municipales concentra 17; Catastro, 14; Vía Pública, 12; Cementerios, siete; Bromatología, tres; el Tribunal de Faltas y Arbolado, dos cada uno; y Defensa Civil y Espacios Verdes, uno por área.
La medida también alcanza aranceles relacionados con kioscos, ferias, puestos comerciales, food trucks, mesas y sillas en espacios públicos, permisos de refacción sin planos, rebajes de cordón y depósitos de materiales.
No obstante, la eliminación de los cobros no exime a los comerciantes de cumplir con las habilitaciones, autorizaciones y controles exigidos por las ordenanzas vigentes.
Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para reducir la burocracia y simplificar las gestiones de vecinos y comerciantes.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse, sostuvo que los conceptos eliminados representarían alrededor del 1,5% de la recaudación municipal y rechazó las críticas sobre su escasa incidencia económica.
“No estamos diciendo que este proyecto es Maradona en el 86”, expresó, aunque insistió en que la decisión tendrá efectos positivos para los contribuyentes.
Desde la oposición, Alfredo Terán de Zavalía, de Fuerza Republicana, acompañó la reforma, pero advirtió que sus beneficios serán limitados.
“Es un proyecto corto que tiene poco impacto en el bolsillo de la gente”, afirmó. Sin embargo, justificó su voto favorable al considerar que cualquier reducción de la carga tributaria constituye un avance.
Una postura más crítica expresó Ana González, de Compromiso Tucumán, quien anunció la abstención de su bloque y calificó la propuesta como una medida de carácter electoral.
“Es mucho ruido y pocas nueces”, cuestionó la concejala, al sostener que la eliminación de aranceles administrativos no representa un alivio significativo para las familias. Carlos Ale tampoco votó el proyecto.
Uno de los principales reclamos opositores fue la ausencia de datos concretos sobre cuánto dinero dejará de recaudar el municipio y cuántos contribuyentes resultarán beneficiados.
Gustavo Cobos advirtió que la cantidad de tasas eliminadas no permite dimensionar el efecto económico de la reforma. “Contar estos conceptos no significa medir el impacto económico real”, señaló.
Leandro Argañaraz también reclamó precisiones sobre la recaudación correspondiente a 2025 y 2026, aunque aclaró que no podía votar en contra de una iniciativa destinada a reducir tributos.
Por su parte, Cristian Abel, ex secretario de Economía y Hacienda municipal, respaldó la eliminación de conceptos que consideró innecesarios y sostuvo que otras administraciones deberían adoptar medidas similares.
Gonzalo Carrillo Leito también valoró la decisión, pero planteó la necesidad de impulsar políticas productivas que permitan disminuir la dependencia de los recursos tributarios.
Otro punto de la ordenanza contempla la derogación de una contribución vinculada con la vigilancia e inspección de instalaciones de agua, cloacas y gas natural por redes.
Sin embargo, el Ejecutivo reconoció que ese concepto se encuentra judicializado, por lo que todavía no puede establecerse si su eliminación tendrá un efecto directo sobre las facturas de los usuarios.
La Municipalidad fundamentó la reforma en que la administración y fiscalización de determinados cobros demandan recursos que resultarían elevados en relación con los ingresos obtenidos. No obstante, el expediente no incluyó un detalle de la recaudación individual de cada concepto que permita verificar esa relación.
Con la ordenanza sancionada, el próximo paso será su publicación oficial y la confirmación del texto definitivo aprobado por el Concejo.
Mientras tanto, permanece abierto el debate sobre el alcance económico de la medida: aunque se eliminarán 59 conceptos tributarios, todavía no se conoce con precisión cuánto dinero ahorrarán los vecinos ni qué efecto tendrá la reforma sobre las finanzas municipales. /Contexto
