La estrategia de “El Militar”: afirmar que Érika murió por accidente y que el miedo lo llevó a deshacerse del cuerpo
El abogado querellante Carlos Garmendia cuestionó esa postura y aseguró que los argumentos están relacionados. Según su interpretación, la defensa pretende sostener que Érika murió accidentalmente y que Sosa, por temor a represalias de la pareja de la víctima, decidió deshacerse del cuerpo.
“Todo está ligado a una estrategia defensiva. Buscan hacer creer que Érika murió de manera accidental y por temor a sufrir represalias del novio, decidió eliminar el cuerpo. Por eso hablan de amenazas, pero no denuncian nada ni dicen cuándo, cómo y dónde”, afirmó Garmendia en declaraciones a La Gaceta.
El querellante también vinculó esa hipótesis con los planteos sobre el estado psicológico del acusado. “Ahora pretendieron hacer creer que tiene problemas para estar en el juicio. El informe de los médicos que lo atendieron es categórico: no tiene ningún problema. Fin de la discusión”, agregó.
La hipótesis de una muerte accidental y el temor a represalias
Uno de los puntos centrales de la controversia es la explicación que la defensa busca sostener sobre lo ocurrido con Érika Álvarez. De acuerdo con la interpretación de Garmendia, esa versión apunta a descartar que Sosa haya provocado intencionalmente la muerte de la joven y a presentar la eliminación del cuerpo como una reacción motivada por el miedo.
El defensor Marcelo Cosiansi sostuvo que no resulta descabellado que su cliente haya sentido temor. Argumentó que Érika mantenía una relación con un hombre vinculado al narcotráfico al que describió como peligroso.
“No es para nada descabellado que haya tenido miedo. Érika era la pareja de un conocido narco que, además, es considerado como peligroso”, señaló Cosiansi.
El abogado reconoció que todavía no se presentó una denuncia formal por las supuestas amenazas. Explicó que continúan buscando elementos probatorios para respaldar ese planteo.
La querella, en cambio, cuestiona que se invoquen amenazas sin precisar las circunstancias en las que habrían ocurrido ni aportar, hasta el momento, una denuncia que las respalde.
Los problemas de salud mental, el otro eje de la defensa
En paralelo, los defensores Marcelo Cosiansi y Rubén Flores vienen advirtiendo sobre un supuesto deterioro de la salud mental de Sosa, que permanece detenido desde hace nueve meses.
El planteo comenzó en el alegato de apertura, cuando Cosiansi aseguró que las condiciones de encierro habían afectado a su defendido.
“Él no se encuentra en buen estado por las condiciones de encierro que viene sufriendo hace nueve meses. Con esto no quiero decir que no se pueda hacer el debate ni planteando que se lo suspenda, simplemente estoy avisando de un problema”, manifestó.
Con el avance de las audiencias, la defensa profundizó sus advertencias. Primero mencionó amenazas que habrían afectado al acusado. Después llevó medicamentos a la sala y pidió que se garantizara su entrega al Servicio Penitenciario.
Finalmente, los abogados plantearon que Sosa no estaba en condiciones de afrontar el juicio y solicitaron una evaluación especializada.
Una evaluación médica contradijo el planteo
El Tribunal ordenó que Sosa fuera examinado por un especialista y autorizó la presencia de un perito de la defensa durante el procedimiento.
El resultado no respaldó el pedido de los abogados: los profesionales no encontraron alteraciones que le impidieran continuar participando del debate. En consecuencia, el juicio siguió adelante.
Durante la investigación, Sosa ya había sido evaluado por un profesional de salud mental, que concluyó que era imputable y se encontraba ubicado en tiempo y espacio.
Sin embargo, no se realizó un perfil psicológico, una evaluación que no es obligatoria y que requiere el consentimiento del imputado.
Cosiansi y Flores informaron que realizaron dos pericias, una en junio y otra en octubre, aunque no dieron a conocer sus resultados.
“Lo que nos interesa a nosotros ya está en el expediente: Sosa no es inimputable”, sostuvo Garmendia.
El comportamiento de Sosa durante las audiencias
Las afirmaciones de la defensa también contrastaron con algunas de las actitudes que mostró el acusado durante la séptima audiencia.
Aunque su deterioro físico resultaba visible, Sosa siguió atentamente las declaraciones de los testigos, conversó con su abogado Rubén Flores y hasta intercambió sonrisas con Jorge “Chicho” Díaz, su ex empleado de confianza, que también está siendo juzgado por encubrimiento.
Estas conductas se produjeron después de que la defensa advirtiera que el acusado atravesaba dificultades psicológicas que comprometían su participación en el proceso.
La defensa insiste y la querella cuestiona sus argumentos
Pese al resultado de la evaluación médica, Cosiansi mantiene su posición sobre el estado de su cliente.
“Sobre su estado de salud mental no hay mucho más que decir. Desde hace meses que lo venimos diciendo”, afirmó.
La discusión generó malestar entre las partes. Mientras los defensores insisten en que el acusado presenta problemas derivados de su detención y de las amenazas que asegura haber recibido, la querella considera que esos argumentos forman parte de una estrategia más amplia vinculada con la explicación de la muerte de Érika.
El Código Procesal Penal contempla la suspensión de un juicio cuando se acredita que el acusado presenta una incapacidad mental que le impide comprender los actos procesales o participar adecuadamente de su defensa. Para ello se requiere una evaluación pericial y una decisión judicial.
Hasta ahora, esas condiciones no se acreditaron en el caso de Sosa. El Tribunal mantuvo la continuidad del debate, mientras la defensa sostiene sus planteos y la querella insiste en cuestionar tanto la hipótesis de una muerte accidental como los argumentos sobre la salud mental del acusado. /Contexto
