La Justicia rechazó el sobreseimiento de un ex funcionario y prorrogó la investigación por la venta de tierras fiscales en la reserva de El Mollar
Además, el juez Mario Velázquez extendió por cuatro meses la custodia provincial de las tierras involucradas y autorizó la continuidad de la investigación, que busca determinar las responsabilidades de siete imputados por una maniobra que habría incluido la venta de aproximadamente 60 parcelas.
La resolución representó un nuevo avance en el expediente conocido como Loteo Gaucho Castro, una de las investigaciones más relevantes surgidas a partir de las acciones emprendidas por el Gobierno provincial para recuperar propiedades estatales ocupadas irregularmente en el Valle de Tafí.
El caso comenzó a tomar forma en noviembre de 2024, cuando empleados provinciales detectaron, durante una inspección, la ocupación de un sector de la Reserva Natural La Angostura. Ante esa situación, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, dispuso una serie de relevamientos para establecer la situación dominial de los terrenos.
Los estudios permitieron identificar un predio de aproximadamente nueve hectáreas donde particulares habían levantado viviendas y desarrollado emprendimientos sobre superficies que, según la posición del Estado provincial, forman parte del patrimonio público.
Entre las ocupaciones detectadas apareció el denominado Loteo Gaucho Castro, un emprendimiento que presentaba una particularidad: varias de sus construcciones llevaban años en el lugar.
La investigación encabezada por el fiscal Miguel Varela permitió reconstruir una presunta organización dedicada a subdividir y comercializar tierras fiscales mediante operaciones respaldadas por documentación y gestiones administrativas que habrían sido utilizadas para aparentar legalidad.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Juan Pablo Castro, un hombre de más de 70 años, se habría presentado como propietario de terrenos cuya titularidad reclama la Provincia.
En ese contexto, Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, empleados de la desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, presuntamente lo habrían convencido de fraccionar el inmueble para ofrecer las parcelas a compradores particulares.
Los investigadores sostienen que ambos agentes habrían iniciado trámites ante la Dirección General de Catastro con la finalidad de respaldar las operaciones. Sin embargo, esos procedimientos administrativos nunca llegaron a completarse.
La pesquisa también alcanzó a Rogel Chaler y al ex comisionado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, quienes habrían colaborado en distintas instancias de la maniobra investigada.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la comercialización de los lotes habría estado a cargo de Trujillo, Barreiro, Damián Romano, nieto político de Castro, y Yanina Mamaní, familiar de uno de los empleados mencionados.
En total, se habrían vendido alrededor de 60 parcelas por montos que oscilaron entre los 15.000 y los 30.000 dólares cada una.
Los compradores, por su parte, aseguraron que habían adquirido los terrenos de buena fe y señalaron que la intervención de dependencias estatales les había generado confianza respecto de la validez de las transacciones.
A partir de los elementos reunidos, la Fiscalía formuló cargos contra los siete involucrados por estafa y asociación ilícita. También se atribuyeron, según la participación individual investigada, delitos de usurpación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Las imputaciones fueron admitidas judicialmente, aunque las responsabilidades penales de los acusados todavía deben determinarse.
Durante el desarrollo del expediente se dispusieron medidas para recuperar el inmueble, entre ellas el desalojo del predio y actuaciones relacionadas con las edificaciones existentes.
Posteriormente, la Justicia ordenó la restitución provisoria de las tierras a la Provincia, que quedó encargada de su protección mientras continúa el proceso.
El nuevo capítulo judicial se produjo cuando los abogados María Florencia Abdala y Camilo Atim, representantes de Rogel Chaler, solicitaron que su defendido fuera desvinculado definitivamente de la investigación.
Los letrados argumentaron que, pese al tiempo transcurrido, no se habían incorporado pruebas suficientes para demostrar que el exfuncionario hubiera participado de las operaciones cuestionadas.
La auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi, en representación del equipo encabezado por Varela, se opuso al planteo y sostuvo que todavía existen diligencias pendientes que podrían aportar información relevante sobre la intervención de los imputados.
Entre las medidas mencionadas figuraron el análisis de nueva documentación y pericias sobre dispositivos de almacenamiento de información, cuyos turnos habían sido programados para febrero.
La Fiscalía consideró prematuro disponer un sobreseimiento cuando aún quedan pruebas por producir y existen elementos recientes que requieren evaluación.
La postura fue respaldada por José María Molina y Horacio Geria, abogados de la Fiscalía de Estado, que interviene como querellante en representación de los intereses provinciales.
Los profesionales coincidieron en que la evidencia incorporada recientemente podría resultar determinante para establecer el grado de participación de los acusados, incluido Rogel Chaler.
Después de escuchar a las partes, el juez Mario Velázquez resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento y mantener al exfuncionario sujeto al proceso.
En la misma decisión, el magistrado prorrogó durante otros cuatro meses la medida que permite a la Provincia conservar la custodia de los terrenos recuperados.
También instó a los representantes de la acusación, la querella y las defensas a agilizar las actuaciones pendientes para evitar nuevas demoras en una investigación iniciada hace casi dos años.
En otra audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el expediente fuera declarado como causa compleja, debido a la cantidad de imputados, la diversidad de delitos investigados y el volumen de documentación y pericias que todavía deben analizarse.
La Fiscalía de Estado acompañó el requerimiento y el juez Velázquez hizo lugar al planteo, habilitando la continuidad de la investigación hasta marzo.
Con estas resoluciones, el expediente por el Loteo Gaucho Castro continuará abierto mientras se completan las medidas probatorias destinadas a esclarecer cómo se habrían comercializado terrenos pertenecientes al Estado y qué responsabilidad pudo corresponderles a los particulares y exfuncionarios involucrados.
La causa también mantiene pendiente la situación de quienes adquirieron las parcelas y construyeron viviendas bajo la convicción de que las operaciones eran legítimas, mientras la Provincia sostiene su reclamo sobre la propiedad de las tierras ubicadas dentro de la reserva natural. /Contexto
