Femicidio de Érika Álvarez: quién tiene el poder para obligar a un duro como El Militar Sosa a callar hasta forzar la renuncia de su abogado defensor
El juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez sumó un nuevo episodio de tensión después de que Marcelo Cosiansi renunciara a la defensa de Felipe El Militar Sosa, acusado de asesinar a la joven de 25 años. El abogado aseguró que su defendido recibe presiones de otros internos del establecimiento penitenciario, presuntamente vinculados con el narcotráfico, y sostuvo que esa situación le impedía ejercer su trabajo con independencia. La decisión se produjo mientras el debate judicial comenzaba a revelar testimonios sobre supuestas conexiones del acusado con organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas, empresarios, dirigentes políticos y miembros de fuerzas de seguridad.
Cosiansi explicó que su alejamiento estuvo motivado por las dificultades que enfrentaba para desarrollar una estrategia defensiva sin interferencias externas. Según relató, Sosa recibía mensajes de otros detenidos y posteriormente transmitía instrucciones sobre los planteos que debían realizar sus abogados y las preguntas que correspondía formular a los testigos.
El letrado sostuvo que esas indicaciones no surgían de decisiones propias del acusado, sino que aparentemente respondían a pedidos de terceras personas interesadas en influir sobre el desarrollo del juicio.
De acuerdo con su explicación, las presiones se producirían dentro del penal, pese a las condiciones de aislamiento en las que se encontraría Sosa. Los mensajes llegarían mediante gritos entre celdas o durante los desplazamientos de los internos hacia los sectores destinados a la alimentación.
El abogado admitió la posibilidad de que alguna de las personas que ejercen esa influencia esté vinculada con el narcotráfico, aunque no proporcionó identidades ni elementos que permitan confirmar esa sospecha.
También consideró que el propio Sosa podría aportar información para esclarecer las circunstancias que rodean el crimen y los posibles intereses de terceros en el desarrollo del proceso judicial.
Cosiansi señaló que, en distintas oportunidades, su defendido le solicitó presentar planteos procesales específicos que, a su entender, requerían conocimientos jurídicos que el acusado no poseía.
Esa circunstancia alimentó sus sospechas de que otras personas estaban intentando condicionar las decisiones de la defensa.
El profesional aclaró que su renuncia no respondió a amenazas directas contra su persona ni al temor por su seguridad, sino a la imposibilidad de continuar trabajando con la autonomía que consideraba necesaria.
Su alejamiento se produjo después de diez audiencias de un juicio que, además de buscar establecer las responsabilidades por el asesinato de Érika, comenzó a incorporar testimonios relacionados con presuntas actividades de narcotráfico.
La acusación principal está dirigida contra Sosa, señalado como responsable de la muerte de la joven. El debate también procura determinar si Justina Gordillo, expareja del acusado y funcionaria judicial, y Jorge Chicho Díaz, empleado de confianza de Sosa, participaron en maniobras destinadas a encubrir el homicidio.
Sin embargo, durante las audiencias surgieron referencias a posibles relaciones entre el acusado y personas vinculadas con la comercialización de estupefacientes, una cuestión que no integra el objeto específico del juicio por el femicidio.
Parte de esa información fue aportada por Maira y Malena Álvarez, hermanas de la víctima, quienes declararon sobre los vínculos personales de Érika y las actividades en las que presuntamente participaba.
Ambas mencionaron que la joven mantenía una relación con Carlos El Mayor Ferreira, identificado en sus testimonios como un narcotraficante paraguayo.
Las hermanas afirmaron que Ferreira era buscado y aseguraron que Érika participaba de reuniones en las que supuestamente se acordaban operaciones relacionadas con el transporte y la comercialización de importantes cargamentos de drogas.
Según sus declaraciones, en esos encuentros habrían intervenido integrantes de las fuerzas policiales de Tucumán y Santiago del Estero, además de empresarios y dirigentes políticos.
Se trata de afirmaciones formuladas durante el debate que, hasta el momento, no constituyen una acreditación judicial de la participación de esas personas en actividades ilícitas.
Malena Álvarez también declaró que Sosa llevaba a su hermana a reuniones organizadas para recibir avionetas que presuntamente transportaban estupefacientes.
Por su parte, Maira sostuvo que Érika le había contado sobre una supuesta participación de El Militar en la distribución y comercialización de éxtasis durante fiestas electrónicas.
