Siempre según la hipótesis acusatoria, el dinero aportado por los clientes era transferido a una cuenta de Anabel García. Las operaciones denunciadas no se limitaban a pagos en efectivo o transferencias: también incluían vehículos con documentación firmada y otros objetos de valor, entre ellos teléfonos celulares.
El nuevo avance judicial volvió a poner bajo la lupa el antecedente de Provincia Multimarcas, otra empresa vinculada con los tres acusados. Aquella firma funcionaba en el piso 13 de un edificio de calle Salta 126, en San Miguel de Tucumán, y acumuló reclamos y denuncias entre 2020 y 2022.
La empresa había ganado visibilidad mediante publicidad televisiva, incluida su presencia en Canal 10. Las promesas de acceso a vehículos atrajeron a numerosos clientes, pero los incumplimientos denunciados derivaron en protestas frente al negocio. Finalmente, la firma cerró sus puertas y dejó de responder los llamados.
Durante aquel conflicto, Díaz Vier y García cuestionaron las acusaciones y manifestaron su malestar porque, según denunciaban, les tomaban fotografías y los observaban dentro del country en el que vivían.
En ese expediente había cuatro imputados: además de Díaz Vier, García y Goitea, figuraba María José García. En 2022 se dispuso una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, con compromisos de reparación económica y reglas de conducta.
El acuerdo contemplaba que los imputados repararan el perjuicio de las víctimas y realizaran, entre los cuatro, un aporte de $100.000 destinado a un programa provincial de reparación del daño que podía canalizar recursos hacia organizaciones y fundaciones. Se trató de una salida procesal sujeta a condiciones; no corresponde presentarla como una condena penal.
Después de ese antecedente, los tres actuales acusados volvieron a quedar vinculados con la comercialización de vehículos a través de la concesionaria de Yerba Buena. Según las denuncias reseñadas, los incumplimientos de esta nueva etapa comenzaron hacia fines de 2025.
La estimación difundida antes de la incorporación de los nuevos reclamos ubicaba el presunto perjuicio en torno a los $180 millones. Con 28 denuncias, el monto podría modificarse, aunque el aumento de denunciantes no permite establecer por sí solo una nueva cifra total.
La investigación deberá determinar el alcance de cada operación, el destino del dinero y de los vehículos entregados, y la responsabilidad que pudiera corresponder a cada imputado. Las maniobras descriptas forman parte de la acusación y continúan bajo investigación judicial. /Contexto
