Deberá aportar dos millones de pesos al Hospital de Niños

Además de la pena de prisión efectiva, el acuerdo establece que Casanova deberá depositar dos millones de pesos en concepto de reparación.

El dinero tendrá que ser transferido a una cuenta del Hospital de Niños de la provincia dentro de un plazo de diez días hábiles.

La resolución también dispuso que los vehículos secuestrados durante la investigación continúen a disposición de la Justicia Federal.

Se trata de una camioneta Ford Raptor, un automóvil Citroën C4 y dos motocicletas, una KTM 450 y una Yamaha 500. Los rodados permanecen vinculados a otro expediente en el que Casanova es investigado por presunto lavado de activos.

Los antecedentes de Casanova y las disputas territoriales

Casanova, de 30 años, es señalado por las autoridades provinciales como una persona presuntamente vinculada a organizaciones dedicadas al narcotráfico en Tucumán.

Su nombre comenzó a aparecer en investigaciones policiales relacionadas con enfrentamientos armados y disputas territoriales en el barrio Oeste II.

Uno de los conflictos que se le atribuyen es el enfrentamiento con Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe por el control de sectores vinculados a la venta de drogas, una disputa que estuvo atravesada por hechos de violencia y varias muertes.

Posteriormente, las tensiones también se relacionaron con la interna de la barra brava de San Martín de Tucumán.

En diciembre de 2024 apareció una bandera en el estadio de La Ciudadela en la que se señalaba a Casanova y a Walter “Petiso David” Lobos como narcotraficantes.

La colocación de esa bandera fue atribuida posteriormente a Ángel “El Mono” Ale, en medio de una disputa con la facción vinculada a Facundo Ale y Villafañe.

El operativo que dio origen a la causa

La investigación que terminó con esta condena comenzó después de un tiroteo ocurrido durante una fiesta electrónica en septiembre de 2025.

En el evento coincidieron Facundo Ale, Casanova, Jorge Anaya González y Juan Vargas. El fiscal provincial Mariano Fernández investigó el enfrentamiento y ordenó una serie de allanamientos realizados el 25 de septiembre.

Durante el procedimiento en la vivienda de Casanova, los investigadores encontraron 28 dosis de cocaína y una piedra de la misma sustancia de ocho gramos, además de un arma de fuego y cuatro vehículos.

Fernández continuó con la investigación por el ataque armado y la tenencia del arma, pero remitió las actuaciones vinculadas con los estupefacientes a la Justicia competente.

También advirtió sobre posibles maniobras de lavado de activos debido a diferencias entre la actividad económica declarada por el acusado y los bienes que exhibía.

Según la investigación, Casanova afirmaba dedicarse a la compraventa de chatarra, mientras que en sus redes sociales mostraba joyas de oro, una embarcación y contrataciones de artistas nacionales para fiestas privadas, sin que se hubiera justificado el origen de esos recursos.

Además de la investigación patrimonial en la Justicia Federal, el condenado enfrenta otros dos expedientes en tribunales ordinarios de Tucumán y una causa en Jujuy por presunto transporte de estupefacientes.

Por qué la acusación terminó siendo por tenencia simple

En un primer momento, el expediente por la cocaína secuestrada quedó a cargo del fiscal de Narcomenudeo José Sanjuán, quien acusó a Casanova de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Posteriormente, el funcionario remitió la causa a la Justicia Federal ante la sospecha de que el acusado pudiera integrar una red de distribución de drogas de mayor alcance.

Para respaldar esa hipótesis se incorporaron dos denuncias anónimas recibidas a través de la Línea 134 y anotaciones manuscritas encontradas dentro de un camión en el que se habían secuestrado 56 kilos de marihuana en Trancas, el 30 de septiembre de 2025.

En esos papeles figuraba la inscripción “Barrio Oeste 2-Chuky Casanova”.

Sin embargo, una investigación posterior realizada por Gendarmería Nacional, a pedido del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, no encontró elementos que permitieran vincular operativa o logísticamente a Casanova con ese cargamento.

Los investigadores concluyeron que las anotaciones realizadas por terceros no eran suficientes para acreditar su participación en el transporte de la droga.

Tampoco se encontraron elementos que permitieran sostener una acusación por comercialización, como balanzas de precisión, registros de clientes, dinero en efectivo o pruebas de operaciones de venta.

Por ese motivo, la Fiscalía modificó la calificación legal a tenencia simple de estupefacientes.

Ese cambio permitió que las partes negociaran un acuerdo de juicio abreviado, finalmente homologado por la jueza Liliana Snopek.

La sentencia de tres años de prisión efectiva constituye la primera condena contra Javier “Chuky” Casanova, mientras continúan abiertas otras investigaciones judiciales en su contra. /Contexto