Estas declaraciones incorporaron al juicio referencias a posibles actividades delictivas que exceden el homicidio investigado y que podrían requerir actuaciones específicas de otras fiscalías.
Las sospechas sobre eventuales vínculos con el narcotráfico no surgieron exclusivamente de los testimonios de las hermanas de la víctima.
Durante la investigación preparatoria, tanto Gordillo como Nicolás Navarro Flores, el único condenado hasta el momento por hechos relacionados con el caso, también hicieron referencias a presuntas actividades vinculadas con la comercialización de drogas.
Fuentes judiciales señalaron que el nombre de Sosa aparece mencionado en otros expedientes como supuesto proveedor de éxtasis para organizaciones de menor escala dedicadas a la venta de estupefacientes.
Además, el acusado tiene abierta una investigación en la Justicia Federal relacionada con la producción de flores de marihuana.
La existencia de esas actuaciones y menciones no implica, por sí misma, que se haya demostrado su responsabilidad penal en los hechos investigados.
En este contexto, la renuncia de Cosiansi agregó nuevos interrogantes sobre la situación del principal acusado y sobre las razones por las cuales otras personas podrían estar interesadas en influir en sus declaraciones o en la estrategia de su defensa.
El abogado evitó identificar a quienes supuestamente transmiten instrucciones desde el interior del penal, pero insistió en que Sosa debería explicar lo que conoce sobre las circunstancias que rodean el crimen.
También dejó abierta la posibilidad de que durante las próximas audiencias surjan nuevos elementos sobre las relaciones del acusado con personas vinculadas con actividades ilícitas.
El desarrollo del juicio tendrá próximamente dos instancias que podrían resultar relevantes para esclarecer algunos de estos interrogantes.
Una de ellas será la declaración de Nicolás Navarro Flores, cuya participación podría aportar información adicional sobre los movimientos de Sosa y sus presuntas conexiones con el narcotráfico.
La otra estará relacionada con los resultados de las pericias practicadas sobre los teléfonos celulares secuestrados al principal acusado.
Entre los elementos pendientes de análisis se encuentra la información recuperada recientemente de un iPhone perteneciente a Sosa, cuyo contenido podría contribuir a reconstruir comunicaciones, contactos y movimientos de interés para la investigación.
Los resultados de esos estudios deberán ser incorporados y evaluados en el marco del proceso, sin que hasta el momento se conozca si contienen datos capaces de respaldar las sospechas mencionadas durante las audiencias.
La aparición de testimonios sobre presuntas operaciones de narcotráfico también plantea una cuestión relacionada con las competencias judiciales.
El juicio en curso tiene como finalidad determinar las responsabilidades penales por el femicidio de Érika y las supuestas maniobras de encubrimiento posteriores.
Las eventuales actividades vinculadas con la producción, distribución o comercialización de estupefacientes corresponden a investigaciones diferentes, que podrían quedar bajo intervención de la Justicia Federal o de las unidades especializadas en narcomenudeo, según las características de los hechos.
Una vez concluido el debate, el fiscal Pedro Gallo o el Tribunal podrían disponer, si consideran que existen elementos suficientes, la remisión de actuaciones a los organismos competentes para que se investiguen esas posibles conductas.
Esa eventual decisión se produciría aproximadamente once meses después del asesinato de Érika, ocurrido en enero de 2026.
Mientras tanto, la salida de Cosiansi de la defensa de Sosa dejó expuesta una nueva controversia en torno al acusado, quien deberá continuar afrontando el proceso con la asistencia letrada correspondiente.
Las afirmaciones del abogado sobre presiones dentro del establecimiento penitenciario no fueron acompañadas, en la información difundida, por una denuncia judicial específica ni por pruebas que permitan establecer quiénes estarían detrás de esas conductas.
Sin embargo, sus declaraciones se sumaron a los testimonios que durante las diez audiencias comenzaron a introducir referencias a posibles vínculos entre el acusado y personas relacionadas con el narcotráfico.
El Tribunal deberá continuar concentrado en la determinación de las responsabilidades por la muerte de Érika Antonella Álvarez, mientras permanece abierta la posibilidad de que los elementos surgidos durante el debate den origen a nuevas investigaciones penales sobre hechos ajenos al femicidio. /Contexto
