Caso Érika Álvarez: los vínculos de Sosa con drogas sintéticas y un narco paraguayo abren otro frente judicial
Aunque estas cuestiones no forman parte del juicio por el crimen, los elementos incorporados a distintos expedientes podrían impulsar nuevas investigaciones judiciales sobre la comercialización de estupefacientes en Tucumán.
Uno de los principales hallazgos surgió de una causa por venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas, en la que los investigadores identificaron dos contactos telefónicos asociados a Sosa. La información fue remitida a la Justicia Federal, donde el acusado del femicidio ya estaba siendo investigado por el cultivo de más de 300 plantas de cannabis.
El vínculo apareció durante el análisis de un procedimiento realizado el 14 de abril de 2024 por efectivos de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en una finca de Tafí Viejo, donde se desarrollaba una fiesta electrónica.
En aquel operativo se secuestraron dosis de éxtasis, LSD-25, ketamina, marihuana, cocaína y tusi, una sustancia conocida como cocaína rosa. Si bien las cantidades incautadas no fueron elevadas, el procedimiento permitió iniciar una de las primeras investigaciones por comercialización de drogas sintéticas bajo la legislación provincial de narcomenudeo.
Como consecuencia de esa investigación, la Justicia ordinaria dispuso la detención y el procesamiento de César Fernández Fazio y Mariano Valdez. Ambos recuperaron posteriormente la libertad y el expediente se encuentra próximo a la instancia de juicio.
Las actuaciones también aportaron indicios sobre una posible modalidad de comercialización de sustancias prohibidas mediante productoras vinculadas con la organización de fiestas electrónicas, donde las drogas podrían haberse ofrecido junto con las entradas a los eventos.
Durante el análisis de los teléfonos de los investigados, los especialistas encontraron dos contactos identificados como "Felipe Sosa Nuevi" y "Felipe Pastis". Según las averiguaciones, ambos correspondían a una misma línea telefónica utilizada por Sosa y registrada a nombre de Seguridad Objetiva, una de sus empresas.
El fiscal de Narcomenudeo José Sanjuán comunicó el hallazgo a la Justicia Federal. Posteriormente, el fiscal Agustín Chit reunió otros elementos y solicitó que Sosa fuera imputado por presunta comercialización de drogas sintéticas.
Ferreira había sido detenido en Tucumán durante 2021 y trasladado a Chaco, donde era requerido por un magistrado federal. Sin embargo, dos años después regresó a la provincia, en circunstancias que no fueron esclarecidas, y durante ese período habría comenzado su relación con Álvarez.
Los investigadores establecieron que el ciudadano paraguayo alquilaba habitualmente una propiedad en El Cadillal, donde habría organizado reuniones con diferentes personas.
El propietario del inmueble confirmó que Ferreira utilizaba la vivienda para encuentros particulares y recordó que allí también se había celebrado un cumpleaños de Érika junto a integrantes de su familia.
Esas reuniones adquirieron relevancia a partir de las declaraciones de los familiares de la víctima, quienes aseguraron que la joven les había comentado sobre supuestas negociaciones relacionadas con cargamentos de drogas.
Maira Álvarez, hermana de Érika, sostuvo durante el proceso judicial que Ferreira hacía participar a la joven en esos encuentros y que ella colaboraba reuniendo información sobre las personas con las que el ciudadano paraguayo pretendía establecer acuerdos.
Según su testimonio, entre los asistentes habría habido funcionarios policiales de Tucumán y Santiago del Estero, dirigentes políticos y empresarios. Esas afirmaciones forman parte de los testimonios incorporados a la investigación, pero no constituyen por sí mismas una comprobación de actividades delictivas de las personas mencionadas.
La desaparición de Ferreira de los lugares que frecuentaba después del asesinato también despertó sospechas entre los investigadores.
Una de las hipótesis del ECIF indica que el hombre habría regresado a Paraguay para evitar la exposición pública que provocó el crimen. En cambio, fuentes policiales señalaron que podría encontrarse oculto en una localidad de Salta cercana a la frontera con Bolivia.
Hasta el momento, ninguna de esas versiones sobre su paradero fue confirmada.
La investigación podría incorporar nuevos elementos cuando declare Nicolás Navarro Flores, el único condenado hasta ahora en el expediente por el crimen de Érika.
Durante sus declaraciones anteriores, Navarro Flores afirmó que Sosa le había entregado una piedra de cocaína y una caja de herramientas que contenía drogas sintéticas. Su testimonio podría aportar precisiones sobre el origen de esas sustancias y las actividades que se atribuyen al acusado.
Sin embargo, el objeto central del debate oral continúa siendo determinar la responsabilidad penal de Sosa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez.
Las sospechas sobre comercialización de drogas no constituyen pruebas de su participación en el asesinato ni modifican automáticamente su situación procesal en ese expediente. Del mismo modo, las referencias a las presuntas actividades de Ferreira no permiten atribuirle intervención alguna en el crimen.
La eventual aparición de nuevas evidencias durante las audiencias podría dar lugar a actuaciones independientes ante la Justicia Federal o las fiscalías especializadas en narcomenudeo, que deberán establecer si existieron delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y quiénes participaron en ellos.
