Comienza a funcionar en los centros judiciales tucumanos un área para controlar el cumplimiento de las medidas por violencia familiar
Uno de sus ejes principales será el control de la ejecución de las medidas de protección, con el objetivo de verificar que las decisiones de los jueces se traduzcan en acciones concretas.
El área de Control de Ejecución tendrá a su cargo el seguimiento de las notificaciones y la coordinación con organismos públicos y entidades privadas que deban intervenir para hacer efectivas las disposiciones judiciales.
Por ejemplo, cuando un juez ordene una consigna policial como medida de protección, el área se comunicará con la Policía para verificar que se haya implementado. De esta manera, se busca reforzar el seguimiento de las medidas ordenadas y comprobar su cumplimiento.
La nueva oficina comenzará a funcionar de manera progresiva durante las próximas tres semanas. Este viernes 30 de octubre se implementará en los centros judiciales Capital y Monteros; el jueves 5 de noviembre se incorporará el Centro Judicial del Este y el jueves 19 de noviembre comenzará a funcionar en el Centro Judicial de Concepción.
Cómo funcionará la nueva estructura
Además del área de Control de Ejecución, la oficina contará con equipos de Despacho Urgente, Comunicaciones y Guardia Provincial. Estas áreas trabajarán de manera coordinada para acompañar las distintas etapas de tramitación de las causas por violencia familiar.
Otro de los cambios será la posibilidad de distribuir tareas entre equipos de distintos centros judiciales. Así, funcionarios y empleados podrán colaborar desde sus respectivas sedes en la tramitación de expedientes de otras jurisdicciones, de acuerdo con la organización del servicio.
El nuevo modelo apunta a unificar criterios de trabajo, profundizar la especialización y distribuir las tareas según las necesidades del conjunto de la provincia, sin perder la presencia territorial necesaria para atender las particularidades de cada centro judicial.
Una respuesta judicial de alcance provincial
La iniciativa fue dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán mediante la Acordada N.º 1027/26 y se enmarca en la Ley Provincial N.º 7264 de Protección contra la Violencia Familiar, que establece un régimen de protección y asistencia integral para las personas afectadas.
En los fundamentos de la acordada, la Corte destaca la necesidad de garantizar procedimientos judiciales ágiles, urgentes, eficaces y especializados, orientados a resguardar la integridad psicofísica de las personas y reducir los riesgos derivados de situaciones de vulnerabilidad.
Como antecedente, se tomó la experiencia de la Oficina de Gestión Asociada de Procesos de Violencia Familiar del Centro Judicial Capital, que comenzó a funcionar en septiembre de 2025 y permitió unificar metodologías de trabajo y profundizar la especialización en la tramitación de estas causas.
Con la ampliación del esquema a toda la provincia, el Poder Judicial busca mejorar la coordinación entre los centros judiciales y fortalecer la organización del servicio, con especial atención al seguimiento de las medidas de protección dispuestas por los jueces. /Contexto
