Femicidio de Érika Álvarez: el silencio y los miedos de Sosa apuntan al narco, la política y el poder económico

El juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez dejó al descubierto una trama de presuntas relaciones entre personas investigadas por narcotráfico, empresarios, dirigentes políticos, integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales

Las sospechas sobre el entorno de la víctima y del principal acusado adquirieron mayor relevancia a partir de los testimonios incorporados al debate. Sin embargo, hasta el momento no se acreditó judicialmente que los contactos mencionados hayan participado en actividades ilícitas relacionadas con el asesinato ni que exista una organización criminal detrás de la muerte de la joven.

El fiscal Pedro Gallo remitió información a su colega José Sanjuán, especializado en narcomenudeo, para que evaluara los datos vinculados con estupefacientes que aparecieron en el expediente. Por su parte, Carlos Garmendia, abogado de la familia Álvarez, realizó una presentación ante la Justicia Federal. No trascendieron públicamente los resultados de esas actuaciones.

Uno de los principales interrogantes gira alrededor del silencio de Sosa. Su defensor, Marcelo Cosiansi, sostuvo que el imputado recibió amenazas y que tendría miedo de contar lo que sabe. No obstante, las supuestas intimidaciones no fueron esclarecidas y tampoco se identificó públicamente a sus presuntos responsables.

El acusado, ex integrante del Ejército Argentino y de la Legión Extranjera francesa, permanece detenido desde hace más de nueve meses en el penal de Benjamín Paz, donde cumple un régimen de aislamiento. Sus abogados también denunciaron problemas relacionados con su estado de salud y el suministro de medicamentos.

La defensa sostiene que Sosa no fue responsable de la muerte de Érika, aunque admite que habría intervenido en el traslado y abandono del cuerpo. Sin embargo, el imputado todavía no ofreció ante el tribunal una reconstrucción completa de lo sucedido.

Las referencias al narcotráfico aparecieron especialmente en los testimonios sobre las relaciones personales de la víctima.

Según la información incorporada al expediente, Érika habría mantenido un vínculo sentimental con Carlos El Paraguayo Ferreyra, señalado en investigaciones por el traslado de importantes cargamentos de estupefacientes desde Paraguay hacia la Argentina.

Ferreyra había sido detenido en Alberdi y posteriormente trasladado a Chaco, donde era requerido judicialmente. Tiempo después habría regresado a Tucumán y, según versiones recogidas durante la investigación, actualmente podría encontrarse en una localidad cercana a la frontera con Bolivia.

Su presunta relación con la víctima generó nuevos interrogantes sobre las personas que frecuentaban su entorno, aunque no se estableció que tuviera intervención en el femicidio.

Las sospechas también alcanzaron a los contactos que Sosa habría construido a través de sus actividades comerciales.

El imputado estuvo vinculado con una empresa de seguridad privada que, según la información difundida, habría integrado junto con otro exmilitar mencionado en una investigación sobre la comercialización ilegal de armas durante la década de 1990.

La firma habría obtenido su habilitación cuando Eduardo Di Lella, tío de Sosa, se desempeñaba como secretario de Seguridad de Tucumán.

Di Lella fue posteriormente condenado por maniobras de encubrimiento en el segundo juicio relacionado con la desaparición y el asesinato de Paulina Lebbos. Durante buena parte de aquel proceso, Sosa trabajó como su custodio.

Su actividad en el sector de la seguridad le habría permitido establecer relaciones con dirigentes políticos, empresarios y otras personas con influencia institucional.

Después de que trascendiera su vinculación con el crimen de Érika, las autoridades municipales de Yerba Buena decidieron interrumpir la relación que mantenían con él.

También circularon versiones sobre la participación de empresarios en reuniones privadas realizadas en la vivienda del acusado. Entre las personas mencionadas figuró un empresario oriundo de Lules, con aspiraciones políticas dentro de un espacio opositor, que presuntamente habría concurrido a encuentros en los que se consumían drogas.

Esas afirmaciones, surgidas de versiones recogidas durante la investigación, no equivalen a hechos judicialmente comprobados.

En ámbitos judiciales también trascendió que la detención de Sosa en Buenos Aires habría generado preocupación entre personas vinculadas con el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y la Justicia Federal.

El acusado habría participado de reuniones sociales a las que, según esas versiones, también podrían haber asistido funcionarios judiciales. A ello se suma que mantuvo una relación sentimental con Justina Gordillo, empleada del máximo tribunal provincial e investigada por presuntas maniobras de encubrimiento.

Otro aspecto bajo observación es el historial judicial de Sosa.

El imputado había obtenido resoluciones favorables en expedientes relacionados con drogas, amenazas y violencia de género. Según la información difundida, contó durante años con el asesoramiento de un abogado de amplia trayectoria y numerosos contactos en Tribunales.

Tras su detención por el femicidio, volvió a examinarse una causa federal vinculada con la producción de flores de marihuana que había permanecido durante un período prolongado sin avances conocidos.

Ese mismo profesional habría intervenido para que otros abogados asumieran inicialmente la representación de Sosa. Posteriormente, Cosiansi cuestionó el desempeño de esos defensores y sostuvo que determinadas decisiones habían perjudicado la situación procesal de su cliente.

Durante una de sus primeras declaraciones en el juicio, el acusado pidió disculpas a las personas que pudieron resultar afectadas por los llamados telefónicos que realizó después de los hechos investigados.

Inicialmente, esas manifestaciones fueron relacionadas con Gordillo, Jorge Chicho Díaz y Nicolás Navarro Flores, personas mencionadas en la causa por sus presuntas intervenciones posteriores al crimen.

Sin embargo, también surgió la versión de que Sosa habría mantenido contacto con un abogado casado con una dirigente de La Libertad Avanza. Ese profesional no fue imputado en el expediente.

Las circunstancias de esas comunicaciones y su eventual relevancia para la investigación constituyen otros puntos que podrían requerir aclaraciones.

Uno de los elementos que continúa sin aparecer es el teléfono celular de Érika Álvarez.

El dispositivo podría contener información sobre sus relaciones personales, conversaciones y actividades previas a su muerte. Además, según los datos disponibles, los peritos no consiguieron recuperar la totalidad del contenido almacenado en sus servicios de almacenamiento en la nube.

La desaparición del aparato representa una limitación para reconstruir determinados aspectos de los últimos días de la víctima y verificar algunas de las versiones surgidas durante la investigación.

Pese a la cantidad de nombres y sospechas que aparecieron en el expediente, el tribunal que interviene en el juicio debe resolver específicamente las responsabilidades penales relacionadas con el femicidio y las presuntas maniobras de encubrimiento.

Cualquier evidencia sobre narcotráfico, corrupción policial, irregularidades judiciales u otros delitos deberá ser examinada en investigaciones independientes, siempre que existan elementos suficientes para justificar su apertura o continuidad.