Una prestamista santiagueña fue detenida tras atacar una deudora en el trabajo y luego en su casa
Una disputa por un préstamo de más de $300.000, cuyo monto de devolución habría superado el millón de pesos, derivó en una investigación penal por amenazas y lesiones en Santiago del Estero.
La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, con intervención de efectivos de la Comisaría 51. La principal sospechosa fue identificada como Correa, domiciliada en el barrio Borges, mientras que la denunciante, de apellido Romano, aseguró que tanto ella como su familia temían sufrir nuevas agresiones.
De acuerdo con la investigación, el conflicto comenzó cuando Romano solicitó un préstamo superior a los $ 300.000 a Correa, una mujer vinculada familiarmente con uno de sus primos. La operación habría contemplado una devolución que superaba el millón de pesos, circunstancia que abrió interrogantes sobre las condiciones financieras del acuerdo.
Las diferencias surgieron cuando la deudora habría incumplido los plazos establecidos y dejó de responder los llamados telefónicos de la prestamista.
Ante esa situación, Correa se habría presentado en una dependencia de la administración pública donde trabajaba Romano. Según la denuncia, comenzó a reclamarle el dinero entre insultos y amenazas, hasta que le arrebató el teléfono celular y advirtió que no se lo devolvería mientras mantuviera la deuda.
El enfrentamiento no terminó allí. En una segunda visita al mismo establecimiento, la sospechosa habría sujetado a Romano del cabello y la habría arrastrado por el suelo. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones que demandaron siete días de recuperación, según la información incorporada a la causa.
La situación se agravó aproximadamente 24 horas después, cuando Correa habría llegado al domicilio de la denunciante, en el barrio Siglo XXI, acompañada por tres hombres.
De acuerdo con el relato de la familia y las grabaciones realizadas por adolescentes que presenciaron el episodio, los visitantes comenzaron a gritar insultos y amenazas desde la calle, exigiendo que Romano saliera de la vivienda.
Como nadie respondió a sus reclamos, los agresores habrían recogido piedras y fragmentos de escombros para arrojarlos contra el inmueble. Algunos proyectiles golpearon la puerta de acceso y otros ingresaron al interior de la casa.
Durante el ataque, Romano y sus familiares, entre ellos varios menores, habrían buscado refugio debajo de las camas para evitar ser alcanzados por las piedras.
La violencia también sorprendió a trabajadores del servicio de recolección de residuos que circulaban por el sector. Según los testimonios, los empleados se alejaron rápidamente del lugar ante la confusión generada por los incidentes.
Después de varios minutos, los atacantes se retiraron sin conseguir que la propietaria abriera la puerta.
La damnificada formalizó una denuncia y aportó elementos de prueba, entre ellos registros audiovisuales que permitirían reconstruir lo sucedido.
A partir de las actuaciones iniciales, la fiscal Vittar imputó a Correa por presuntas amenazas y lesiones relacionadas con los incidentes registrados en el lugar de trabajo de Romano. La investigación podría ampliarse para incorporar el ataque contra la vivienda y determinar la responsabilidad de los tres hombres que habrían acompañado a la acusada.
Otro aspecto que analiza el Ministerio Público Fiscal es el posible incumplimiento de una restricción de acercamiento que, según fuentes policiales, ya había sido dispuesta contra Correa después de la agresión laboral.
Si se confirma que la mujer se presentó en el domicilio de Romano pese a tener prohibido acercarse a ella, podría enfrentar una nueva imputación por desobediencia judicial.
Mientras avanzan las actuaciones, la denunciante recurrió a un abogado y manifestó su preocupación por la seguridad de sus familiares. Personal de la Comisaría 51 realizó nuevas diligencias ante la existencia de otras denuncias vinculadas con el conflicto.
Los investigadores remarcaron que el reconocimiento de una deuda no habilita amenazas, agresiones físicas ni daños contra los bienes de quien debe pagarla.
En paralelo, otra investigación judicial puso bajo la lupa una modalidad similar de cobro violento de préstamos.
La fiscal Luján González Farías interviene en una causa iniciada después de que un hombre ingresara armado con un cuchillo a una fiambrería del centro de Santiago del Estero para exigir el pago de una deuda que habría alcanzado una suma millonaria, originada en un préstamo superior a los $100.000.
Según la denuncia, primero se presentó la pareja del presunto prestamista, quien insultó al comerciante frente a sus clientes. Aproximadamente media hora después llegó el hombre, que habría comenzado a amenazar al propietario del negocio y a su familia.
El enfrentamiento escaló cuando el sospechoso presuntamente intentó atacar al comerciante con el arma blanca. Los empleados intervinieron para impedir la agresión y el individuo escapó antes de que llegara la Policía.
El episodio habría quedado registrado por cámaras de seguridad del establecimiento y de propiedades cercanas, cuyas imágenes fueron incorporadas a la investigación.
Fuentes policiales indicaron que, al ser convocado por la Fiscalía, el denunciado habría minimizado lo sucedido y explicado que utilizaba dinero proveniente de una pensión para otorgar préstamos con intereses.
Ambos expedientes avanzan por separado, aunque presentan elementos comunes: reclamos por deudas originadas en préstamos particulares, presuntas condiciones financieras abusivas y episodios de violencia contra quienes no habrían cumplido con los pagos.
Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades penales de los involucrados y determinar si, además de las amenazas, lesiones y otros hechos denunciados, existieron conductas que pudieran constituir delitos vinculados con préstamos usurarios. /Contexto
