19412_redessa

La iniciativa contempla la eliminación de contenidos en un plazo de 12 horas, el acceso a direcciones IP y multas que podrían alcanzar los 30 millones de pesos.

La propuesta fue presentada en noviembre de 2025 por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse y recibió dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales el martes 17 de noviembre. Aunque no establece formalmente una nueva fuerza de seguridad, sus atribuciones dieron lugar a que se la describa como una suerte de “Policía Electoral” encargada de fiscalizar contenidos digitales.

Publicaciones eliminadas en 12 horas y multas millonarias

El artículo 9 del proyecto establece un mecanismo por el cual cualquier elector habilitado en Tucumán o el Ministerio Público Fiscal podrá denunciar contenidos considerados falsos, manipulados o descontextualizados.

Ante un requerimiento de la Junta Electoral, las plataformas tendrán un máximo de 12 horas para etiquetar, ocultar, desmonetizar o eliminar las publicaciones cuestionadas. Según el texto presentado, estas medidas no requieren una orden judicial previa ni contemplan necesariamente un descargo anterior de quien realizó la publicación.

Las sanciones económicas previstas van desde $100.000 hasta $10 millones para quienes produzcan o difundan esos contenidos. Si se utilizan bots o redes coordinadas, las multas podrán elevarse hasta $30 millones. Las agrupaciones políticas, por su parte, podrían recibir sanciones de entre $5 millones y $10 millones.

Además, las plataformas digitales deberán proporcionar información sobre publicaciones, comentarios, interacciones, usuarios, fechas, horarios y direcciones IP.

Preocupación por la libertad de expresión

Uno de los principales cuestionamientos a la iniciativa es la amplitud de expresiones como “contenido descontextualizado”, que podrían generar dificultades para distinguir entre desinformación, opiniones políticas, críticas y publicaciones periodísticas.

Aunque el proyecto contempla excepciones para la sátira y las expresiones artísticas, la posibilidad de que una autoridad administrativa disponga medidas urgentes sobre publicaciones electorales abre interrogantes sobre la libertad de expresión, la protección de datos personales y las garantías de revisión judicial.

Tucumán ya cuenta con la Ley 9.290, sancionada en 2020, que incorporó sanciones por la difusión de noticias falsas en internet, incluidas multas y arrestos de hasta diez días.

Por ahora, la nueva iniciativa no es ley. Tras obtener dictamen en comisión, deberá avanzar en el trámite legislativo para que sus disposiciones puedan entrar en vigencia. /Contexto